Pedro Sánchez se dio prisa en anunciar la "rebaja" del castigo al delito de sedición. Porque el acuerdo entre los equipos negociadores del PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) no se cerró hasta el jueves por la mañana. Un último contacto entre Félix Bolaños y Laura Vilagrà remató los detalles de la exposición de motivos, después de que el articulado de la reforma se hubiera acordado el miércoles por la noche.
Antes de que el presidente saliera de noche, entrevistado en La Sexta, los de Pere Aragonès, en todo caso, dejaron claro que aún falta la reforma de la malversación.
Sánchez había acelerado en la última semana las negociaciones de la legislación penal que da un vuelco completo al panorama del procés, calculando las fechas hasta final de año. Los Presupuestos, la cuarta reunión de la mesa de diálogo con Cataluña y la rebaja de la sedición.
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Todo tiene que cuadrar en apenas mes y medio, antes de Navidad. Porque una cosa, la otra y la anterior están encadenadas. Y el líder del PSOE sabe que "sin ERC no hay más legislatura". Ése es el mensaje con el que trabajó Bolaños, según apuntan fuentes de la negociación.
Sin sedición no habría Presupuestos. Y sin cuentas públicas de 2023, se desencadenaría la ruptura. Porque, en un año electoral en el que las fuerzas de izquierdas que sostienen al Ejecutivo tienen que marcar perfil, el incentivo de ERC sería el de culpar al PSOE de romper la Mesa.
¿Por qué la Mesa? "Porque en la reunión de julio dejamos claro que el siguiente paso era la desjudicialización", recuerdan fuentes cercanas al Govern. ¿Y por qué lo del incentivo? Porque no hay autonómicas en Cataluña, pero sí municipales, "donde se juega la partida de verdad", coinciden desde ambos extremos de la negociación.
Además, el papel de Podemos -la tercera pata en esta entente- sólo podría ser el de buscar su propio hueco. "Si hay algo que quiere el presidente es acabar su mandato, mandar un mensaje de estabilidad, opina que ése es un activo electoral", apuntan desde el PSOE... con la presidencia de turno de la UE -en el segundo semestre de 2023- de fondo.
Bazas ocultas
En este punto, conviene identificar el macguffin de este relato, que cimenta en el "reencuentro" con Cataluña lo que es una "necesidad" parlamentaria. Todos los ministros consultados por este diario han venido sosteniendo que "el compromiso del presidente" siempre ha sido "adecuar el Código Penal español a los estándares europeos".
Y hubo dos excusas. La que esgrimía la entonces vicepresidenta Carmen Calvo, que había que esperar a hacer un trabajo "conjunto" de toda la ley. Y la posterior, que "no hay mayoría en el Congreso".
Pero fuentes de ERC y del resto de los socios parlamentarios siempre negaron esta última.
Es más, como demuestra la hemeroteca, tampoco es cierto que Sánchez esté cumpliendo un compromiso recogido en su programa: en el último debate electoral, pocos días antes del 10-N, prometió el cumplimiento íntegro de penas, "traer y juzgar" a Carles Puigdemont y una reforma penal... para recuperar el delito de referéndum ilegal.
Tampoco está recogido en el acuerdo de coalición con Unidas Podemos, ni lo pronunció en su discurso de investidura.
Pero Sánchez entendió que, acabando la legislatura, no quedaba otra que "pagar ese precio". Según revela su entorno, no se podía poner en riesgo la alianza con Esquerra.
Porque el presidente necesita sus 13 escaños para alargar la legislatura, por un lado. Y por otro, porque ya ha asumido el relato independentista del "conflicto político", ha "entregado los indultos" y se ha comprometido a no recurrir el decreto que obvia la sentencia del 25% de clases en castellano en las escuelas catalanas. Fuentes socialistas admiten que es mucho lo nadado para morir en la orilla.
"El presidente no podía dejar que se le cayeran los socios", explica uno de sus colaboradores cercanos a este diario. "El PSOE sólo nos llama cuando necesita nuestros votos", complementa un alto dirigente de Esquerra.
Por supuesto, el ministro de la Presidencia no reveló tal presión en sus contactos con Vilagrà, su homóloga en la Generalitat, explican fuentes conocedoras. Del mismo modo que la negociadora de ERC -o del Govern, que ya es lo mismo desde la salida de Junts hace poco más de un mes- tampoco explicitó hasta los últimos días que el objetivo de los independentistas era "la derogación de la figura de la sedición" del Código Penal.
Pero ambos sabían, en el fondo, la motivación del otro.
Junts, el PP y la "mala noche"
Según revelan las fuentes consultadas, la negociación entre Bolaños y Vilagrà se intensificó en las últimas dos semanas, después de "una mala noche" en el lado independentista, cuando Alberto Núñez Feijóo ordenó suspender los contactos del pacto por la Justicia con el Gobierno.
Y aquí es donde entra otro actor en el teatrillo de sombras chinescas que iban reflejando los medios, y que escondía los detalles de la realidad política. ¿Qué tiene que ver Junts per Catalunya en la decisión de Sánchez de, ahora sí, activar la reforma del Código Penal?
