El PSOE da un paso al frente en la defensa de la interrupción voluntaria del embarazo y quiere "blindar" el derecho de las mujeres a abortar con una enmienda transaccional en el Senado en la reforma de esta ley. El objetivo es que se garantice el libre ejercicio de esta práctica frente a las coacciones y medidas "perversas" anunciadas por Vox en Castilla y León. 

Así lo han anunciado este lunes la portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Eva Granados, y la secretaria de Igualdad en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Andrea Fernández, que han presentado esta iniciativa y han instado al resto de grupos a unirse a una enmienda transaccional con la que se pretende obligar a las Administraciones públicas a "garantizar" el libre ejercicio del derecho al aborto e impedir que se interfiera en la voluntad de las mujeres que quieran interrumpir su embarazo frente al "acoso" de la derecha y extrema derecha.

En rueda de prensa, Fernández ha explicado que esta enmienda "viene a reforzar" el derecho al aborto y a "asegurar que la estrategia del Gobierno de Castilla y León no prospera", si bien ha aplaudido que el PSOE y el Gobierno ya han hecho "rectificar" estas propuestas "perversas" que pretendían "dificultar" la interrupción del embarazo con una "yincana de pruebas".

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"Bajo el eufemismo de informar, se escondían medidas destinadas a obstruir el derecho a la interrupción del embarazo, prueba de ello son los sucesivos bandazos del PP sobre ese tema", ha señalado Fernández en alusión a las diferentes declaraciones del Gobierno de Castilla y León, en el que el vicepresidente, Juan García-Gallardo, de Vox, anunciaba las medidas como "provida", mientras el presidente, el popular Alfonso Fernández Mañueco, negaba que se fueran introducir cambios en el protocolo de atención a mujeres embarazadas.

La secretaria de Igualdad del PSOE también ha denunciado que PP y Vox quieren "institucionalizar el acoso que antes se llevaba a cabo en las puertas de las clínicas" y ha recordado que el Parlamento ya aprobó una ley que penaliza el hostigamiento a las mujeres que acuden a las clínicas abortivas, un "acoso" ejercido por grupos que actúan coordinadamente con prácticas que, según ha afirmado, ahora la Junta de Castilla y León "ha querido introducir en la cartera de servicios". Dicha norma fue impulsada por el grupo parlamentario socialista y aprobada en el Senado el pasado 6 de abril con la oposición del PP y Vox.

"Blindar" derechos de las mujeres

Por su parte, la portavoz del grupo socialista en el Senado, Eva Granados, ha explicado que el objetivo de la enmienda que plantea el PSOE es que no vuelva a ocurrir nada similar a lo que ha pasado en Castilla y León.

"Queremos es blindar los derechos de las mujeres y que no se trafique para mantenerse en el poder o simplemente para dar esa batalla cultural que parece que ya habíamos superado, porque este debate a nivel social estaba superado, pero tenemos a la derecha y a la extrema derecha intentando coaccionar a las mujeres, infantilizarlas y recortar nuestros derechos", ha subrayado Granados.

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Desde el PSOE, han invitado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a "desmarcarse de su socio" y romper con la idea de que "donde el PP necesita a Vox para gobernar, los derechos de las mujeres están en peligro".

En el texto, la propuesta transaccional señala que las Administraciones públicas competentes "garantizarán el libre ejercicio del derecho a la interrupción del embarazo en los términos de la ley de la reforma del aborto y, especialmente, velarán por evitar que la solicitante sea destinataria de prácticas que pretendan alterar, ya sea para afianzar, revocar o para demorar, la formación de su voluntad sobre la interrupción o no de su embarazo, la comunicación de su decisión y la puesta en práctica de la misma, con la excepción de la información clínica imprescindible y pertinente".

Asimismo, la iniciativa indica que las "intervenciones diagnósticas y terapéuticas asociadas con la decisión y la práctica de la interrupción del embarazo deberán basarse, en todo caso, en la evidencia científica".

Se aprobará el 8 de febrero 

La reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo se encuentra en tramitación en el Senado, donde la próxima semana será debatida en comisión y previsiblemente el 8 de febrero será aprobada en el Pleno.



Al texto se han presentado más de un centenar de enmiendas, además de los vetos de PP y Vox.