La batalla política por la renovación de las instituciones no ha terminado con la elección en el Consejo General del Poder Judicial de dos magistrados del Tribunal Constitucional. Se alivia notablemente la crisis institucional, pero no se cierra el conflicto.
Ahora toca la elección de presidente del Tribunal Constitucional y la elección de un magistrado en el Senado. En ambas, el Gobierno y el principal partido de la oposición se miran de reojo, con desconfianza mutua y sin relaciones directas para poder negociar.
Queda abierta la renovación del CGPJ, bloqueada por el PP desde hace más de cuatro años. Tanto Moncloa como los populares la dan por perdida para lo que queda de legislatura. No será antes de 2024 cuando pueda llegarse a un acuerdo, salvo giro inesperado en la estrategia de Alberto Núñez Feijóo.
Desde junio de 2022, está vacante la plaza de Alfredo Montoya, que renunció por enfermedad, y cuyo sustituto debe ser designado por el Senado con los votos del PSOE y del PP. En las conversaciones que han mantenido Gobierno y oposición siempre pareció quedar claro que como Montoya pertenece al sector conservador, debe ser el PP quien proponga un nombre.
Hasta el momento no se ha hablado de llevar a cabo la renovación, y el PP tiene intención de promoverla, según fuentes de Génova. Esperará a la vuelta de la fiesta de Reyes para plantearse cómo abordarlo, aunque tiene claro que debe ser quien proponga un nombre, sin opciones de veto del PSOE en el Senado.
No obstante, esas fuentes explican que lo ocurrido este martes en el CGPJ hace temer al PP que los socialistas puedan intentar “devolver la jugada” y ser quienes pretendan vetar al candidato que se presente y proponer a uno progresista.
Fuentes de Moncloa aseguran, por su parte, que no hay una decisión tomada sobre cuál sería la posición del Grupo Socialista del Senado. Sí advierten de que el PP tendría que explicar sus prisas por designar a un magistrado del Constitucional al tiempo que mantiene su negativa a renovar el CGPJ e impide zanjar definitivamente el asunto. Ese razonamiento sugiere la voluntad de exigir un acuerdo global que incluya al magistrado del TC y a los vocales del CGPJ.
Entre Pumpido y Balaguer
En todo caso, la hipotética incorporación de ese magistrado conservador que pueda nombrar el Senado no corrige la clara mayoría progresista del TC. Cuando se consume en los próximos días la renovación del Tribunal habrá una mayoría progresista de 7 contra 4.
La otra batalla es la del nuevo presidente del TC que los magistrados deben elegir en enero. Es conocido que Moncloa quiere que Cándido Conde Pumpido sea el presidente, pero el PP quiere evitarlo a toda costa y prefiere que sea la también progresista María Luisa Balaguer.
Fuentes del PP creen que si Balaguer se presenta podría ganarle a Conde Pumpido, según sus cálculos. Por eso, temen que haya “presión” política a la magistrada para que, finalmente, no opte a la Presidencia.
El PSOE explica, además, que la decisión final sobre la renuncia a presentar la proposición de ley que modifica la mayoría necesaria en el CGPJ para elegir magistrados del TC está pendiente de que se culmine el trámite de incorporación de los nuevos magistrados.
La versión oficial es que sólo está congelada, pero fuentes socialistas entienden que hay que esperar a que no haya ningún sobresalto en ese trámite para renunciar a una proposición de ley que, en todo caso, no sería útil hasta dentro de unos años, cuando el CGPJ tenga que volver a designar magistrados. Es decir, la apuesta es que se anunciará que no sigue adelante esa reforma que, además, provoca rechazo en Bruselas.
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