Primero dentro y luego fuera de la sala del plenario de la comisión que la había convocado para que diera explicaciones sobre la crisis institucional y la situación del Estado de derecho en España, los eurodiputados no españoles calificaron la "guerra de trincheras" entre la ministra Pilar Llop y los grupos de la oposición de "espectáculo lamentable".
Llop atendía el requerimiento de la Eurocámara con seis meses de retraso, porque fue convocada en julio; imponiendo sus condiciones, ya que exigió hablar en un entorno "más amigable" que el de la subcomisión que la había convocado; y, además, comenzó su comparecencia quitando "toda legitimidad" a los eurodiputados del Partido Popular para criticar al Gobierno de Pedro Sánchez, "vanguardia de los derechos sociales, la protección a las víctimas y la salvaguarda de las instituciones".
De este modo, efectivamente, se abrió la "guerra de trincheras" en la que se convirtió, después, el debate. Antes siquiera de constatar que, efectivamente, el portavoz popular, Javier Zarzalejos, desglosara sus críticas.
Lo hizo punto por punto: la derogación de la sedición y la rebaja de los castigos por corrupción "al dictado de los delincuentes", la desprotección de las mujeres por la "chapuza de la ley del Sí es sí", el asalto al Tribunal Constitucional "con dos miembros de su Gobierno politizándolo desde dentro"...
Ante los ojos abiertos como platos de belgas, alemanes, polacos, holandeses, franceses... que asistían al debate, el eurodiputado popular se permitió acabar con una advertencia: "Déjeme que le recuerde, ministra, que el próximo informe sobre el Estado de derecho se publicará en los primeros días de la presidencia española de la UE, en julio. Y que parece claro que ustedes no quieren atender ninguna de sus recomendaciones".
CGPJ, Pegasus y Melilla
Efectivamente, las tres ediciones de ese documento, que firma el comisario de Justicia Didier Reynders, han amonestado a nuestro país de manera reiterada y creciente en 2020, 2021 y 2022. Justo por la politización de las instituciones, por los retrocesos en la lucha contra la corrupción y por la falta de trasposición de directivas europeas para la protección de la ciudadanía contra los abusos de poder.
En este último punto se incluyeron algunas de las alegaciones de eurodiputados no españoles, que recordaron el "escándalo de espionaje con el programa Pegasus" y la tragedia "en la verja de Melilla, con el uso de la fuerza desmedida por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado español, con el resultado de más de 30 personas muertas".
La liberal Sophie in 't Veld, presidenta del subcomité que había convocado a Llop aprovechó su turno de palabra para calificar de "insólito" que el ministro Fernando Grande-Marlaska "se haya negado a comparecer ante el Parlamento Europeo", como ha sido requerido por este caso, "y se limite a mandar vídeos".
De paso, la eurodiputada neerlandesa instó a la titular de Justicia española a no soslayar su citación "para un debate de verdad, y no este espectáculo público y lamentable" en el órgano que ella preside, que estudia el cumplimiento de cada país sobre las recomendaciones sobre el Estado de derecho.
Este jueves era un día señalado en Bruselas por varias razones. La primera, por la comparecencia de Llop; la segunda, porque lo hacía el día en que entraba en vigor la reforma del Código Penal impulsada por PSOE y Unidas Podemos; y la tercera, porque todo eso ocurría "en el día 1.499 del bloqueo del CGPJ".
Así, la ministra no pudo sustraerse a comentar el auto del juez Pablo Llarena, que este mismo jueves cambiaba la orden de detención contra el fugado expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont.
"No he podido leer el auto, así que no puedo emitir una opinión", dijo tratando de escapar a las preguntas de los periodistas. "Pero hay que recordar que este Gobierno heredó una situación muy grave en Cataluña y que la hemos encauzado por la vía política".
El pleno de la comisión LIBE del Parlamento Europeo, durante el debate con la ministra española Pilar Llop.
