El Gobierno lo fía todo a que el Supremo solucione la crisis del 'sí es sí' ante el goteo de rebajas de penas

El hecho de que la gestión del Gobierno progresista incluya en su balance una reducción de condenas y excarcelaciones para este tipo de delincuentes supone un revés político y de imagen para el Ejecutivo.

Por el momento, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Indonesia ha mostrado el respaldo a la norma y ha asegurado que el Ejecutivo esperará a que el asunto llegue al Tribunal Supremo y éste pueda unificar doctrina y marcar el camino a los jueces. También la Fiscalía General del Estado prepara una circular dando instrucciones para el tránsito de una norma a otra.

Otros miembros del Gobierno, sin embargo, hablan de reformar la ley para corregir los errores, mientras el sector de Unidas Podemos rechaza de plano cambiarla y culpa con dureza a los jueces.

La norma reduce en determinados tramos las penas y puede ser aplicada de forma retroactiva. Ya ha habido excarcelaciones y hay multitud de peticiones de revisión, aunque Irene Montero, ministra de Igualdad, siempre negó con énfasis que se fueran a producir.

[Igualdad descalifica a los jueces, Podemos les llama "fachas con toga" y Robles los defiende]

La ley empezó su largo trámite en enero de 2020. Tras un larguísimo proceso interno en el Gobierno pasó por el Consejo de Ministros hacia el Congreso sin quejas conocidas en el Ejecutivo, y fue aprobada en el Congreso con los votos de todos los partidos salvo PP y Vox.

Frente a la posición de Sánchez, partidario de fiarlo todo a la interpretación del Tribunal Supremo cuando resuelva los recursos a las resoluciones de estos días de los distintos tribunales, las ministras de Educación, Pilar Alegría, y de Hacienda, María Jesús Montero, sí han hablado claramente de revisar la ley.

Curiosamente, ninguna de las dos son licenciadas en Derecho ni tienen competencias sobre la ley. Guardan silencio significativo la ministra de Justicia, Pilar Llop, que tiene competencias evidentes y es jueza de carrera, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que, teóricamente, lidera el sector de Unidas Podemos en el Gobierno, aunque es conocida su mala relación con Irene Montero.

Malestar con Montero

En la parte socialista hay malestar notable con Unidas Podemos y, especialmente, con la ministra de Igualdad, por responder a la polémica descalificando con dureza a los jueces.

En Unidas Podemos, a su vez, se rechaza la reforma de la ley y la secretaria de Estado y responsable de la lucha contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha señalado que "sería una barbaridad" hacerlo.

El problema es que las normas penales sólo se pueden aplicar de forma retroactiva si favorecen al acusado o condenado. Es decir, que si se reformara la ley sólo podría ser aplicada esa modificación a los que delincan desde su aprobación.

Dicho de otra forma, ya es imparable que siga habiendo reducciones de condenas en la adaptación de una norma a otra.

Además, una reforma de la ley precisaría un mínimo de tres semanas en el Congreso y el Senado, salvo que se buscara una fórmula extraña, como usar enmiendas a otra ley en trámite en las Cortes.

Respecto a la decisión de Tribunal Supremo para fijar una posición común aún podría tardar tiempo, quizás meses, cuando empiecen a llegar recursos contra las decisiones que toman estos días los tribunales, y ni siquiera eso impide que siga habiendo reducciones de condena.

La polémica en el Gobierno sobre esta norma viene de febrero de 2020, nada más constituirse el Ejecutivo de coalición. Igualdad elaboró un borrador que fue desautorizado por el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, con un demoledor informe que corrigió un tercio de aquel texto, con expresiones como "no resulta adecuada la técnica legislativa empleada", "se ruega encarecidamente su estudio de nuevo de forma sosegada", "incluye tipos penales inexistentes", "tiene referencias a conductas que no tienen necesariamente naturaleza sexual" y "errores en el concepto de género", entre otras.

Los tres ministros jueces —Campo, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska— se plantaron frente al texto y, por indicación de Sánchez, se inició una negociación entre el entonces ministro de Justicia e Irene Montero.

Intervino también la entonces vicepresidenta Carmen Calvo y se rectificó el texto hasta que llegó por primera vez al Consejo de Ministros, sin que consten ya quejas de ningún miembro del Ejecutivo.

Se pidieron los informes preceptivos y no vinculantes a los órganos consultivos. El Consejo de Estado y el Consejo Fiscal pusieron pegas que fueron subsanadas y el Consejo General del Poder Judicial cuestionó varios aspectos esenciales, especialmente, los referidos a la gradación de penas, pero el Gobierno hizo caso omiso.

Volvió a pasar por el Consejo de Ministros y se tramitó en el Congreso y el Senado hasta el pasado mes de septiembre. 

"Respeto absoluto a los jueces"

El último miembro del Gobierno en pronunciarse ha sido, este jueves, la portavoz y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. En una línea similar a la ya marcada por la rama socialista del Ejecutivo, ha abogado por el "respeto a todos los jueces y juezas" frente a las críticas de Unidas Podemos.

"Es muy importante que no olvidemos la separación de poderes. El nuestro es el Ejecutivo. Luego está el Judicial. Hay que mantener ese respeto absoluto a la acción de los jueces", ha asegurado en un desayuno informativo del Nueva Economía Fórum. Cuando se le ha preguntado si sus palabras suponen un enfrentamiento entre las dos partes del Gobierno, ha sido tajante: "No".

Rodríguez ha reconocido que comprende "la preocupación ciudadana" por las reducciones de penas a condenados por delitos sexuales. "Es también nuestra preocupación", ha dicho. Pero ha instado a "confiar en la acción de la Justicia y la Fiscalía". "Los jueces son quienes tienen que interpretar las normas y confío que vaya a ser así", ha añadido.

La portavoz, de todas formas, ha querido defender la ley a pesar de lo que se está viendo en las últimas horas. Al menos, defender su espíritu. "¿Alguien puede dudar de cuál era la voluntad del Gobierno, y después del Parlamento, cuando se aprueba otra ley? No era otra que la protección de las mujeres ante abusos y agresiones sexuales", ha asegurado.