La lista definitiva de comparecientes ante la polémica misión del Parlamento Europeo que viaja a Madrid este lunes para investigar el caso Pegasus no guarda ninguna similitud con el borrador inicial. El más alto cargo político que se reunirá con los miembros del Comité de Investigación para examinar el uso de Pegasus y spyware de vigilancia equivalente (PEGA) será Pere Aragonès. Según la documentación que obra en poder de EL ESPAÑOL, el president de Cataluña se presentará como "víctima" del espionaje de Estado.
Entretanto, el Gobierno de España ha rehusado aceptar que ninguno de sus miembros reciba a los eurodiputados. "No tiene sentido, así no se defiende al Estado", lamenta uno de sus miembros españoles. "La misión viaja para tener un cuadro completo de lo que pasa, y Moncloa le está dejando todo el discurso al victimismo independentista".
La petición para tomar declaración a Pedro Sánchez fue rechazada desde el principio. A pesar de ser una de las víctimas, y con denuncia en los juzgados, del espionaje con Pegasus. Tampoco aceptaron recibir a los eurodiputados Margarita Robles, ministra de Defensa; o Fernando Grande-Marlaska, titular de Interior -ambos también espiados-; ni José Manuel Albares, ministro de Exteriores, a cuya antecesora Arancha González Laya, también se le infectó el móvil.
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tampoco respondió afirmativamente. En su lugar, los enviados de Bruselas han recibido respuestas por escrito de no más de cinco folios y una invitación a hablar con representantes de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja.
Ni siquiera el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, atenderá a la misión. Será uno de los funcionarios de su oficina, el director de Seguridad y Justicia, Andrés Jiménez Rodríguez, el que se reúna con los europarlamentarios.
El cargo de mayor rango designado por el Gobierno será el secretario de Estado para la UE, en el Ministerio de Exteriores. "Es un disimulo, una recepción de cortesía", opina otra fuente. "A ver qué puede contar un alto funcionario diplomático sobre el control judicial absoluto al que están sometidos los servicios secretos en España".
Efectivamente, fuentes europeas confirman a este diario que, según el derecho comparado, las leyes españolas son de las más avanzadas y garantistas entre los países de la Unión. Así lo explicó la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, durante su comparecencia en Bruselas ante el Comité PEGA, el pasado mes de noviembre.
"Cualquier escucha sin orden judicial es delito", recuerda un exministro, al habla con este diario y recordando el escándalo de las escuchas del (entonces) Cesid en los años 90. "En nuestro país, si no se destruye todo el material después de reunir la información para la que el juez autorizó la intervención, es delito".
Victimismo 'indepe'
Ésta es la cuarta delegación de la Eurocámara que visita España en los últimos meses -crímenes de ETA sin resolver, políticas de Igualdad y fondos europeos-. Estas misiones están formadas por diputados de todos los grupos, que trabajan bajo normas de discreción y sólo se comunican públicamente en dos formatos: con una rueda de prensa de conclusiones preliminares al término de la visita; y con un informe final, elaborado por consenso, habitualmente meses después del viaje.
En estas circunstancias, el relato que dominará durante los trabajos de la misión de europarlamentarios en Madrid será el del independentismo. Sus líderes políticos centrarán el foco los dos días de la misión.
Portada del informe 'El caso Pegasus. Una revisión crítica del informe 'CatalanGate' de Citizen Lab'.
Y eso que la base de toda su victimización en el llamado caso Pegasus ha quedado desacreditada.
No sólo porque tiene de vicepresidenta a una de las supuestas víctimas, Diana Riba (ERC). Sino porque el CNI ya informó en la Comisión de Gastos Reservados (secretos oficiales) del Congreso, donde Paz Esteban explicó que fueron los contactos de Aragonès con la insurgencia de los CDR y el Tsunami Democràtic lo que llevó al juez a autorizar la intervención de su teléfono.
Y sobre todo, porque, como publicaba EL ESPAÑOL este sábado, la misma Eurocámara ha publicado un documento de 237 páginas que describe, punto por punto, todas las inconsistencias del informe de Citizen Lab, bajo el nombre de CatalanGate.
Pero ante el bajo perfil de los representantes del Estado, los partidos independentistas han tomado la delantera. La delegación en Madrid del Gobierno autónomo de Cataluña ha convocado una rueda de prensa para este mismo lunes, en la Librería Blanquerna. En ella, los miembros de la Comisión de Pegasus del Parlament de Catalunya harán pública su versión del encuentro con la misión de la UE.
