Vox proporciona a Pedro Sánchez el pegamento para reforzar el pacto con sus socios radicales

Con algunos altibajos, es el mismo bloque que le dio la investidura en enero de 2020, pero con relaciones más estrechas con cada uno de los partidos que lo componen. El bloque tiene, además, voluntad de permanencia frente al menos homogéneo que forman ahora PP, Vox y Ciudadanos, y con intención de repetirse si dan los números después de las próximas generales.

Sánchez puede presentar como mérito para la campaña electoral haber logrado una estabilidad que parecía imposible con el primer Gobierno de coalición.

Ese bloque, además, está reforzado internamente por la aprobación de iniciativas que favorecen a socios como el PNV, ERC con la tramitación de la reforma del delito de sedición y con Bildu como socio normalizado. Este último partido no estuvo en el bloque de investidura, no apoyó normas vitales para el Gobierno como la reforma laboral, pero ahora es ya socio habitual. 

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También está fortalecido el bloque por la coincidencia en apoyar los nuevos impuestos a la banca y a las empresas energéticas que aprobó anoche definitivamente el Congreso. También en esto se situó enfrente el otro bloque, el del PP, Vox y Ciudadanos que defienden la reducción de impuestos.

Y desde el exterior está más fortalecido el bloque que apoya a Sánchez porque la actuación hiperbólica de Vox, con mayor volumen en los últimos días, ha servido de pegamento.

Las palabras en el pleno de diputados de la extrema derecha contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, le ha servido a ese bloque para que se opaquen sus traspiés, como el de la ley del “sólo sí es sí”, y para unirse en torno a la reacción a los exabruptos.

Nada une más que el enemigo exterior y nada sirve para conjurarse para pactos futuros que evitar que Vox pueda estar en un Gobierno. En el Pleno de este jueves, Vox ha reafirmado y justificado sus ataques a Montero, tachados de “machistas” y “violencia política” por el bloque de Gobierno.

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De hecho, es habitual que en las negociaciones con sus socios parlamentarios, el Gobierno use este argumento, traducido en algo así como "si no nos apoyáis la alternativa es Vox".

Quizás por ello, con evidente ironía, los diputados de ERC aplaudieron un momento del discurso del portavoz de Vox, Javier Ortega Smith.

En el Pleno el presidente del Gobierno ha visto con enorme satisfacción cómo se aprueban sus terceros Presupuestos Generales del Estado con el apoyo de 187 diputados, más que los votos que sacó en la investidura en 2020; ha aprobado definitivamente los nuevos impuestos a la banca y a las empresas energéticas y ha admitido a trámite la reforma de la secesión para favorecer a los independentistas catalanes.

En el mismo Pleno, iniciado a las 9 de la mañana y concluido a medianoche, se han aprobado los Presupuestos y también una de las condiciones para sumar esa mayoría, la referida a la secesión. Las cuentas del Estado irán ahora al Senado y si no se introducen enmiendas quedarán aprobadas sin volver al Congreso. 

ERC exigió esa reforma legal y el Gobierno lo ha concedido aunque, en realidad, a los independentistas no les quedaba mucho más margen de actuación porque votar en contra les hubiera alineado con el bloque de PP, Vox y Ciudadanos. El pegamento del rechazo a Vox ha funcionado.

Han apoyado las cuentas los diputados de PSOE, Unidas Podemos, PNV, ERC, EH Bildu, PDeCAT, Coalición Canaria, Más País, Compromís y PRC.

Los Presupuestos tienen el visto bueno del dictamen de la Comisión Europea. El martes Bruselas aprobó su veredicto sobre el borrador presentado por España advirtiendo, eso sí, de que las previsiones de crecimiento del Gobierno son más optimistas que las de la Comisión Europea.

El PP se ha opuesto a los Presupuestos y a los nuevos impuestos y, sobre todo, ha centrado su labor de oposición a la reforma de la sedición. Considera inadmisible esa cesión a los independentistas y entiende que al PSOE le puede pasar factura en las urnas fuera de Cataluña y, por eso, se vuelca en ello. Más aún si se plantea finalmente la reforma del delito de malversación sobre lo que Sánchez mantiene aún una ambigüedad llamativa.

Alberto Núñez Feijóo y su equipo han entendido que deben insistir y alargar la presión sobre este asunto. La pasada semana presionaron a los barones regionales del PSOE, logrando el efecto contrario, es decir, el reagrupamiento de los dirigentes regionales socialistas. Esta semana han presionado a los diputados socialistas y el resultado ha sido también el cierre de filas.

Queda en el aire, porque el Gobienro mantiene la ambiguedad, la posibilidad de que se cambie la malversación asociada a la sedición, pero eso será a partir de ahora en la fase de enmiendas.

Con ese bloque, Pedro Sánchez tiene que sacar adelante en el Parlamento antes de final de año leyes conflictivas como la ley trans o la de vivienda, entre otras.

Pretende que para 2023 no quede ley ninguna polémica en el trámite parlamentario.