La portavoz del Gobierno ha evitado este martes referirse al escándalo de las rebajas de condenas por agresión sexual como consecuencia de la ley del 'sólo sí es sí'. "No puedo pronunciarme sobre fallos que desconozco", ha afirmado Isabel Rodríguez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Interpelada en dos ocasiones por esta cuestión, la portavoz del Ejecutivo se ha limitado a decir primero: "No he tenido posibilidad de leer esos fallos judiciales". Tras ser preguntada por segunda vez, ha respondido: "Desconozco el pronunciamiento judicial al que se refiere".
En cualquier caso, la ministra sí ha querido poner el énfasis en que la agenda del Gobierno pasa por "combatir acciones que generan violencia sobre las mujeres y discursos que amparan violencia sobre las mujeres".
También ha recordado que "miles de mujeres han sido asesinadas por el ámbito de sus parejas". De ahí que haya ratificado el "compromiso del Gobierno de promover la igualdad y combatir la violencia contra las mujeres", han sido sus únicas palabras relacionadas con la última polémica que atañe a su colega Irene Montero.
Según explican fuentes de Moncloa, la noticia sobre la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid que reduce dos años la pena de un abusador sexual condenado en firme, ha llegado poco antes de empezar la comparecencia ante los medios de comunicación. De ahí que no haya dado tiempo a fijar una postura al respecto.
Revisión a la baja
Una vez en vigor la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, promovida por el departamento de Igualdad, distintas Secciones de la Audiencia Provincial de Madrid han iniciado una revisión a la baja de penas impuestas por delitos sexuales.
Esto sucede tras la advertencia del Consejo General del Poder Judicial que, en su informe al anteproyecto de ley, ya arrojó dudas al señalar que la norma podía "tener un efecto de desprotección de las víctimas". La cúpula de los jueces indicó de que la ley Montero acarreaba una "reducción" de algunas penas.
Finalmente, algunos tribunales, como es el caso de las Secciones 16 y 17 de la Audiencia de Madrid, han iniciado ya un proceso para aplicar de forma retroactiva la ley más favorable a los condenados. Ha sido el caso de un abusador sexual condenado a ocho años de cárcel y cuya pena se ha reducido a seis.
Ante esto, el Gobierno se ha escudado en la prudencia y ha eludido emitir una opinión. La ministra portavoz ha asegurado desconocer el fondo de esta cuestión y ha obviado manifestarse sobre esta polémica.
Tampoco ha querido verbalizar el compromiso anunciado por ERC para reducir las penas por el delito de malversación. Isabel Rodríguez ha defendido el Gobierno únicamente ampara la "proposición de ley que registraron PSOE y Podemos para homologar la sedición a otros países europeos". Nada más.
Sin embargo, ante la insistencia de los periodistas, la portavoz del Gobierno no ha negado que en el Congreso de los Diputados la malversación puede terminar reformándose. "Nuestra prioridad era homologar el Código Penal a los países de nuestro entorno. Esto no es incompatible con que el ámbito parlamentario puedan plantearse otras cuestiones", ha subrayado.