Así, la portavoz de Esquerra Republicana, Marta Vilalta; el portavoz de Junts, Josep Rius; y la diputada de la CUP Montserrat Vinyets, atraerán todos los focos el lunes 20 de marzo por la tarde. El martes por la mañana, la cita principal de los eurodiputados será el "Encuentro con las víctimas", según el programa oficial, a las 9.00 horas: las únicas tres personas invitadas son el citado Aragonès; Meritxell Serret, consejera de Acción Exterior y Unión Europea; y Ernest Maragall, concejal en el Ayuntamiento de Barcelona.
Los nombres de los tres aparecieron en el informe de Citizen Lab, ahora desautorizado. La inexistente cadena de custodia de las pruebas, la ausencia de métodos de comprobación de falsos positivos con grupos de control, o la falta de transparencia de los trabajos hacen que "no cumplan los requisitos mínimos para ser utilizado como base probatoria para los procedimientos jurídicos ni para las comisiones parlamentarias de investigación".
[El Parlamento Europeo investigará al Gobierno por "no colaborar" en esclarecer el caso Pegasus]
Sin embargo, políticamente, sirvieron para darle una ventaja negociadora a Esquerra Republicana sobre Moncloa, en el proceso de diálogo que ha corrido paralelo, toda la legislatura, a las mayorías parlamentarias que sostenían la estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez.
Tras "romper la confianza" hace un año, en el estallido del caso Pegasus, Aragonès forzó el "deshielo" con una cita de la llamada Mesa de diálogo en julio, que desembocó en las reformas legales que derogaron la sedición y rebajaron la malversación, el pasado diciembre.
Entretanto, en el Parlamento Europeo avanzaban los trabajos del Comité PEGA, dirigidos por la neerlandesa Sophie in 't Veld, que llegó a convocar una rueda de prensa para presentar un borrador de conclusiones que calificaba a España como "paraíso del espionaje", en sus palabras. Fuentes de todos los partidos constitucionalistas en la Eurocámara descalificaron el documento, "que compra las tesis independentistas, obvia las conexiones rusas, y da por verdades demostradas meras hipótesis sin demostrar".
La intoxicación rusa
"Quieren trasladar una imagen de España de país bananero, en la que se persigue a la gente por sus ideas", apunta uno de los miembros de la comisión. "Incluso, Toni Comin declaró como víctima, aunque se le había retirado de la lista de posibles investigados, atribuyendo sus iniciales a otro posible objetivo".
El Comité PEGA ya ha visitado tres países, en sus pesquisas: Hungría, Polonia y Grecia. "El Gobierno de España está actuando como el húngaro y el polaco, escondiéndose", apunta otro eurodiputado español que estará en la misión. "Es un error, ¡no tenemos nada que esconder!".
Pero esta actitud, lamentan fuentes del PP Europeo y de los liberales de Renew, da alas a las dudas sobre el uso en España de los programas espía. "In 't Veld propuso la creación de la comisión de investigación, porque está en una campaña interna en su país, y desea ponerse medallas de defensora de los derechos humanos, pero está actuando como aliada de quienes los atacan", apunta otra fuente europarlamentaria.
Y desliza un paralelismo sobre "las películas de espías". En ellas, recuerda, "el mejor activo que tienen los malos es aquél que trabaja para ellos sin saberlo o, más aún, creyendo que está haciendo el bien". Poco más o menos, eso es lo que los eurodiputados españoles creen que estar pasando con la Comisión PEGA.
"Si España ha usado Pegasus, ha sido con orden judicial. Y Citizen Lab simplemente se hace publicidad, con el altavoz de la Eurocámara y contratando para elaborar su informe a uno de los inductores de Tsunami Democràtic", lo que terminado "haciendo suyo un relato que no es verdad y desestabiliza a España y a la Unión Europea".
Coinciden fuentes socialistas, populares y de Ciudadanos que no defienden que se pueda espiar sin consentimiento judicial, "pero tampoco dar como cierto algo que es sólo una presunción de acusación".
Y uno de ellos recuerda el hackeo del Canal 24 Horas de RTVE para emitir una entrevista de Russia Today (RT) a Carles Puigdemont, en diciembre de 2019, como "la prueba más vistosa" de la intoxicación rusa en el procés. "Había numerosos servicios de inteligencia detrás de saber qué hacían los independentistas viajando a Moscú a negociar con Vladímir Putin".