Los borradores para la rebaja de la sedición empezaron a cruzarse hace mes y medio entre Madrid y Barcelona, coincidiendo con el momento de crisis entre ERC y Junts, que desembocó en la salida de los exconvergentes de la coalición.
El partido de Carles Puigdemont, Laura Borràs y Jordi Turull escenificó un enfado con ERC a la vuelta de verano. El objetivo de Junts era terminar de reventar la Mesa de negociación, en la que nunca creyó desde que la lidera Aragonès, o el propio Govern... En palabras de los líderes de ERC, para "evitar que consigamos resultados".
Según Junts, el president había incumplido su acuerdo de coalición en tres puntos "esenciales": la coordinación en el Congreso de Madrid, el espacio estratégico común del movimiento independentista y, sobre todo, que la Mesa de diálogo hubiera abierto su ámbito a asuntos más allá de "la autodeterminación y la amnistía".
Y por eso, en ese momento, se activó la maquinaria en Moncloa. Una vez roto el Govern, Salvador Illa nunca ofreció al PSC en público para apuntalar a ERC, pero sí se ofreció para "dar estabilidad". Oriol Junqueras dio orden de no atender la sugerencia: ERC jamás se entregará en los brazos del PSC, pues la posible ganancia de apoyo arrebatando electores del lado progresista se vería ampliamente mermada por la huida de sus votantes más soberanistas.
Así que el PSOE debía apuntalar al Govern por otra vía... y repasando los compromisos pendientes de la tercera reunión de la Mesa, en Moncloa se identificó el de la "desjudicialización" como la apuesta ganadora más plausible.
La prueba es que ahora ERC explica que lo de la sedición no ha sido una "reforma", sino una "derogación". O lo que es lo mismo, "el inicio de la desjudicialización, tras haber solventado lo del Tribunal de Cuentas, y a falta de retoques en el delito de malversación".
Montero habla "de más"
"Desjudicialización, fin de la represión, rebaja… que lo llamen como quieran", apunta un estratega de Esquerra. "Lo importante para nosotros es que nuestra apuesta por el diálogo ofrezca resultados concretos y visibles". Ése fue el pistoletazo de salida que, curiosamente, coincidió en fechas con otra negociación de Bolaños: la del CGPJ con Esteban González Pons, número dos oficioso del PP.
Ahora sabemos que esas dos mesas a las que se sentaba el hombre para todo de Sánchez coincidieron en fechas, durante el mes de octubre. Ambas negociaciones avanzaban bien, y Sánchez estuvo muy cerca de lograr la cuadratura del círculo.
Bolaños hizo auténticos equilibrios... si es que es verdad que el negociador del PP no era consciente de lo que se hablaba, por el otro lado, con ERC. Fuentes cercanas a González Pons insisten en ello; desde el entorno del PSOE siempre se negó este extremo; pero María Jesús Montero, involuntariamente, lo confirmó en tribuna parlamentaria.
En su doble condición de ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, Montero estaba al tanto de todo. No en vano, los últimos Presupuestos de la legislatura dependían de la sedición: por un lado, ERC podría lucir un éxito ante sus electores; y por otro, el PSOE podría amarrar así sus 13 votos en el Congreso.
A la vista de que los barones reaccionaron, amenazando con no acudir al acto convocado para celebrar el tercer aniversario de la victoria de Sánchez, el presidente lo suspendió, por un lado, y por el otro, ordenó acelerar la negociación.
Ésas fueron las prisas que hicieron que todo cristalizara el jueves pasado. Cuanto antes, mejor, explican las fuentes socialistas. "Amarras a ERC y alejas este nuevo paso del escenario electoral".
Eso sí, fuentes del entorno del presidente explican a este diario que la proposición de ley, por mucho ritmo que se le dé a su tramitación por la vía de urgencia, es difícil que complete su periplo por las Cortes antes de fin de año. Los Presupuestos, la ley más importante del año, paran todo el resto de la actividad parlamentaria: por ejemplo, la semana que viene, el Congreso la dedica íntegramente a las cuentas de 2023.
Pero aún quedan dos detalles. El primero, encontrarle una fecha a la cuarta reunión de la Mesa. La última se celebró el pasado mes de julio en Madrid, de modo que la próxima toca en Barcelona. ERC desea que a ella sí acudan los presidentes Sánchez y Aragonès, razón por la que apretarán en las próximas semanas con sus enmiendas a la reforma del Código Penal.
Y ése es el segundo, cómo vender ese último paso. Aragonès quiere que se escenifique en la Mesa. Y Sánchez aún duda de qué otro avance vender como resultado de esa reunión... por la inconveniencia de abrir el relato de "otra cesión": la malversación.
Quedan los flecos, que se tramitan todos a la vez en el Congreso... y se escenificarán en una cuarta reunión de la Mesa, que el Govern ya está empezando a preparar. Se cerrará cuando haya algo que presentar. Es decir, cuando el PSOE deje claro hasta dónde llegará con el delito de malversación.
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