El ministerio de Igualdad está dispuesto a "retocar las penas mínimas" del Código Penal sobre la ley de Libertad Sexual, conocida como sólo sí es sí, tal y como como pide el PSOE. Sólo han puesto una condición: que la reforma no cambie el principio de consentimiento, que es la columna vertebral de la ley.
La propuesta elevada por el Ministerio de Justicia y recogida por el grupo socialista en el Congreso reconoce que su reforma "es sólo de futuro" y que no arreglaría las rebajas de condenas, más de 300, ni las excarcelaciones de delincuentes sexuales. Eso sí, fuentes cercanas a Pilar Llop aseguran que el texto "no altera la filosofía de la norma [...] ni cuestiona el consentimiento".
En Unidas Podemos en general y en el Ministerio de Igualdad en particular no las tienen todas consigo. Aunque a última hora hayan admitido retocar las penas mínimas "a las que están huyendo estas sentencias", entre los morados reina el miedo de que la propuesta integral de Justicia que eleva penas sea, de facto, una vuelta al modelo anterior.
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El texto de Justicia deja libre de retoques el apartado sobre el consentimiento, pero otros cambios podrían cambiar su formulación. Dicho de otro modo, la propuesta del PSOE exige de nuevo a las víctimas probar que hubo resistencia ante una agresión sexual, por lo que la parte del texto que habla sobre el consentimiento se convertiría en papel mojado.
Fuentes del Ministerio de Igualdad no concuerdan con la fórmula del PSOE, que implica aceptar la intimidación y la violencia en lugar del consentimiento porque generaría un "calvario probatorio" para la víctima. Estos agravantes, dicen las mismas fuentes, romperían el principio del consentimiento sin decirlo expresamente.
"Hemos presentado propuestas que tenían que ver tanto con la vigencia del derecho transitorio, tanto con su posible ubicación en el título preliminar como con algún retoque en las penas mínimas", ha explicado la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell.
Tanto la ministra Irene Montero como la secretaria de Estado Ángela Rodríguez Pam llevan desde hace meses reuniéndose regularmente con el equipo de Justicia para buscar una alternativa común a las "consecuencias inesperadas" del sólo sí es sí. Ambas defienden que las rebajas son una consecuencia de que "algunos jueces (una minoría) apliquen la ley incorrectamente", no tanto de que esté mal redactada.
Igualdad ha presentado al PSOE hasta tres propuestas de reforma en materia penal que, a su juicio, "van a dar menos margen interpretativo a los operadores jurídicos a futuro" y "pueden ayudar a aliviar la situación de preocupación social". Tienen la mano tendida para reformar, pero no para tocar el consentimiento.
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Decálogo de medidas urgentes
El primer movimiento de Igualdad esta mañana, antes de conocerse la proposición de ley del PSOE, fue presentar un plan urgente de 10 medidas para proteger a las víctimas de violencias sexuales e implementar de forma eficaz la ley del sólo sí es sí y evitar así cualquier tipo de modificación. Así, este sería un modo de proteger a las víctimas sin reformular el texto penal.
El motivo de presentar un plan de implementación —y no una ley, como hicieron sus socios— es que Montero confía en que la rebaja de penas y excarcelaciones de condenados por agresión sexual "son consecuencia de la incorrecta aplicación del derecho transitorio y de la propia ley" por parte de los jueces. La maniobra del PSOE, de este modo, sería una respuesta "a las presiones de poderes conservadores".
En primer lugar, Igualdad propuso "doblar los juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer" (1). En el mismo sentido, redoblar "refuerzo de la Fiscalía de violencia sobre la mujer y la ampliación de sus competencias a las violencias sexuales" (2) y "garantizar la asistencia jurídica gratuita a las víctimas" (3).
La cuarta medida reclama la "inclusión de las víctimas de violencia sexual en el Servicio de ATENPRO [un dispositivo móvil para dar respuesta a emergencias por violencia de género] desde 2023 e incremento del número de dispositivos" (4). Además, pide reforzar "las unidades de valoración forense integral" (5) y "la formación especializada en violencia contra las mujeres a todo el personal de la Administración de Justicia e Interior, así como Educación y Sanidad" (6).
La siguiente medida es la "implementación de las ayudas a víctimas de violencias sexuales" (7); y apunta a "la creación del servicio de atención psicológica y psiquiátrica especializada en violencia sexual en el Sistema Nacional de Salud para la completa recuperación de las víctimas a largo plazo" (8).
Por último, Igualdad pide "el incremento del número de agentes que el Ministerio del Interior indica que dedica de forma exclusiva a la protección de las mujeres que sufren violencia contra las mujeres" (9) y "implementación de puntos violeta en todas las dependencias e instalaciones públicas que refuercen los servicios de atención e información a todas las víctimas" (10).