Los gobiernos tienen la ventaja de disponer de todos los resortes del Estado para marcar agenda y llevar la iniciativa. Pero suelen tener el inconveniente de la dificultad y la lentitud en poner en marcha esa pesada maquinaria para reaccionar a una crisis. La reacción de los gobiernos suele ser más propia de motores diésel en caso de incendio político.

Al Gobierno de coalición le ha costado más de una semana empezar a encauzar la crisis provocada por la “ley del sí es sí”, aún tiene abierta la de la reforma del delito de sedición y mantiene en el aire la de la supuesta modificación de la malversación. Todo ello ha ocurrido en el contexto de los evidentes enfrentamientos en el espacio político a la izquierda del PSOE, es decir, Unidas Podemos y Yolanda Díaz.

Fuentes de Moncloa explican que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la vicepresidenta Yolanda Díaz, como las principales dirigentes de Unidas Podemos se han conjurado en los últimos días para lograr el objetivo de salvar la coalición para lo que queda de legislatura. Todos ellos han cumplido esta semana su parte del acuerdo para superar la crisis y salvar la coalición, aunque las heridas y las causas que las provocaron se mantengan.

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Estos días, además, los Presupuestos Generales del Estado para 2023, los terceros de la legislatura, saldrán del Congreso hacia el Senado con más votos que los anteriores y más que los de la investidura de Pedro Sánchez. Falta cerrar el acuerdo con ERC que, según el Gobierno, está ya encauzado.

Para salvar la legislatura, el presidente del Gobierno ha hecho que todos los ministros defiendan públicamente la ley, encabezados por él mismo, a la espera del Tribunal Supremo y en la senda marcada por el fiscal general del Estado.

Unidas Podemos, es decir, las ministras Irene Montero y Ione Belarra, han aceptado evitar las duras críticas a los jueces, tal y como hicieron nada más empezar a conocerse las reducciones de condena. Montero ya no lo hace en sus declaraciones y Belarra, de baja por maternidad, ya no tuitea como los primeros días, por indicación de Moncloa.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, ha mantenido también conversaciones en los últimos días con Sánchez sobre la idea de aliviar la tensión en la parte minoritaria de la coalición. De su silencio inicial, Díaz ha pasado a ensalzar también la ley que elaboró el Ministerio de Igualdad junto al Ministerio de Justicia, primero con Juan Carlos Campo y luego con Pilar Llop.

Fuentes de Moncloa explican que esa estrategia interna para aflojar la tensión y proteger la coalición se ha visto favorecida por la actuación del PP, que consideran sobreactuada y cargada de hipérbole. Lo normal, aseguran, es aplicar lo que “cuando el enemigo se equivoca es mejor no distraerle". Pero el PP ha logrado el efecto contrario con tácticas como la de apelar a la "rebelión" de los barones regionales o a los diputados socialistas. Una estrategia que, finalmente, ha terminado por cohesionar más al Gobierno.

Añaden su satisfacción por la forma en que Alberto Núñez Feijóo afrontó este martes su cara a cara con Sánchez en el Senado. Por ejemplo, por el hecho de que el líder del PP haya aceptado entrar en el marco de la moción de censura que incluyeron Vox y Ciudadanos en la conversación pública.

Lo que el Gobierno no termina de zanjar definitivamente es el debate sobre la posible reforma del delito de malversación. Extraoficialmente, Moncloa emite distanciamiento con esa petición de ERC  porque podría dañar su imagen después de la polémica del “sólo sí es sí” y porque podría suponer favorecer a corruptos.

Sin embargo, públicamente el Gobierno mantiene la ambigüedad de señalar que no hay aún presentada ninguna enmienda por parte de ERC y, por tanto, “no hay nada”.