Moncloa y el PSOE se han puesto ya en "modo elecciones", con una agenda que se ha iniciado formalmente este lunes con una reunión de la Ejecutiva Federal del partido que ha nombrado su comité de campaña, una estrategia que busca evitar leyes y decisiones que "provoquen conflictos", que desatasquen lo antes posible las que están en trámite y un mensaje optimista y positivo sobre la situación económica.
De esa reunión de la dirección del partido ha salido el mensaje para sus dirigentes de que las medidas económicas están dando resultado y que no ha llegado "el otoño oscuro que presagió" el PP, tampoco ha entrado en crisis la economía ni el empleo se ha resentido. La idea fuerza para los próximos meses, según lo trascendido de esa Ejecutiva, es precisamente la de sacar pecho por las medidas adoptadas y la comparación positiva con otros países respecto a la inflación o el precio de la energía entre otros datos.
Se trata de contraponer los negros presagios que el PP empezó a hacer después del verano a ese optimismo por los vaticinios no cumplidos, según la tesis expuesta en la Ejecutiva. Es decir, que lo peor ha pasado ya, aunque quede aún mucha incertidumbre para 2023.
En los próximos días empezará el último periodo de sesiones parlamentario completo de la legislatura. O casi, porque en realidad la celebración de elecciones autonómicas y municipales el 28 de mayo hará que, de facto, el Congreso y el Senado sólo funcionen a toda máquina hasta el inicio de esa campaña, a principios de mayo.
Luego, las Cortes serán disueltas en octubre para la celebración de elecciones generales en diciembre, previsiblemente, el día 10. Ese calendario obliga al Gobierno a medir bien qué normas impulsa y cuáles finalmente se aprueban.
Por eso, el Gobierno debe empezar a acelerar las iniciativas legislativas, porque las que arranquen de cero tendrán ya dificultades materiales y de falta de tiempo para culminar todo el proceso de tramitación y porque, según fuentes de Moncloa, desde este momento se intentará evitar las iniciativas que “provoquen conflictos”. Se entiende por “conflictos” las que puedan provocar rechazo en colectivos determinados o que puedan verse dificultados por los intereses de cada partido ante las citas electorales.
Por ejemplo, queda un asunto pendiente por falta de acuerdo: la reforma de las pensiones para cambiar el periodo de cómputo, según las exigencias de Bruselas. Fuentes del Gobierno admiten las dificultades de lograr apoyo de partidos de izquierdas en vísperas de elecciones y en el tramo final de la legislatura. Por ejemplo, Unidas Podemos rechaza todas las propuestas que hasta ahora ha hecho el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá.
El periodo de sesiones se iniciará a mediados de enero con un pleno que, entre otras cosas, convalidará el decreto aprobado a finales de diciembre con medidas para hacer frente a las consecuencias del incremento de la inflación. Y no es descartable, según Moncloa, que sea preciso aprobar más decretos similares en los próximos meses.
La intención es que las normas en trámite culminen el proceso parlamentario hasta su entrada en vigor. Las dos que más problemas provocan son la de Vivienda y la de reforma de la llamada Ley Mordaza, porque no hay acuerdo del PSOE con sus socios de Gobierno y de investidura. El Grupo Socialista asegura que intentará impulsarlas en enero para su aprobación definitiva, aunque en este momento las posiciones aún son distantes.
Unidas Podemos objeta la “prudencia” de Moncloa para impulsar esas reformas legislativas. “No sé a qué se refieren con leyes conflictivas, pero nosotros no vamos a hacer cálculo electoral con las reformas legales que pueden mejorar la vida de la gente. Si van a frenar leyes por cálculo electoral será unilateralmente por parte del PSOE y sin nuestro apoyo. Y el argumento de los plazos no cuela. Los plazos pueden ser de un mes o de cinco meses, dependiendo de la voluntad del PSOE”, aseguran fuentes del grupo parlamentario que dirige Pablo Echenique.
“Aún tenemos la Ley de Familias, la Ley de Servicios Sociales, la Ley de Trata y el tema de las pensiones, en el que de momento no tenemos acuerdo por el periodo de cómputo. Falta la aprobación definitiva de la Ley de Protección Animal, y no sabemos si Darias querrá sacar la Ley de Equidad en la que tampoco estamos de acuerdo porque no le toca ni un pelo a la privatización de la sanidad pública. Quedan Vivienda y Mordaza, y también una serie de leyes que el PSOE ha venido paralizando mediante el sistema de la prórroga sine die del plazo para las enmiendas parciales, y que nosotros no estamos dispuestos a que mueran en un cajón al final de la legislatura”, añaden esas fuentes.
Presiones de Podemos
Unidas Podemos, además, asegura que mantendrá la presión para que Pedro Sánchez aborde la reforma del modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para rebajar las mayorías necesarias e impedir que se pueda bloquear de nuevo la renovación, como hace el PP.
Sin embargo, la posición de Moncloa es clara de rechazo, porque Bruselas no lo permite. Incluso fuentes del Grupo Socialista dan por hecho que en las próximas semanas se renunciará también a la proposición de ley de cambio de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional en el Consejo General del Poder Judicial, por entender que carece ya de sentido. Antes debe producirse la elección dentro del Tribunal del nuevo presidente.
Está pendiente también la reforma del artículo 49 de la Constitución para sustituir el término “disminuidos” por el de “personas con discapacidad”. Es necesario el acuerdo de PP y PSOE para aprobarla, pero la sencilla reforma está atascada en la Comisión Constitucional del Congreso, con 55 ampliaciones del plazo de enmiendas.
Ahora se han acabado las prórrogas y deberá volverse a discutir en la Comisión, con la dificultad de que el PP cuestiona la propuesta del PSOE, que amplía el artículo. Esa propuesta fue también custionada duramente por el Consejo de Estado.
Todo el calendario podría verse alterado si, finalmente, Vox presenta la moción de censura que anunció. Su tramitación tiene prioridad en la Cámara.
Moncloa esgrime 2022 como el año con más leyes desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, pese a estar en coalición y disponer de una mayoría precaria en el Congreso. En total han sido 53.
Desde que empezó la legislatura en 2020, el Consejo de Ministros se ha dado luz verde a 135 leyes, y de ellas han sido aprobadas definitivamente 70.