El Congreso cambia las reglas del TC al dar marcha atrás Trevijano entre un alud de insultos

El lunes está convocado el pleno del Tribunal Constitucional que deberá decidir si accede a la petición del PP y suspende, de forma cautelar, la tramitación de la proposición de ley que incluye la rebaja de las penas de sedición, las de malversación y la reforma de la ley del Consejo General del Poder Judicial para renovar el TC.

Ayer fue el día en el que ese mismo tribunal estuvo cerca de decidir, a petición del PP, la suspensión de la votación en el Pleno del Congreso de esa proposición de ley. También el día en el que se pasaron todas las barreras de tensión institucional.

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Desde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se utilizaron expresiones para descalificar al Poder Judicial y, especialmente, al Tribunal Constitucional, que hasta ahora sólo utilizaban los grupos minoritarios de la Cámara. Sin ningún freno y con una virulencia verbal sobre la que es muy difícil encontrar precedentes en la Democracia.

“Asonada de las togas”, “partido judicial”, “fin a la división de poderes”, “cambian los tricornios por las togas” o “atropello sin precedentes a la democracia”, son algunas de las expresiones verbalizadas por portavoces parlamentarios y miembros del Gobierno.

Lo que hasta ahora habían sido términos utilizados por el sector minoritario del Gobierno, es decir Unidas Podemos, están ya en las declaraciones de destacados miembros del Gobierno como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, o la portavoz, Isabel Rodríguez, entre otros, arremetiendo contra el Constitucional. Algo inédito, como casi todo lo que ocurre en los últimos meses en la política española.

Lo hicieron de forma preventiva cuando aún se desarrollaba el crispado Pleno con la amenaza de una eventual suspensión cautelar de la votación por parte del Constitucional. A última hora de la mañana, la decisión del presidente del Tribunal, Pedro González-Trevijano, aplazó hasta el lunes el pleno del TC. A primera hora de la tarde, en medio del citado clima de tensión, se debatió y votó en el Congreso.

Montero aseguró que la suspensión sería “un peligro para la democracia” y explicó que sería “grave” que el TC “intentara entrometerse” en Congreso.

Yolanda Díaz apeló a la separación de poderes que, en su opinión, estaría en peligro si hubiera suspensión, y Pablo Echenique habló de “golpe a la democracia”.

Todos ellos destacaron la ilegitimidad que, en su opinión, se produciría si la resolución la tomara un Constitucional con cuatro magistrados con mandato caducado y a los que, además, les afectaría la decisión.

Una vez terminada la jornada de tensión, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha seguido por esta vía en una rueda de prensa en Bruselas, apuntando directamente a la mayoría conservadora del Tribunal Constitucional: "Estamos ante un intento de atropellar la democracia por parte de la derecha política y de la derecha judicial". En este último grupo se supone que se incluyen los magistrados del Tribunal Constitucional.

Acusaciones cruzadas

Fue el día en el que el principal partido de la oposición no quiso participar en una votación, tras haber intentado suspenderla por todos los medios a su alcance. El día en el que esa posición de PP, Vox y Ciudadanos unió aún más al bloque de investidura, pese a las reticencias iniciales de alguno de los partidos que lo componen respecto al conjunto de la reforma legal. De nuevo el rechazo a la derecha funcionó como pegamento para unir y hacer compacto el bloque de investidura.

<p">El día en que el Gobierno doblegó a la oposición que pretendía impedir la aprobación de la norma y evitar la renovación del Constitucional.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, pidió desde la mañana opinión a los letrados de la Cámara y la respuesta fue seguir adelante con el Pleno y la votación en tanto no hubiera comunicación oficial del Tribunal Constitucional.

Solo hubo coincidencia en el uso por parte de todos de la palabra “golpismo” contra arma dialéctica contra los adversarios. No se salvó nadie de usar y recibir ese apelativo.

El Gobierno y la mayoría parlamentaria que le apoya acusaron abiertamente al PP de pretender “dar un golpe de Estado” con ayuda de los jueces para evitar la renovación de las instituciones, tras cuatro años de bloqueo por parte del principal partido de la oposición.

A su vez, PP, Vox y Ciudadanos acusaron de golpismo al bloque del Gobierno por modificar la ley con procedimientos parlamentarios rechazados desde hace años por el Tribunal Constitucional en diferentes sentencias y por los propios letrados del Congreso. También hablaron de colaboración y amnistía del Gobierno con los independentistas catalanes, identificados igualmente por los partidos de la derecha como “golpistas”.

Y si todos son golpistas, nadie es golpista.

Ya llegaba el debate tenso por la suma de la rebaja de penas a los delitos de sedición y malversación, además de las enmiendas que permiten facilitar la renovación de cambios en la elección del TC, que supondrá el cambio hacia una mayoría progresista. 

El PSOE señala que es una salida política para rebajar tensión en Cataluña y para acabar con el bloqueo de las instituciones, y el PP asegura que se favorece a los independentistas para mantenerse en la Moncloa y “se asalta el Constitucional”.

Los socialistas y sus socios impusieron un ritmo de tramitación y una vía extraordinaria que, por ejemplo, elimina informes que buscan asegurar el rigor técnico de la reforma.

Cambio irreversible

También se llegaba al Pleno con la tensión de la aplicación de la llamada “ley del sólo sí es sí” que ha provocado ya más de medio centenar de rebajas de penas a violadores y autores de delitos sexuales. Unidas Podemos lo atribuye a una acción concertada de los jueces “machistas, golpistas y fascistas” para arruinar la ley estrella de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Ahora ese argumento de descalificación de los jueces lo ha hecho suyo la parte mayoritaria del Gobierno.

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Toda esa tensión subió este jueves porque el PP solicitó horas antes al Tribunal Constitucional la suspensión cautelar de la votación. Aseguraba que el hecho de haber incluido las enmiendas sobre el CGPJ en la reforma del Código Penal violenta sus derechos fundamentales y la reiterada doctrina del TC.

Es decir, no se impugna en su recurso de amparo el contenido de la reforma legal, sino el hecho de incluir la reforma de leyes en proposiciones de ley que tienen otro objeto y que ya han superado el debate de totalidad.

Para más adelante, el recurso de inconstitucionalidad que ha anunciado contra la ley que resulte. En el caso de que el Constitucional dé la razón al PP será dentro de varios años, previsiblemente en otra legislatura, y ya no será posible revertir lo incluido en la norma.

El texto, aprobado con el voto favorable de 184 diputados, irá ahora al Senado para una tramitación exprés, para estar en vigor a principios de 2023 y, de esa forma, facilitar que el Consejo General del Poder Judicial elija dos magistrados del Constitucional y que se incorporen los dos que propone el PSOE. Entonces la mayoría y el presidente de la institución serán progresistas. 

Previsiblemente, el presidente será Cándido Conde Pumpido y, a propuesta del Gobierno se integrarán el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exalto cargo de Moncloa, Laura Díez.