La ministra de Justicia, Pilar Llop, no teme por su futuro en el cargo y su prioridad en estos momentos es que los partidos políticos se pongan de acuerdo para aprobar la reforma de la Ley de Garantía de Libertad Sexual, la famosa Ley del sí es sí, y evitar la rebaja de condenas a agresores sexuales, un hecho que ha considerado "gravísimo". Fuentes de Moncloa han confirmado además a este diario que Pedro Sánchez descarta su cese y eso le da tranquilidad.
"Cuando uno se dedica a la política no teme a nada. No tiene que tener miedo a nada porque en mi caso llevo muchísimos años trabajando en el ámbito de la igualdad, de la violencia contra las mujeres, he sido magistrada, delegada del Gobierno para la Violencia de Género, he servido en el Consejo General del Poder Judicial y en el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género", ha enumerado Llop este mediodía en Málaga en declaraciones previas al acto de entrega de las condecoraciones de la Orden de San Raimundo de Peñafort en esta provincia.
La ministra de Justicia ha subrayado que "la única finalidad que uno tiene cuando está en estos puestos es servir a los demás y en este caso poner toda mi experiencia, todo mi conocimiento y toda mi sensibilidad con este tema al servicio de las víctimas y de la sociedad".
Llop no ha entrado a valorar si se siente respaldada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o su tensa relación con la ministra de Igualdad, Irene Montero. Pero sí ha querido dejar claro tres aspectos.
El primero es que la rebaja de condenas a los agresores sexuales es un "problema de primera magnitud, gravísimo". El segundo es que su ministerio ha elaborado "una propuesta técnica y solvente" para reformar esta ley -que ella no aprobó pero de la que está sufriendo sus consecuencias-, y el tercero es que pide unidad a los partidos políticos para que se pueda sacar adelante esa reforma y se defienda a las víctimas.
"Es en eso en lo que nos tenemos que centrar, poder aprobar con el mayor consenso posible esta reforma para que se ponga solución a este grave problema", ha remarcado la ministra, que ha precisado que "estoy segura de que todas las fuerzas políticas son conscientes de la gravedad de la situación y de cuál es el foco del problema, que es la rebaja de las penas".
Llop ha subrayado que los tribunales han actuado "con toda su libertad e independencia a la hora de aplicar la ley", pero ha reconocido que esas revisiones de sentencias a la baja que han permitido dejar en libertad a más de 400 agresores sexuales "son un problema gravísimo, sobre todo para las víctimas".
Los plazos, en el aire
Mientras dentro del propio gobierno PSOE y Podemos se tiran los trastos a la cabeza -la propia Montero ha reconocido este jueves en la Ser que no se habla con Llop- por ver quién es el culpable, las rebajas de condenas a agresores sexuales se siguen produciendo, por lo que la reforma de la ley es urgente.
Sin embargo, la ministra de Justicia no se ha aventurado a dar plazos. De hecho, ha echado balones fuera trasladando la responsabilidad a los partidos políticos. "La proposición de ley se ha llevado al Congreso de los Diputados y el Congreso tiene sus propios mecanismos y tiempos. Creo que la reforma debería ser aprobada cuanto antes para dar una respuesta a la sociedad y mandar un mensaje a las víctimas de que el Gobierno está con ellas y de que entendemos la gravedad de la situación", ha comentado Llop.
La ministra ha hecho hincapié en que "las negociaciones están en vía parlamentaria y son las fuerzas políticas las que la hacen". "Yo he presentado una propuesta técnica, la vía que he encontrado para solucionar esta situación. Seguro que todas las fuerzas políticas piensan en las víctimas a la hora de poner encima de la mesa sus posiciones y planteamientos y encontraremos la vía para que este problema se solucione", ha insistido.
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