La reforma promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez para abolir el delito de sedición se ha convertido en uno de los argumentos centrales de Carles Puigdemont en la vista sobre su inmunidad celebrada este viernes ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE). Su abogado, Gonzalo Boye, ha alegado que la reforma deja el procesamiento de su cliente "vacío de contenido" y demuestra que sufre "persecución política.
En la vista se ha abordado el recurso presentado por el expresidente catalán contra el Parlamento Europeo por haber levantado su inmunidad en marzo de 2021, así como la de sus exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí. Una decisión que se adoptó en respuesta al suplicatorio remitido por el juez Pablo Llarena para poder solicitar su entrega a España por sedición. La sentencia se espera para el primer trimestre de 2023, aunque todavía podría ser recurrida en casación.
"El Parlamento español está debatiendo una ley que abroga el delito de sedición. Si se aprueba, habría que analizar si la acción contra los solicitantes, en particular contra Ponsatí (que sólo está acusado de sedición y no de malversación) puede quedar vacía de contenido", ha argumentado Boye ante los jueces de Luxemburgo.
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El abogado de Puigdemont afirma además que la reforma de la sedición demuestra que su procesamiento es "un caso de persecución política". El propio presidente Sánchez y varios de sus ministros "han alegado que los cambios en la legislación son para obtener la entrega de Puigdemont a España". "¿Cuántos casos conocen de que un Código Penal se modifique para obtener una extradición? Yo sólo conozco este", ha dicho Boye.
El expresidente catalán ha acusado además al Parlamento Europeo de falta de imparcialidad en la tramitación del suplicatorio. Sus críticas se centran en el ponente del informe sobre el suplicatorio, el diputado ultra búlgaro Angel Dzhambazki, así como del presidente del comité de Asuntos Jurídicos, Adrián Vázquez, de Ciudadanos. Su defensa denuncia que Dzhambazki está adscrito a los Conservadores y Reformistas Europeos de la Eurocámara, el mismo grupo al que pertenece Vox, el partido que inició el procedimiento contra los líderes del procés.
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El abogado de Puigdemont ha alegado también durante la vista que la Eurocámara no ha respetado su derecho a ser escuchado y le ha tratado de forma "vejatoria". Boye asegura que presentó a la Eurocámara "toneladas de pruebas de persecución política en este caso" y "ninguna de ellas fue considerada". También ha alegado ante el TGUE que sus defendidos y él mismo fueron espiados por el Estado español con el programa Pegasus en lo que ha calificado de "investigación política".
La vista sobre la inmunidad se ha celebrado en la Sala Sexta ampliada del TGUE, presidida por la jueza chipriota Anna Marcoulli y de la que forman parte otros cuatro jueces: el danés Frimodt Nielsen, el finlandés Heikki Kanninen, el eslovaco Juraj Schwarcz y el letón Rimvydas Norkus.