El Gobierno ha depurado responsabilidades por el grave error de los trenes a Cantabria con las dimisiones de la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, y el presidente de Renfe, Isaías Taboas. Sin embargo, tras asumir equivocaciones también en la ley del sólo sí es sí, que ha beneficiado a medio millar de delincuentes sexuales, todavía no ha dimitido nadie.

Esta disparidad latente entre una cuestión y otra, según la ministra portavoz, Isabel Rodríguez se justifica con el hecho de que el efecto perverso del sí es sí "se ha resuelto con una propuesta" en el Congreso de los Diputados que, por cierto, sigue sin contar con el beneplácito de Podemos, socio minoritario de la coalición. "En ambos casos se han producido esas responsabilidades políticas", ha defendido. 

Tras el Consejo de Ministros de este martes, Moncloa ha pasado por alto de la división con sus socios morados, que no dan el visto bueno a la propuesta registrada por el PSOE para frenar la sangría de rebajas de penas a violadores y agresores sexuales. La portavoz se ha limitado a expresar su "confianza" en los "grupos parlamentarios". 

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Sobre el embrollo de los trenes a Cantabria que se ha saldado con la marcha de dos altos cargos del Ejecutivo, la ministra portavoz ha apostillado: "Las explicaciones han sido claras. Ya me hubiera gustado a mí que en otra época se hubiesen dado explicaciones". También ha defendido que el Gobierno restaurará "el daño causado" con "el diálogo de las comunidades" afectadas. 

Por su parte, la número dos del PP, Cuca Gamarra, ha emplazado a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, a ofrecer "todas las explicaciones" y remitir al Congreso de los Diputados toda la información requerida a la "chapuza" de los trenes que no caben por los túneles. 

El principal partido de la oposición, además, ha reprochado al Ejecutivo que fuerce dimisiones en el Ministerio de Transportes por el error de los trenes y no haga lo propio en Igualdad con la ley del sólo sí es sí. 

Tal y como ha publicado ELESPAÑOL-Invertia, Moncloa forzó el cese de la número dos de Transportes y el presidente de Renfe para proteger los gobiernos autonómicos de Asturias y Cantabria. Esta polémica ha despertado indignación en ambas comunidades a escasos tres meses de las elecciones municipales y autonómicas y la polémica podría tener una traslación directa en las urnas.