El pasado 19 de enero, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, habló durante unos minutos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes del inicio de la cumbre hispanofrancesa en Barcelona. En la breve conversación, Aragonès pidió expresamente a Sánchez apoyo para lograr un acuerdo con el PSC para sacar adelante los Presupuestos de la Generalitat.
Casi dos semanas después, ERC y PSC firmaron en Barcelona el acuerdo sobre las cuentas de Cataluña que llevaban negociando varios meses.
Moncloa estaba al tanto de la negociación que lideraba Salvador Illa, líder del PSC, y, además, recibió el acuerdo con satisfacción por entender que es casi un punto de no retorno del independentismo, que rompe el bloque de partidos soberanistas, que supone un paso decisivo en el proceso de desescalada y abre una nueva etapa en la política catalana a la vez que mejora la española.
[ERC y PSC cierran un acuerdo para los presupuestos de 2023]
Esa es la lectura que hacen fuentes oficiales de Moncloa, que explican que desde hace tiempo la hoja de ruta de Sánchez pasa por debilitar el independentismo y favorecer la transversalidad. Su tesis es que ese proceso se culminará en el momento en el que vuelva a haber un político no independentista (Salvador Illa) al frente de la Generalitat.
El objetivo inmediato, según explican, es conseguir llevar la normalidad a Cataluña y superar los efectos del procés y, para eso, es vital que se reactive la actividad económica tras la inestabilidad y la salida de capital que se produjo tras los sucesos de 2017.
En este sentido, se felicitan de que el acuerdo incluya la ampliación del aeropuerto de El Prat (Barcelona), la mejora de infraestructuras de transporte y un centro vinculado al turismo en Tarragona.
El acuerdo presupuestario, además, puede tener continuidad tras las elecciones municipales del 28 de mayo en ayuntamientos como el de Barcelona y las diputaciones catalanas, abriendo una nueva etapa.
Para la política española, este acuerdo favorece los acuerdos de Sánchez con ERC, tras unos meses de desencuentros. No obstante, el Gobierno explica que ese apoyo será cada vez menos necesario, porque el fin de la legislatura limita el número de proyectos de ley que irán al Parlamento. De hecho, Moncloa prevé enviar al Congreso sólo proyectos de ley que tengan ya apoyo garantizado.
Hay también una perspectiva de futuro si en la siguiente legislatura, tras las elecciones generales de diciembre, es posible y necesario un nuevo acuerdo de investidura.
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