Sánchez recurre otra vez a la vía exprés para rebajar la sedición sin oír al CGPJ y al Consejo de Estado

Esa reforma estaba siendo negociada entre Moncloa y ERC desde hace varios meses, es decir, coincidiendo con la negociación del Ejecutivo con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.

Para que la reforma del Código Penal pueda estar en vigor lo antes posible, el Gobierno ha recurrido a una vía exprés que ahorra tiempo y, además, evita el inconveniente político de tener que escuchar el criterio de las instituciones. Se trata de usar la vía de la proposición de ley, en lugar de la del proyecto de ley del Gobierno.

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La Constitución diferencia la incitativa legislativa del Gobierno a través de los proyectos de ley y la de los grupos parlamentarios o partidos a través de las proposiciones de ley.

La primera se utiliza para las normas que parten del Consejo de Ministros y sirve para tener garantías, con dos pasos por las reuniones del Gobierno y petición de informes preceptivos no vinculantes al Consejo de Estado, Consejo Fiscal y al Consejo General del Poder Judicial.

Esos informes permiten subsanar defectos técnicos y dar más garantías, aunque lógicamente su elaboración retrasa la aprobación de los proyectos de ley.

El Gobierno ha optado por la vía de los proyectos de ley, que presentan los grupos parlamentarios, en este caso el del PSOE y el de Unidas Podemos, es decir, los dos partidos que se sientan en el Consejo de Ministros.

Posible reproche del TC

Esta vía no es ilegal, pero podría tener el reproche del Tribunal Constitucional en un futuro, porque supone dar un rodeo para eludir la ley. Si la Constitución reserva una vía para el Gobierno y otra para los grupos es porque quiere diferenciar entre ambas. Sería una especie de fraude de ley.

En esta legislatura, el Gobierno de Pedro Sánchez ha utilizado esta vía con reiteración, de tal manera que ha desdibujado el papel de las instituciones encargadas de emitir los informes sobre las leyes.

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En anteriores legislaturas era muy extraño que el Gobierno utilizara la vía de las proposiciones de ley para normas elaboradas por los ministerios. Se utilizó cuando se trataba de normas pactadas por numerosos grupos parlamentarios; por ejemplo, el pacto antitransfuguismo o las medidas contra la violencia machista. Pero era extraordinaria esta situación.

En el caso de los nuevos impuestos, la proposición de ley la firman dos grupos (PSOE y Unidas Podemos), pero los dos están en el Gobierno, en cuyo Consejo de Ministros y Comisión de Secretarios de Estado están representados ambos.

En lo que va de legislatura, el Grupo Socialista ha presentado 22 proposiciones de ley y sobre asuntos tan trascendentes como la eutanasia, que fue finalmente aprobada y que no tuvo en su trámite las garantías del proyecto de ley.

En la legislatura del 2011 al 2016, cuando gobernaba Mariano Rajoy, el PP presentó sólo cinco proposiciones de ley y una de ellas fue retirada. Es decir, en menos tiempo, el Gobierno del PSOE ha recurrido a esa vía cinco veces y pico más que el de Rajoy.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero usó esta vía en 13 ocasiones entre 2008 y 2011, pero siete de ellas estaban justificadas porque eran pactos con otros partidos suscritos en el Congreso. Es decir, también muchas menos veces que el actual Gobierno.

La diferencia fue más evidente en la legislatura de 2004 a 2008, en la que los socialistas sólo presentaron cuatro proposiciones de ley y siempre por acuerdo con otros grupos. Es decir, no usó nunca las proposiciones de ley para legislar desde el Gobierno.