El PP pretende prohibir los contratos a familiares de ministros y usar el Falcon "para ir a bodas"

Por ello, el vicesecretario de Política Institucional del PP, Esteban González Pons, ultima un "plan de calidad institucional" en el que están colaborando otros dirigentes como la secretaria general, Cuca Gamarra. La idea es que esté listo este mismo mes.

"Esto lo hacemos porque en este país se contrata a los maridos de las vicepresidentas en cargos públicos, se utiliza el Falcon para ir a bodas y se pasa de ministerios al Tribunal Constitucional en cuestión de meses", señalan fuentes populares. 

[Feijóo: "Es inmoral que se dé 200 € a las familias para alimentos y 400 para el ocio de los jóvenes"]

Según explican desde la dirección de Génova a EL ESPAÑOL, el documento servirá para guiar la acción de gobierno de Feijóo si consigue llegar a la Moncloa tras las próximas elecciones generales. Aunque también estará al servicio de Sánchez "por si decide copiar alguna medida, como ha hecho en materia económica y energética", ironizan.

"Hay margen para que este país recupere una higiene democrática que estamos perdiendo desde que se nombró a José Félix Tezanos director del CIS y a Dolores Delgado fiscal General del Estado", opinan dirigentes del PP, que piden devolver a la clase política "una cierta dosis de ejemplaridad". Y es que creen que hay "nepotismo y prácticas que no se pueden repetir".

El caso más reciente al que se refieren es el de Ignacio Manrique de Lara, marido de la vicepresidenta primera Nadia Calviño, que finalmente renunció a un puesto de directivo en Patrimonio Nacional como cordinador de marketing por las presiones recibidas desde la oposición. El proceso de contratación estaba repleto de dudas.  

Código de buenas prácticas

Ahora el PP propondrá que se prohíba por ley la contratación de familiares directos de miembros del Ejecutivo en empresas del Estado. Además, en el plan habrá "un código de buenas prácticas" o "un código ético vinculante", agregan fuentes populares, que admiten que todavía estudian distintas fórmulas.

En resumen, "llevará compromisos concretos" sobre los principales temas que les preocupan. Como el uso "obsceno" que hacen los miembros del Consejo de Ministros del Falcon del Ejército del Aire, en algunas ocasiones para cuestiones que trascienden la esfera pública.

En el ámbito de la Justicia, el PP proseguirá con sus principales reivindicaciones para que en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sean los "jueces quienes elijan a los jueces" y para poner fin a las "puertas giratorias". Es decir, que aquellos magistrados que pasen a la política tengan que estar un tiempo en excedencia y, posteriormente, volver a concursar. 

Algo similar plantearán para el Tribunal Constitucional, donde acaban de tomar posesión como magistrados el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la ex directora general de Moncloa, Laura Díez. Dos nombres "escandalosamente partidistas" a ojos de Alberto Núñez Feijóo, que denunció que el Gobierno había restado prestigio al órgano de garantías con este movimiento.

Otro punto que abordará el plan será la "okupación" del Ejecutivo en el poder legislativo. "Sánchez ha metido un barniz de indignidad al Parlamento, al que le ha quitado peso al socavar la acción legislativa", censuran las mismas fuentes, que también alertan de que el presidente ha fracturado la relación que deben mantener los dos principales partidos políticos de la Cámara.

"El clima está enrarecido y la relación entre partidos es clave. En este momento el país, como consecuencia de una decisión del Gobierno, cambia de postura sobre un tema trascendental como Marruecos y no avisa al principal partido de la oposición", lamentan en el PP, que ha dado máxima prioridad a esta estrategia: "Es un tema importante para nosotros".

Desde el entorno de Feijóo advierten de que "cuando el Ejecutivo menoscaba el Legislativo y asalta el Judicial, hay un problema de convivencia democrática" y el objetivo ahora es "mejorar el sistema que ha creado el Gobierno con un código de normas".

El PP compaginará en el arranque del año electoral este mensaje más político con la economía. "Nuestra baza es una alternativa de 360 grados", subrayan en Génova, donde ya preparan una ofensiva contra la gestión de los fondos europeos, que viene realizándose sin ningún control desde que fue aprobada por decreto ley hace dos años.