El principal asesor penalista del Ministerio de Justicia para reformar la Ley del sólo sí es sí, el catedrático Francisco Javier Álvarez García, es contrario a la norma y deseó en público que jamás se aprobase. El jurista, muy cercano a la ministra Pilar Llop, llegó a liderar al grupo de expertos del ministerio para retocar el texto e intercedió por volver al modelo anterior. Apenas unos meses antes, acusaba a la Ley de Libertad Sexual de estar "preñada de caprichos políticos y de monumentales defectos técnicos".
Así se desprende de varios artículos académicos firmados por Álvarez García a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. En los textos, escritos mientras la ley era todavía un anteproyecto, el asesor teme por su aprobación y discute reiteradamente el principio de consentimiento, al que llega a calificar de "teatro" y justifica que se pueda "excluir" de una relación afectiva.
La ley, en su forma actual, elimina la distinción entre abuso y agresión, estableciendo que toda conducta sexual realizada sin consentimiento es agresión sexual. Por tanto, el delito de violación ya no se reserva sólo a los casos que concurren con violencia o intimidación, sino que se incluye dentro de un sistema progresivo y proporcional a la gravedad de los hechos.
Las negociaciones entre los dos socios de Gobierno siguen bloqueadas porque, creen en Unidas Podemos, las presiones de la derecha influyen para "volver al modelo anterior". Esta es, precisamente, la postura que defendía Álvarez García antes de la aprobación de la ley: poner en duda el consentimiento como eje central de la ley.
En otro artículo, el catedrático utilizaba términos como "el yugo del actual feminismo reaccionario" y "la moral feminista reaccionaria" para criticar las posturas de los partidos –también del PSOE, en concreto– sobre las leyes sexuales. "Nos dice cómo se tiene que amar y cómo no [...] La libertad, pues, está en peligro".
"Si se aprueba el Proyecto de Ley de Libertad Sexual tal y como está, lo que espero que no suceda, una de las conclusiones será la siguiente: queda prohibido acercarse a la propia pareja por la noche, mientras ésta se encuentra dormida, abrazarla y acariciarla, puesto que dormida no ha podido manifestar por medio de un acto de manera clara la voluntad de la persona", temía Álvarez García a principios de 2022.
Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el anterior gabinete de Justicia, dirigido por Juan Carlos Campo, realizó estudios de más de 100 casos reales para comprobar la correcta aplicación de la ley, descartando que pudiera rebajar las penas a agresores sexuales. Fue en esa época cuando Álvarez García empezó a criticarla.
En la ristra de comportamientos que quedarían "prohibidos" por la ley, el catedrático considera también otros como "acercarse a la pareja, subrepticiamente (alevosía), y abrazarla, dándole así una sorpresa cariñosa; hacer, con engaño, que la pareja dirija sus ojos hacia arriba (¡mira!, ¡un lince ibérico volador!), y aprovechar que el mentón apunta al cielo para depositar en sus labios un enternecedor ósculo".
"Se nos ocurren muchos comentarios, y casi todos ellos desfavorables, a propósito del Anteproyecto, pero será mejor esperar a la consolidación de las reformas, vaya a ser que 'se nos vea el plumero'", ironizaba.
Consentimiento encallado
Antes de que el sólo sí es sí fuera aprobado en el Consejo de Ministros, Irene Montero cedió todo el esqueleto legal a Justicia. Entonces, fuentes de Igualdad aseguran que "se confió" en que los jueces no fueran a aplicar las revisiones actuales, duramente criticadas por el espacio de Unidas Podemos.
Desde la aplicación de la Ley de Libertad Sexual hasta esta semana el Gobierno cerró filas en torno a Montero y su ley, a cuya reforma se han sumado casi todos los grupos parlamentarios. El Ministerio de Igualdad sólo está dispuesto a "retocar las penas mínimas", como pide el PSOE, siempre que se mantenga intacto el consentimiento.
La propuesta elevada por Pilar Llop y Francisco Javier Álvarez García reconoce que su reforma "es sólo de futuro" y que no frenará las rebajas de condenas ni las excarcelaciones de delincuentes sexuales. Eso sí, fuentes cercanas a la ministra aseguran que el texto "no altera la filosofía de la norma [...] ni cuestiona el consentimiento", que según Podemos es la columna vertebral de la ley.
En el Ministerio de Igualdad no concuerdan con la fórmula del PSOE porque, dicen, generaría un "calvario probatorio" para la víctima. Los agravantes de violencia e intimidación, aseguran fuentes moradas, romperían el principio del consentimiento sin decirlo expresamente.