No hubo sorpresas de última hora y la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, seguirá vigente. El Gobierno y sus socios habituales de ERC y EH Bildu no han alcanzado un acuerdo y la reforma de la norma ha caído en la Comisión de Interior que votaba este martes su dictamen. Con ella, cae además el compromiso más antiguo de los dos partidos de la coalición.
El dictamen ha caído a 18 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos y PNV) y 19 en contra (PP, Vox, Ciudadanos, ERC, EH Bildu, Grupo Mixto y Plural) después de que los aliados de la investidura dieran su brazo a torcer para llevar la ley a comisión. Así, los independentistas unen sus votos a la derecha para dejar plenamente vigente en todos sus términos la norma aprobada por la mayoría absoluta de Mariano Rajoy en 2015, que ya acumula más años de Gobierno socialista que popular.
Su apoyo era imprescindible. A última hora de la mañana, los grupos independentistas trasladaron al PSOE "un último intento de acuerdo" en forma de cuatro enmiendas transaccionales. Las propuestas afectaban a los cuatro puntos más conflictivos del actual texto, que son los mismos que llevan bloqueando las negociaciones entre socios desde hace más de tres años.
El intercambio informal de propuestas durante las más de dos horas de debate no sirvió de nada, con independentistas y socialistas culpándose mutuamente de no haber llegado a un acuerdo. Aunque ha habido varios puntos conflictivos, la principal reclamación (desatendida) de ERC y Bildu era retirar los apartados de desobediencia y faltas de autoridad a los agentes del orden, que constituyen la inmensa mayoría de las sanciones, y a prohibir las pelotas de goma y las devoluciones en caliente.
El PSOE, en contrapartida, ofreció "modernizar todo material antidisturbios" y realizar un estudio en el que se incluía su eventual prohibición, pero los independentistas consideran que esta propuesta sería insuficiente y no derogaría el corazón de la norma, vigente desde 2015. Apenas unos minutos antes de la votación, los socialistas ofrecieron a sus socios una prórroga de dos semanas –hasta el Pleno del Congreso– para seguir negociando, pero ambos se negaron.
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"Es inasumible", defendía esta mañana el diputado Jon Iñarritu a la entrada de la comisión. "No seremos cómplices de una reforma light que no deroga los artículos más lesivos y mantiene intacto el núcleo de la ley. Esta propuesta se queda lejos del compromiso de derogación que asumimos hace ya 8 años", criticó. Fuentes del entorno añaden que el PSOE "no se ha movido del punto de partida" desde el inicio de las reuniones.
La propuesta conjunta de ERC y EH Bildu, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, modificaba de manera efectiva el apartado de desobediencia y pasaba a considerarlo "falta leve" –como estaba en la legislación anterior– junto a las faltas de respeto, que pasarían a ser solamente "insultos e injurias". Además, dejarían de tener efecto en caso de disculpa.
"Estamos en contra de maquillar esta ley. No vamos a ser cómplices", recalcó el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, sobre las propuestas "a la baja" del PSOE. Ese era el discurso mientras los republicanos negociaban con los socialistas el último asalto de la reforma, conscientes desde primera hora de la mañana de que las cuatro enmiendas no tenían visos de prosperar.
Fuentes conocedoras de la negociación aseguran que ni el independentismo ni el PSOE han cedido una coma desde hace meses. Tanto ERC como EH Bildu pidieron reducir el margen de la ley –qué se considera "falta de respeto" y "desobediencia"– y abaratar los topes de las sanciones; el PSOE, reformularlo retóricamente, lo mismo que hace más de un año.
En declaraciones a TVE la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, criticó que el PSOE haya dejado caer la ley mordaza debido a su "cerrazón". "Esta comisión se podía posponer porque no había acuerdo. No era necesario este choque", ha admitido para dejar claro que son los socialistas los que "fuerzan" la celebración de dicha comisión "para que se pierda".
El texto, en su forma actual, considera una falta leve "las faltas de respeto y consideración" a la autoridad y las castiga con penas entre 100 y 600 euros. La propuesta del PNV, que cuenta con el respaldo de Unidas Podemos, es que sólo se consideren faltas de respeto las "expresiones o actos humillantes, despectivos y ofensivos" que desacrediten a los agentes.
El PSOE acepta esta redacción, pero ERC, EH Bildu y Junts se cierran en banda por considerar demasiado vaga. Según fuentes de este último grupo, el texto propuesto seguiría permitiendo actuaciones "arbitrarias" por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, poco delimitadas por la nueva redacción.
Quedan así también en el tintero otros dos problemas de difícil solución: eliminar las devoluciones en caliente y el uso de pelotas de goma como material antidisturbios. Sobre el primero, el PSOE ofreció revisarlo en la Ley de Extranjería, sin efecto. El segundo siempre ha sido una línea roja innegociable.