Sánchez descarta el cese de Pilar Llop o de Irene Montero para zanjar el escándalo del 'sí es sí'

Así lo confirman fuentes de Presidencia del Gobierno a este periódico, a pesar de los insistentes rumores en el entorno del presidente durante todo este miércoles. Según otras fuentes cercanas a Pedro Sánchez, el jefe del Ejecutivo sopesó ambos ceses aprovechando que son inminentes las salidas de Reyes Maroto y de Carolina Darias.

Ambas ministras dejarán sus puestos para competir en las elecciones municipales del próximo mes de mayo. La titular de Industria optará a la Alcaldía de Madrid y la de Sanidad a la de Las Palmas de Gran Canaria.

Llop llegó al Gobierno después de que el proyecto del sólo sí es sí pasase por el Consejo de Ministros. Apenas cuatro días después, en julio de 2021. Y podría haber salido antes de que se sustanciase la reforma de la ley, impulsada oficialmente por el Grupo Parlamentario Socialista, pero redactada en su Ministerio de Justicia.

De hecho, no se habría ido sola. En el entorno de Moncloa se aseguraba que Irene Montero acompañaría a Llop, pues de otra manera el presidente del Gobierno habría dado una evidente "muestra de debilidad" al mantener en su sitio a quien es la responsable directa de la ley: la ministra de Igualdad. La decisión habría dado un giro a la legislatura, pues en ese caso Unidas Podemos rompería la coalición.   

El presidente quiere dar por zanjado el escándalo cuanto antes, y en el mismo Gobierno se daba por hecho que se cobraría alguna cabeza para que se asuman responsabilidades públicamente en el Ejecutivo y dar muestra de ejemplaridad.

De hecho, en el Partido Socialista se considera "un auténtico desastre" la gestión de este asunto, "reconociendo ahora que la ley era defectuosa", después de que el propio presidente se "quemara defendiéndola".

Además, se pone como ejemplo la reacción inmediata de la ministra de Transportes ante el "ridículo de los trenes de FEVE que no caben en los túneles". En apenas cinco días, Raquel Sánchez ya ha destituido a dos responsables ministeriales y, entre tanto, Llop y Montero, no fueron capaces de lograr un acuerdo para presentar una proposición de ley conjunta. 

"Falta de reflejos"

Lo cierto es que Igualdad no ofrecía soluciones. En el entorno de la ministra de Podemos se defendía que "cualquier retoque a la ley será para peor". Y la propia delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, la juez Victoria Rosell -responsable del texto- advirtió de que "la propuesta del PSOE puede abrir paso a más rebajas de condenas".

Por otro lado, el texto que salió de las oficinas de Justicia, aunque fue asumido como propio por el portavoz parlamentario, Patxi López, era "un calco" del registrado por el Partido Popular el pasado 16 de diciembre.

Esta falta de reflejos ante la "única solución posible" para recuperar las penas por agresión sexual anteriores a la ley de Igualdad, ha dejado al PSOE en una posición imposible: tendría que romper con su socio y aceptar los votos del PP para sacar adelante esta "corrección" a una ley que Moncloa sigue llamando "emblemática". 

En estos meses, el presidente ha negado tener la intención de ampliar la crisis de Gobierno más allá de los "ajustes concretos" de Darias y Maroto. Pero el incesante escándalo desde la entrada en vigor de la llamada ley del sólo sí es sí le hizo sopesar el cambio de opinión.

De acuerdo con las fuentes citadas, en el entorno de Sánchez se detecta un "enfado enorme" del presidente con esta cuestión y la "mala gestión de un problema" que, en su opinión, se debería haber evitado.

Tres años de polémica

De hecho, en el gabinete de Presidencia se recuerda que esta norma ya empezó a ser polémica desde el mismo inicio de la legislatura: la facción de Unidas Podemos en el Gobierno forzó su inclusión en el Consejo de Ministros previo a la celebración del 8 de marzo de 2020, aunque el anteproyecto había sido parado en la comisión de subsecretarios del jueves anterior para que pudiera ser revisada previamente por la vicepresidenta primera y por el ministro de Justicia.

Entonces, estos puestos estaban ocupados por Carmen Calvo y por Juan Carlos Campo, respectivamente.

Ya por entonces, fuentes del Ministerio de Igualdad reconocían en privado que las "nuevas horquillas de penas" que incluía la ley permitían interpretar que se podrían producir estas rebajas sobrevenidas en las condenas.

A preguntas de la prensa, sus responsables alegaban que "el núcleo tiene que estar en el consentimiento, y no en la violencia más o menos demostrable", por lo que los jueces deberían pasar "una formación específica" para aprender a aplicar "los criterios, agravantes y atenuantes" de la nueva regulación penal.

En Moncloa se decidió, entonces, frenar la tramitación de la ley y "peinarla de arriba abajo", según expresión de la propia Calvo. Aquella primera gran polémica entre las dos formaciones del Gobierno de coalición fue el detonante de que Pablo Iglesias, vicepresidente segundo, llegara a calificar de "machista frustrado" a Campo en los pasillos del Congreso.

Los informes preceptivos de los órganos consultivos, tanto el del Consejo de Estado como el del Consejo del Poder Judicial, un llegaron año después, en febrero de 2021. Este último advirtió expresamente de que la norma no protegería a las víctimas, que contenía "contradicciones" y que invertía la carga de la prueba. Aun así, Campo revisó el sistema de penas y, después de estudiar hasta 100 casos, dio el consentimiento de Justicia a que la ley pasara la segunda vuelta del Consejo de Ministros.

"Lo que pueda pasar"

Ahora, con el exministro de Justicia en el Tribunal Constitucional, es Llop la que asume la responsabilidad de reformar la reforma penal. La expresidenta del Senado lleva un año y medio en el Gobierno, y de hecho se estrenó públicamente criticando las sentencias del Tribunal Constitucional que tumbaron los dos estados de alarma decretados durante la pandemia.

Pero ni en la Cámara Alta ni en el año largo transcurrido desde su llegada al Consejo de Ministros hasta la entrada en vigor de la norma del sólo sí es sí ha levantado la voz para denunciar los "efectos indeseados" de la ley.

Este miércoles, sin embargo, sí se hacía "responsable personalmente" de la reforma y de "lo que pueda pasar". Un augurio que alimentó los rumores sobre la posible decisión de Sánchez ya que, después, se negó a aclarar el sentido de sus palabras ante la prensa.