El Gobierno extinguirá ahora la fundación religiosa de Cuelgamuros para expulsar a los monjes

La Ley de Memoria Democrática aprobada por el Gobierno recoge, en su artículo 54.5, que se declara extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos que ampara a los benedictinos. Sin embargo, la expulsión en firme se encuentra en un limbo porque, para hacerla efectiva, es necesario que se apruebe un real decreto que todavía está pendiente.

En el artículo 54.6 de la misma ley se establece que "mediante real decreto se establecerá el nuevo marco jurídico aplicable al Valle de Cuelgamuros que determine la organización, funcionamiento y régimen patrimonial. Bajo esa premisa, la presencia de los monjes es incompatible.

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La aprobación del real decreto es el paso natural y necesario para que el Gobierno concluya de manera definitiva la resignificación del Valle de los Caídos. Esta, cabe recordar, fue la primera gran promesa de Pedro Sánchez en cuanto llegó a la Moncloa por primera vez como presidente en verano de 2018.

Fuentes del Gobierno reconocen que la actitud que han mantenido los benedictinos y su prior, Santiago Cantera, con el Ejecutivo no ha sido muy constructiva. Basta la hemeroteca para corroborarlo: están, desde las trabas que pusieron durante el proceso de exhumación de Francisco Franco, a las misas organizadas en alusión al golpe de Estado de 1936 que derivó en la Guerra Civil.

Sin embargo, aún queda por resolver la fórmula jurídica a seguir. En 1958 la jefatura del Estado de la dictadura firmó un convenio con los benedictinos del monasterio de Silos en el que los religiosos se comprometían a gestionar el Valle a través de una comunidad formada por 20 monjes y sus novicios.

El pasado mes de enero el prior Cantera aseguró, en una entrevista a un medio religioso, que no sería fácil expulsar a los monjes benedictinos porque dicho convenio no se puede romper de manera unilateral por parte del Estado. "Haría falta la aprobación escrita y firmada desde la Santa Sede", dijo, porque es una abadía de derecho pontificio.

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Sin embargo, desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica pusieron en 2021 una denuncia que la Fiscalía remitió al Gobierno y en la que se aseguraba que la abadía estaba siendo ocupada ilegalmente.

Se argüía que dicho convenio quedaba extinguido al albur de la Ley de Régimen Jurídico del Estado de 2015, que establecía que todos los convenios que no fueran renovados antes de octubre de 2020 se declaraban automáticamente extinguidos.

Pero, antes de esta batalla legal, el Gobierno se va a centrar en exhumar al resto de víctimas que hay en el Valle. "Es uno de los objetivos fundamentales de la ley que los familiares de las víctimas puedan recuperar los restos de sus seres queridos y darles una sepultura digna. No es ideología, es pura humanidad", dijo Bolaños este viernes.

Sobre la exhumación de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange y considerado víctima de la Guerra Civil porque fue fusilado durante la contienda, pero cuyos restos hay que reubicar porque tienen un lugar prominente en la basílica, Bolaños ha dicho que permite "avanzar en dignidad".

"No es posible que una democracia avanzada y europea como la española tenga espacios donde se enaltezca a personas tan representativas del falangismo", ha añadido. Por decisión de la familia, sus restos serán trasladados hasta el cementerio de San Isidro, en Madrid, coincidiendo con el 120 aniversario del nacimiento de Primo de Rivera.