La Eurocámara detecta 16 deficiencias en la gestión de los fondos UE por parte del Gobierno de España

El dictamen, que se presenta este martes en el Comité de Control Presupuestario (CONT) de la Eurocámara, detecta hasta 16 deficiencias en la gestión de los fondos.

El documento, a cuyo borrador ha tenido acceso este periódico, observa una clara "falta de transparencia" en la información disponible sobre la ejecución de los fondos, una de las conclusiones que transmitieron los eurodiputados al acabar su vista de tres días a Madrid.

Lo que es más llamativo y novedoso es que la Eurocámara "lamenta" las trabas "preocupantes" que el Gobierno español mantiene a los trabajos de la Fiscalía Europea y de la Oficina Antifraude (OLAF).

Según el informe, se han identificado "problemas en curso con las autoridades españolas en relación con el acceso a los datos, los procedimientos para garantizar que las sospechas de delitos específicamente relacionados con los fondos de Recuperación y Resiliencia se informan a la Fiscalía Europea y la OLAF".

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Así, reprocha que "las autoridades españolas, en el momento de la misión, aún no hayan respondido al cuestionario de la Fiscalía Europea sobre posibles fraudes relacionados con el MRR".

El documento, de 23 páginas, reconoce que el Mecanismo -implantado a la salida de la pandemia en un maratoniano Consejo de casi cinco días, en julio de 2020- "es un instrumento nuevo y complejo". Y que su implementación "es muy exigente, para las autoridades españolas, para la Comisión Europea y para los posibles destinatarios de los fondos". Así lo admite la ponente, Monika Hohlmeier, presidenta del Comité CONT.

Monika Hohlmeier, presidenta del Comité CONT del Parlamento Europeo, en su despacho de Bruselas. ADP

La eurodiputada alemana presidió la misión de evaluación a España y, a las dos semanas, hizo una primera evaluación de los trabajos en una entrevista con este periódico. En ella, destacaba que, "precisamente por ser el MRR un instrumento novedoso", en el que Bruselas entrega el dinero antes de la ejecución, es misión del Parlamento Europeo velar por el éxito del modelo.

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Precisamente por eso, el Comité del Europarlamento recuerda que "la protección de los intereses financieros de la UE es una responsabilidad compartida que se basa en una estrecha cooperación entre el nivel de la UE y las autoridades españolas". Y una de sus integrantes, Eva Poptcheva (Cs), destaca que el documento "es crítico con la gestión" al tiempo que "propone acciones claras y precisas para mejorarla". 

Dos ejemplos

El texto pone dos ejemplos "preocupantes". Por un lado, inquiere sobre la rebaja del castigo a la malversación de fondos públicos, en la reforma del pasado mes de diciembre que también derogó el delito de sedición.

Hohlmeier ya preguntó a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y al ministro José Luis Escrivá en sus reuniones del pasado febrero "por qué se favorece" a los defraudadores, y aseguró no haber recibido una respuesta satisfactoria.

La alemana ha transmitido esta preocupación al comisario de Justicia, Didier Reynders, para que la incluya en su informe anual sobre el Estado de derecho en España. Y "si la Comisión ve problemas en España" de este tipo, advirtió la eurodiputada a este diario, "los fondos europeos se podrían someter a condicionalidad".

Así, el informe recuerda que el Comité de Control Presupuestario "tiene tolerancia cero con la corrupción" y se remite a las consultas ya enviadas también por escrito al Gobierno "sobre los cambios recientes en el Código Penal". El texto pide al Ejecutivo español "que garantice que su legislación está en consonancia con este principio de tolerancia cero y que vele por que no haya excepciones".

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Aquí es donde aparece el segundo ejemplo, más concreto en este caso: las sospechas de que ya ha podido haber fraudes en la gestión de los fondos de recuperación, como en el llamado 'caso Mediador', al que se refería Hohlmeier en su entrevista. Y por eso reclama al Gobierno de coalición "que garantice que la Fiscalía Europea recibe informes oportunos sobre sospechas de fraude que afecten a los fondos del MRR".

"Inseguridad jurídica"

El informe se presenta este martes, en la reunión ordinaria del Comité de Control Presupuestario, y previsto para las 15.45 horas. Después de ser presentado por Hohlmeier ante el pleno de CONT, el documento se someterá a debate entre los eurodiputados. Después, se abrirá un periodo de una semana para que los distintos grupos políticos envíen recomendaciones y comentarios al texto, antes de llegar a un acuerdo para el informe final.

El texto detalla otras irregularidades, referidas, por ejemplo, a la decepcionante "evaluación de la llegada de los fondos a la economía real", e incluso a la posible falta de rigor de las evaluaciones del Ejecutivo comunitario. Así, responsabiliza a la Comisión de no haber logrado que España elimine "trabas administrativas y burocráticas" para garantizar "un acceso justo, rápido y completo a los fondos".

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También se detiene en la pregonada "cogobernanza" del Plan de Recuperación español, que algunos de los representantes autonómicos y todos los empresariales y sectoriales criticaron durante los días de la misión de evaluación. El informe señala "la necesidad de mejorar el enfoque de cogobernanza y la participación" de todos los agentes interesados "en el diseño y la implementación" del mecanismo.

Según el Parlamento Europeo, las autoridades españolas "manifestaron sus esfuerzos en este ámbito". Pero varias Comunidades Autónomas se quejaron de que "sus propuestas no se tuvieran en cuenta o incluso se rechazaran sin recibir una razón por la que no se valoraran".

Éste fue el caso de Javier Fernández-Lasquetty, consejero madrileño, que acudió con un documento en el que desglosaba todos los proyectos "presentados y desoídos". En ese sentido, destaca que la Eurocámara valore el Spain Neurotech Center como "un proyecto faro". El proyecto de la Universidad Autónoma de Madrid es, para los eurodiputados, "un gran ejemplo de colaboración y éxito" porque, además, "tiene relevancia internacional para la Unión".

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Finalmente, el informe reseña "alta complejidad de las licitaciones" y de otros procedimientos administrativos, que se consideraron "inflexibles y burocráticos". A este respecto, señala que "se necesita una mayor capacidad administrativa para garantizar la rápida ejecución del plan". Especialmente, dado que el Gobierno ya ha anunciado su intención de presentar la adenda al Plan para solicitar el tramo de más de 70.000 millones en préstamos, del total concedido a España.

A este respecto, la Eurocámara destaca que la queja habitual de todos los entrevistados que no formaban parte del Gobierno se centraba en la dificultad para acceder a la información en tiempo y forma: "Demasiados datos sin posibilidad de trazabilidad", explicaba Hohlmeier.

Según el Europarlamento esto está provocando "inseguridad jurídica en los procedimientos" para las licitaciones y conflictos de intereses. Potencialmente, la "interpretación demasiado amplia" de estos conceptos legales "ha ralentizado la ejecución de los fondos". Y por eso, el informe reclama a la Comisión Europea "que se pronuncie sobre esta falta de claridad" para adecuarla estrictamente al interés real, económico y financiero de la Unión.

Poptcheva, que formó parte de la delegación, concluye que "si el Gobierno hace los deberes que le encomendamos desde el Parlamento Europeo, mejoraría rápidamente" la ejecución de los fondos. "Se lo debemos a los ciudadanos y a las empresas, que llevan esperando desesperadamente esta ayuda desde 2020. Y se lo debemos a nuestros socios europeos, que han confiado en España para llevar a cabo reformas e inversiones imprescindibles para el futuro".