Bruselas se lava las manos en el nombramiento de Campo y reclama renovar con urgencia el CGPJ

Bruselas se lava las manos en el nombramiento por parte del Gobierno de Pedro Sánchez del exministro Juan Carlos Campo como magistrado del Tribunal Constitucional. Y vuelve a insistir en la urgencia de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que nombre a los dos jueces que le corresponden en el máximo órgano de garantías.

"No es el único país en el que se produce esa situación", ha respondido el comisario de Justicia, Didier Reynders, al ser preguntado si el nombramiento de Campo (que ocupó la cartera de Justicia con Sánchez hasta hace un año) es compatible con las exigencias de la UE de despolitizar la justicia en España.

"Veremos cómo analizaremos la situación exacta de ese nombramiento. Pero lo que pedimos sobre todo es, primero, la renovación del CGPJ que permita hacer todos los nombramientos en el Tribunal Constitucional", ha subrayado Reynders.

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"Porque además de los nombramientos del Gobierno, también hay nombramientos que debe hacer el CGPJ renovado. Y reaccionaremos una vez que se haya producido la totalidad (de nombramientos)", explica el comisario de Justicia.

Al Ejecutivo comunitario todavía no le consta si los nombramientos de Campo y de Laura Díez, ex directora general de Presidencia, "se van a poner en práctica directamente en el Tribunal Constitucional" o si se trata de simples candidaturas a la espera de lo que decida el CGPJ, ha señalado Reynders.

En todo caso, lo que más le preocupa a Bruselas en el caso de España es si cumple o no las recomendaciones que le ha dirigido en materia de Estado de derecho. La más importante, insiste el comisario de Justicia, es renovar el órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato está caducado desde hace tres años.

"Necesitamos realmente tener esta renovación que permita así completar en su totalidad el Tribunal Constitucional: tener no sólo las designaciones del Gobierno sino también las designaciones del nuevo CGPJ. Así que vamos a esperar a ver si se producen nuevas decisiones para cubrir todo el proceso", ha dicho Reynders.

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La Comisión de Ursula von der Leyen viene mostrando su inquietud sobre el bloqueo del Poder Judicial en España desde septiembre de 2020, cuando publicó su primer informe sobre la situación del Estado de derecho en la UE. Y dejó clara su "irritación" y "desilusión" tras el fracaso del último intento de acuerdo entre el PSOE y el PP.

Fue el Ejecutivo comunitario el que obligó al Gobierno de Sánchez a retirar su polémica propuesta de reforma del sistema de elección del CGPJ, que rebajaba de tres quintos a mayoría absoluta el umbral para elegir a los 12 miembros procedentes de la carrera. Una reforma que según Bruselas iba en contra de las recomendaciones de la UE, que reclaman acabar con la imagen de politización del órgano de gobierno de los jueces.

Sin embargo, Bruselas ha guardado silencio sobre la otra reforma que impide al CGPJ realizar nuevos nombramientos mientras su mandato esté caducado. Tampoco se ha pronunciado sobre el cambio ad hoc que sí obliga a nombrar a los miembros que le corresponden del Tribunal Constitucional. 

En todo caso, el bloqueo persistente del órgano de gobierno de los jueces en España preocupa cada vez más al Ejecutivo comunitario, que ha expresado su malestar por todos los cauces posibles. Hasta ahora, Bruselas ha evitado equiparar el caso de España con los de Hungría y Polonia, países expedientados por poner en riesgo el Estado de derecho. Pero la situación podría cambiar si no se encuentra una salida.