La ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha anunciado este lunes que su partido va a presentar una proposición de ley para "retocar y corregir los efectos indeseados" de la Ley del sólo sí es sí. La intención es hacerlo "en los próximos días" y la reforma ya se está negociando entre los ministerios de Justicia e Igualdad. El socio minoritario, Unidas Podemos, asegura que se enteró del anuncio por la prensa.
Alegría ha indicado que la intención del PSOE es presentar una propuesta "conjunta" con la formación morada y ha añadido que ya hay "un debate en el seno del Gobierno" para subir las penas mínimas de cada horquilla. Apenas unos minutos antes de la comparecencia de la ministra, la portavoz de Podemos, Isabel Serra, descartaba este escenario.
La tormenta provocada por la ley del sólo sí es sí no ha sido únicamente jurídica, por las rebajas de las penas por delitos sexuales, sino que podría tener unas consecuencias políticas —ya se habla de posible "ruptura"— inesperadas hace apenas una semana. Tanto el Ministerio de Justicia como el de Igualdad coinciden en que ninguna reforma penal de la ley podrá frenar las revisiones, pero a partir de ahí difieren en todo lo demás. Y, por tanto, también los dos partidos de Gobierno.
Además, Igualdad ha propuesto a sus socios un decálogo de medidas que no reforman el texto legal, sino que están encaminadas a proteger a las víctimas. Fuentes cercanas a Podemos aseguran que el partido morado no se moverá "ni un centímetro" en sus posiciones y advierten que cambiar las penas no es la solución. Que el PSOE lo venda así, dicen, es debido a "las presiones de la derecha y los jueces".
Los socialistas, no obstante, tienen esperanza en que Podemos se sume a su proposición de ley. "El primer paso es poder encontrar ese acuerdo y poder plantearlo conjuntamente. No hay duda de cuál es el objeto y objetivo de la ley; y no hay ninguna duda de sus efectos indeseados", ha sentenciado Alegría.
Fuentes socialistas concretan que "la posición de Unidas Podemos no es monocorde" y las negociaciones llevan distinta velocidad dependiendo del interlocutor, en referencia a las posiciones —Podemos, Yolanda Díaz, los Comunes...— que confluyen dentro del partido. Eso sí, mencionan que "no se va a tocar el artículo referido al consentimiento de la mujer".
Desde Igualdad no lo ven igual. El entorno de Irene Montero cree que, aunque ese artículo no se toca, los cambios que propone Justicia "desplazan el eje central y el espíritu de la ley". "Sería volver al modelo anterior y eso no lo vamos a admitir", recuerdan.
Posible ruptura
En el PSOE ya contemplan la geometría variable para endurecer las penas de la ley. Aunque llegar a un acuerdo con los morados sería preferible, los socialistas consideran que "a favor de endurecer va a estar todo el mundo, incluso el PP", y no les temblará el pulso de pactar con otros partidos.
A ambos lados del tablero conocen los posibles efectos adversos que tendría esta decisión. Fuentes socialistas aseguran que han medido "las consecuencias políticas de lo que pueda suceder" y hablan abiertamente de que un cisma de este calibre podría romper la coalición de Gobierno. Lo asumen.
Nunca una cuestión técnica había dividido tanto a los socios. Fuentes del departamento que dirige Irene Montero sostienen que poner en foco la violencia y la intimidación, como sugiere Pilar Llop, sería comprar "el marco de la derecha" y retroceder en derechos de una ley tan complicada de tramitar.
En este momento y tras mucho debate, los morados estarían dispuestos –como mucho– a incluir en el texto una nueva interpretación "correcta" que guíe el mandato de los jueces. La idea, dicen, sería evitar que los tribunales huyan hacia penas más bajas, un extremo que ya ha sido desaconsejado por la Fiscalía General del Estado.
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