Sánchez aprueba un nuevo 'escudo social' con apenas oposición en su momento más bajo y ya estudia otro

Pese a que el presidente pasa por su momento más bajo según todas las encuestas, la votación será un mero trámite porque tendría los votos de los socios habituales y la abstención de PP y Ciudadanos. Sólo Vox podría votar en contra del decreto.

El Ejecutivo acude a este debate con el relato de la mejora de datos económicos y de las perspectivas para los próximos meses, que ya se han incorporado como discurso a los actos preelectorales del presidente. Especialmente, porque no se han cumplido las negras previsiones de otoño, incluidas las que esgrimió el PP antes del invierno.

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La placidez del Gobierno en la votación del decreto no impedirá que el Gobierno tenga que escuchar en el Pleno críticas de los grupos, con distinto grado de intensidad, primero durante la defensa de Félix Bolaños y luego en la comparecencia de Sánchez. También tendrá que agachar las orejas ante los socios habituales, molestos porque consideran que el Gobierno no les ha consultado las medidas del decreto.

Presiones de Podemos

La parte minoritaria del Gobierno, Unidas Podemos, discrepa de la utilidad de medidas como la reducción del IVA de productos básicos. Así, el partido morado presiona para que se aprueben medidas como la de establecer topes que limiten los beneficios de las grandes superficies y distribuidoras y bajar así los precios.

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La intervención o no de los alimentos básicos en los supermercados es –ya lo fue en diciembre– el principal escollo entre los socios de la coalición. Unidas Podemos lleva una semana atacando a los grandes distribuidores para forzar "medidas más ambiciosas" en la cesta de la compra. 

Según indican fuentes del Gobierno, la promocionada reducción del IVA que se aprobará este martes lleva discutiéndose desde septiembre, cuando la vicepresidenta Yolanda Díaz empezó a hablar públicamente de la necesidad de topar los precios de los alimentos. La idea, en principio, es esperar a ver si las nuevas medidas consiguen reducir los precios –la llamada "inflación subyacente"– antes de dar el siguiente paso.

El mismo criterio se aplica a la vivienda. La última semana de diciembre, durante las negociaciones intestinas del escudo social, el PSOE cedió a congelar el precio de los alquileres durante seis meses, algo que ya adoptó durante la pandemia pero que genera discrepancias entre sus filas. Ahora, tal y como adelantó EL ESPAÑOL, Unidas Podemos la utiliza como prueba piloto y para pactar los últimos puntos de la Ley de Vivienda.

Por ello, estas mismas fuentes aseguran que ya estudia la opción de un nuevo decreto de "escudo social" para los próximos meses en función de cómo evolucionen los datos económicos.

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"Ni una palabra"

Todo indica que la primera votación del último año de legislatura será pacífica, que el resultado está decidido antes de llegar a los pulsadores y que no habrá sorpresas de última hora. La seguridad del Gobierno en que el tercer escudo social saldrá adelante es tal que, por primera vez, ni siquiera ha hablado con los socios habituales –ERC, PNV, EH Bildu, Más País y Compromís– para negociar el plan anticrisis. 

Apenas unas horas antes de convocar el pleno del Congreso, los aliados parlamentarios de la coalición aseguran que no es que no se hayan sentado con el Gobierno, sino que ni siquiera han sido contactados para comprobar su intención de voto. "Se ha dado por hecho", "no ha habido negociación" o "ni una palabra, como siempre" son algunas de las quejas de los grupos consultados por este periódico.

En otras ocasiones el Gobierno se ha escudado en que la urgencia de algunas medidas "obligó" a actuar de esta manera, de no sentarse a negociar, pero en este caso cuestionan esa excusa.

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Enero es un mes inhábil a efectos parlamentarios, plácido, y en las últimas tres semanas el Congreso de los Diputados ha albergado reuniones y ponencias para discutir la Ley de Vivienda o la reforma de la Ley Mordaza, comparecencias de expertos y varias ruedas de prensa de portavoces. Lo que esto quiere decir, a fin de cuentas, es que hubo ocasiones. 

Aun así, el Gobierno sabe que nada se interpone en el camino del decreto anticrisis; la previsible abstención de PP y Ciudadanos, sumado al carácter social de las medidas, deja tranquila a la coalición. Sólo peligraría, y en un escenario muy catastrofista, el voto de ERC, que ha sido el partido más crítico con las rebajas del IVA y defensor de gravar los beneficios de los grandes supermercados. No es el caso con el resto.

Los grupos vascos, por ejemplo, se atribuyen algunas de las medidas estrella por haberlas negociado durante los Presupuestos Generales del Estado, como es el caso de la ayuda al transporte (PNV) y la negociación de alquileres y pensiones no contributivas (EH Bildu). Sólo con su abstención el decreto saldría adelante, y visto lo visto nadie se plantea un voto en contra.

Propuestas del PP

Fuentes del Gobierno explican que será necesario esperar a ver si la reducción del IVA de productos básicos está siendo eficaz para reducir precios, es decir, para bajar la inflación subyacente del mismo modo que se ha reducido el IPC global. El mismo argumento que se aplica a la congelación de los alquileres.

El PP se abstendrá, entre otras razones, porque asegura que la reducción del IVA para alimentos básicos fue propuesta por Alberto Núñez Feijóo hace meses. En septiembre recomendó bajar el IVA de la carne, pescado, aceite, agua, pasta seca o conservas del 10 al hiperreducido 4%. Sánchez ha dado un paso más allá y lo ha eliminado en los que son de primera necesidad.

Los populares discrepan de que no se incluyan el pescado y la carne y que no se mantenga la subvención al combustible para autónomos y aseguran que, finalmente, el Gobierno terminará aprobando en los próximos meses ambas medidas, como ya hicieron con otras propuestas por Feijóo.

El PP votará del otro decreto que se convalida, el que reordena los incentivos a la contratación, introduce nuevas bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social e incluye una nueva prestación de desempleo para los empleados del sector cultural. En ese caso, el Gobierno contará con los votos habituales de sus socios parlamentarios.