Sánchez seguirá adelante con la reforma que rebaja la mayoría del TC para elegir a sus miembros

La primera enmienda cambia la Ley Orgánica del Poder Judicial para rebajar las mayorías necesarias en el CGPJ que designan a los miembros del TC, mientras que la segunda elimina la potestad que ahora tiene el alto Tribunal de examinar la idoneidad de los propuestos.

Previsiblemente, será una proposición firmada por el Grupo Socialista y Unidas Podemos, pero el Gobierno ha querido negociarlo antes con el resto de miembros del bloque de investidura para asegurarse su aprobación.

En esa negociación, no cerrada aún este jueves, todos los partidos han expresado su disposición a tomar medidas que garanticen la renovación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional cuyo mandato terminó hace meses. De hecho, apoyaron hace una semana las dos enmiendas en la Comisión de Justicia y el pleno del Congreso.

Sin embargo, varios de esos grupos han planteado al Gobierno la necesidad de ir más allá de lo inicialmente previsto. Es decir, incluir medidas que fuercen la renovación del CGPJ y que afecten a la situación de los magistrados del Constitucional.

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Por ejemplo, forzar que los magistrados que acaben su mandato sen apartados de sus funciones aunque no haya sido nombrado un sustituto. O reforzar la exigencia de responsabilidades para los vocales del CGPJ que se nieguen a nombrar magistrados del Constitucional.

Y, sobre todo, varios de esos grupos han pedido al Gobierno que retome la idea de rebajar la mayoría necesaria para renovar el CGPJ. Hace poco más de un año el Gobierno, a través del Grupo Socialista, llegó a presentar una proposición que rebajaba de mayoría cualificada (tres quintos) a mayoría absoluta la exigencia para renovar el Consejo.

De esa forma, el PP podría ser excluido de la renovación del órgano de Gobierno de jueces y magistrados.

Sin embargo, Moncloa retiró esa iniciativa por exigencia de la Comisión Europea. Ahora, la parte socialista del Gobierno ha trasladado a sus socios la negativa a recuperar esa opción, tal y como le han exigido en los últimos días.

Fuentes socialistas explican que el veto de Bruselas sigue vigente y, por tanto, es imposible plantearlo de nuevo. Explican que después de buscar todas las salidas posibles dan por hecho que es imposible forzar legalmente la renovación del CGPJ que no se producirá antes de enero de 2024, es decir, cuando ya se cumplan cinco años del bloqueo por parte del PP.

La idea del Gobierno es empezar a tramitar la iniciativa en el Congreso en enero, previsiblemente, la semana del día 9, para que pueda estar en vigor antes de final de ese mes.