El Consejo de Ministros aprobará este martes un acuerdo por el que se requiere de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en relación con cualquier actuación que vulnere o menoscabe la Ley del Aborto ante el nuevo protocolo provida y antiabortista de Vox. El Gobierno da un mes al Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco para dar una respuesta.
Lo que hoy aprobará el Consejo de Ministros es un requerimiento previo al conflicto de competencias que establece la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Es decir, el primer paso para llevar el plan antiaborto de Castilla y León a los tribunales. Por el momento, el Gobierno descarta aplicar el artículo 155 de la Constitución en esta comunidad a la espera de la respuesta de la Junta a este último requerimiento.
"Se trata de un requerimiento para que el Gobierno de Castilla y León cese en su vulneración de los derechos de las mujeres. No vamos a permitir ningún retroceso", ha advertido este martes el ministro de la Presidencia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños.
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Bolaños ha insistido en que el Gobierno está trabajando en todas las opciones posibles y ha justificado la necesidad de este nuevo requerimiento de incompetencia "porque están extralimitando las competencias que tiene el Gobierno de Castilla y León".
"Es lamentablemente hasta normal y habitual que la ultraderecha pretenda que las mujeres retrocedan 50 años. Es menos normal que el líder de la oposición, el señor Feijóo enmudezca ante esta circunstancia", ha añadido.
"Llegaremos hasta el final"
Este nueva nueva advertencia llega después de que el Gobierno enviara este domingo un requerimiento oficial a la Junta de Castilla y León para que "se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa" con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo con "posible vulneración de principios fundamentales". Bolaños ha confirmado que aún no se ha recibido respuesta a este primer requerimiento.
Horas de después de este envío, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, dejó claro este lunes que el Gobierno está dispuesto a acudir ante la Justicia si el Gobierno de Mañueco aplica el protocolo antiabortistas de Vox. "Llegaremos hasta el final", advirtió.
La titular de Sanidad explicó este lunes que la Junta de Castilla y León "no tiene competencias" para ofrecer "pruebas complementarias", como escuchar el latido fetal u ofrecer ecografías 4D. "La decisión de abortar se debe tomar libre, sin interferencias de terceros. Estas medidas sean de obligar o de instar están violando la legalidad", señaló.
"Es ridículo", dice el PP
Este requerimiento de incompetencia a la Junta de Castilla y León se refiere a cualesquiera actuaciones -incluidas aquellas constitutivas de vía de hecho-, que vulneren o menoscaben los derechos regulados en la Ley del Aborto aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero así como el Real Decreto 1825/2010, de 25 de marzo, que lo desarrolla. Mañueco tiene un mes para dar una respuesta el Gobierno.
Desde el PP, su coordinador de campaña Íñigo de la Serna ha calificado de "ridículo y absurdo" este requerimiento de incompetencia y afirma que es un intento del Gobierno de Pedro Sánchez de desviar la atención.
"Me sorprende, me pasma que estemos generando un debate en torno a algo que no existe y sobre lo que no hay ningún paso dado en este sentido y me asombra ver cómo el PSOE quiere utilizar algo como liebre mecánica para desviar las cuestiones", ha dicho este martes en una entrevista en Onda Cero.
Por ahora, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha optado por el silencio y ha evitado pronunciarse sobre el polémico protocolo antiabortista.
Mañueco corrige a Vox
Este lunes, en plena polémica por el protocolo fantasma de Castilla y León que Vox insiste en que se aplicará, Alfonso Fernández Mañueco corrigió al vicepresidente de la Junta y dirigente autonómico de Vox, Juan García-Gallardo, y reiteró que las medidas sanitarias para prevenir abortos en la Comunidad no serán obligatorias para los médicos.
"No se obligará a los médicos ni a las mujeres", resumió Mañueco en una brevísima declaración institucional sin preguntas de la prensa.
El presidente de la Junta sustuvo que el protocolo actual para los casos de mujeres que quieran abortar "no se modifica" con estas medidas "en ningún caso", lo que en la práctica implica que los médicos no ofrecerán a la mujer la posibilidad de escuchar el latido o acceder a una ecografía 4D, que era lo anunciado por García-Gallardo, que horas antes reiteró que sí sería obligatorio para los facultativos.
Por su parte, García-Gallardo insiste en la modificación y aplicación del nuevo protocolo antiabortos y ha revelado que no habla con Mañueco desde el jueves, cuando anunció el plan provida de Vox.
"¿Si no es obligatorio para qué sirven las órdenes de los consejeros?", ha insistido García-Gallardo, convencido de que en caso de no haber entrado Vox en el Gobierno autonómico no se hubieran tomado estas medidas: "Eso lo sabe todo el mundo", zanjó este lunes en una entrevista en 7NN.