Respecto al bloqueo del CGPJ, Llop acusó al PP de "haberse puesto no al margen, sino frente a la Constitución Española" desde hace más de cuatro años. "Y no es la primera vez", recordó. "Ya en la quinta y en la octava legislaturas, cuando al PP le tocó ir a la oposición, cometió la peor politización posible de la Justicia, bloquear el Poder Judicial en su interés".
El debate en la sala fue kafkiano. Mientras Llop acusaba al PP y exigía que "pongan los nombres sobre la mesa y ahora mismo renovamos el CGPJ", los populares respondían que "es el Gobierno el que no quiere y no puede hacerlo, porque es rehén de sus socios los independentistas y los radicales".
Al tiempo, la liberal Maite Pagaza los culpaba a ambos, se preguntaba "¿por qué este Gobierno que cambia leyes a toda velocidad cuando le conviene no cambia la ley hace para cumplir las exigencias de la UE, la Comisión de Venecia y el Consejo de Europa?".
Y todo quedaba rematado por Patryk Jaki, un europarlamentario polaco del grupo conservador y Reformista al que pertenece Vox: "Usted ministra ha reconocido que en su país, los políticos eligen a los jueces y los políticos se convierten en jueces. ¿Hay algún país de la UE en que esto suceda? Y sin embargo, su Gobierno no deja de criticar a Polonia, que elige el Consejo del Poder Judicial igual que España. ¿Cree usted en una Europa de la justicia y la legalidad?".
Seis meses de largas
Seis meses después de que fuera convocada, la ministra de Justicia por fin ha comparecido ante el Parlamento Europeo para dar explicaciones sobre la crisis institucional en España. Llop fue convocada el pasado mes de julio, solicitó un receso de dos meses para atender el requerimiento... si bien, finalmente, tampoco cumplió el pasado 8 de septiembre, entre las más duras críticas de numerosos miembros de la Eurocámara.
Pilar Llop, ministra de Justicia, atiende a los medios en la sede del Parlamento Europeo, en Bruselas.
Llop ni siquiera respondió públicamente a la citación. Se limitó a mandar una carta a la presidenta del subcomité de la Comisión de Libertades Civiles, Asuntos de Interior y Justicia (LIBE), la más poderosa y competente del Parlamento de Bruselas. En ella adujo que "lamentablemente, no me va a ser posible intervenir ni manera presencial ni virtualmente". Y se ofrecía para "fechas venideras"... éstas.
Pero no explicaba las razones para desatender la convocatoria. Sólo se ofrecía a comparecer "en una fecha próxima", aunque cambiando las condiciones. Es decir, no ante el foro que la convocaba, sino ante "todos los miembros de la comisión LIBE". Además, aducía que "no todos los ámbitos" que se le inquirían "son competencia" de su Ministerio, como alegó este jueves ante algunas de las cuestiones planteadas.
Dada la "gravedad de los asuntos a tratar", la reunión del llamado Grupo de seguimiento sobre Democracia y Derechos Fundamentales (DFRMG, por sus siglas en inglés) había sido convocada a puerta cerrada, para respetar la libertad del debate y "no hacer espectáculo", en palabras de uno de sus integrantes. Justo lo contrario de lo ocurrido, finalmente.
El mismo eurodiputado, presente este jueves en la sala, lamentaba "el poco respeto a la dignidad del Parlamento Europeo que demuestra el Gobierno español" al no responder a la citación. "Es muy poco hábil, sobre todo teniendo la Presidencia del Consejo en menos de un año", añadía.
La comparecencia, efectivamente, fue inútil para España, o incluso contraproducente en términos de imagen ante la UE. "No nos han ayudado desde 2017, y nuestra imagen, desde entonces, va deteriorándose, con leyes a medida de los delincuentes", aducía una eurodiputada española a la salida.
Efectivamente, no fue un debate, sino una pelea. Todos los parlamentarios no españoles salieron "estupefactos por el espectáculo, y sin saber el porqué de este bloqueo ni quién tiene razón en esta guerra". Y a la salida de la sala, junto a la pasarela Karamanlis donde atendió a la prensa, la ministra pudo cruzarse con un Puigdemont hinchado y sonriente. "En febrero o marzo regresará", aseguraba un colaborador del expresident.