Un banco malasio alertó de que Luceño y Medina cobraron una comisión del 60% por las mascarillas

Así lo recoge el último informe policial enviado al Juzgado de Instrucción número 47 de la capital, que investiga la supuesta estafa sufrida por el consistorio madrileño al inicio de la pandemia.

El dosier refleja que la entidad bancaria preguntó a San Chin Choon, el empresario malasio que suministró estos artículos, por las elevadas comisiones de "los agentes españoles". Concretamente, Medina y Luceño se embolsaron el 59,8% del valor de las mascarillas y el 70% del de los test antiCovid. O lo que es lo mismo: un total de casi siete millones de dólares por ambas operaciones. Y así lo subrayó MayBank en su e-mail, en el que pidió explicaciones por este hecho.

Correo electrónico de MayBank a Leno, rebotado luego por Anthony a Luceño. EL ESPAÑOL

El 6 de mayo de 2020, el asiático Anthony, que ejerció de intermediario entre San Chin Choon, y Luceño, reenvía dicho correo electrónico a este último. "Anthony le hace partícipe del correo que el Banco de Malasia envía a Leno [la empresa propiedad de San Chin Choon] pidiendo explicaciones por las altas comisiones", señala el informe policial.

"Además, le explica que el tema ha de tratarse con cuidado para evitar que el Banco Central abra un expediente por investigación de blanqueo, lo que afectaría a todos", añade. Es por eso por lo que Anthony sugiere entonces retrasar las transferencias de Leno a Luceño y Medina.

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En un correo posterior, Anthony avisa al empresario español. "Si se eleva el asunto a la MACC (Comisión Anticorrupción de Malasia), tenemos que impedir que abra expediente. Una vez abierto el expediente, seréis investigados por el Gobierno español, lo que os meterá en un gran problema. El caso no afectará mucho a Leno, ya que el beneficio de Leno es sólo alrededor del 10%, mas no queremos que eso suceda así...", indica este segundo e-mail.

"Si se lleva el caso a la Autoridad Monetaria de Malasia, abrirá un expediente por blanqueo de dinero, lo que será un problema para ti y para Luis, ya que la mayor parte del dinero vuelve a España", advierte Anthony a Luceño. El asiático, de hecho, sugiera utilizar "el método de la puerta trasera" para desbloquear los fondos y solucionar el problema.

"Dicho método (...) no sería otro que pagar una cantidad indeterminada de dinero a las entidades públicas o privadas competentes para la cancelación del expediente que mantendría el capital [de Leno] inmovilizado para que el mismo se libere y se pueda transferir", explica la Policía en su informe enviado al Juzgado.

En e-mails posteriores, Alberto Luceño exige a Anthony que Leno pague la comisión a Luis Medina por su intervención en la operación. Pero la empresa malasia tiene parte de sus fondos bloqueados, por lo que el pago se retrasa. Luceño llega a mentir al intermediario asiático, al que le indica que Luis Medina "es importante en el Gobierno de España". En realidad, se trata de un aristócrata, hermano del actual duque de Feria, e hijo de la exmodelo y socialité Naty Abascal.

Fotomontaje de los dos imputados en el 'caso Mascarillas: Luis Medina (i) y Alberto Luceño (d) Europa Press

Inlcuso, Luceño ofrece su empresa, Takamaka SL, para que Medina reciba su comisión. "Necesito cobrar lo que falta de Luis. Aunque sea poco a poco, necesito ingresos mensuales. Tengo que hacer una factura a Leno por consultoría a través de Takamaka (...) y luego yo lo puedo arreglar con Luis. (...) Sería entre 15K [15.000 dólares] y 25K por mes", le indica el empresario español a Anthony.

Tras analizar estas conversaciones, la Policía concluye que "esta propuesta no parece responder un negocio real, sino a una mera justificación". "Todo ello viene a mostrar el ánimo de ocultación y engaño de los interlocutores en lo referente a muchos extremos que componen la operativa comercial investigada", finaliza el documento.

'Caso Mascarillas'

A principios de abril de 2022, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra Alberto Luceño y Luis Medina. En ella, el Ministerio Público relataba que ambos "inflaron" el precio de tres contratos sanitarios con la funeraria municipal de Madrid, la empresa pública encargada de adquirir los guantes, mascarillas y test contra el coronavirus.

Lo habrían hecho —a ojos de Fiscalía— "de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico". Y entregaron al consistorio material defectuoso o que no cumplía con lo acordado.

La funeraria pagó por todos los artículos unos 11 millones de euros de dinero público. Luis Medina cobró 912.742 euros como comisión, a razón de un dólar por cada mascarilla entregada.

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Su labor se habría limitado a ofrecer material al Ayuntamiento y a facilitar un contacto que, a su vez, recibió, gracias a una amiga en común, por parte del primo del alcalde de Madrid. El empresario Alberto Luceño, en total, se embolsó más de cinco millones de euros por los tres contratos.

Recientemente, el juez de esta causa, ha propuesto sentar a los dos investigados en el banquillo de los acusados. En el auto en el que procesa a ambos, señala que "hacia el 20 de marzo de 2020, en el peor momento de la pandemia de la Covid, y con miles de muertos por su causa en España, sin que se hubiesen descubierto las vacunas contra esta enfermedad, (...) aprovechando la imperiosa necesidad que tenía el Ayuntamiento de Madrid de obtener material sanitario para hacer frente a la pandemia, los investigados, de común acuerdo, obtuvieron un plan para obtener, con la excusa del altruismo, el mayor beneficio económico posible, a costa del erario municipal".

Luceño también ha sido procesado por un supuesto delito fiscal, ya que habría defraudado a la Hacienda Pública más de 120.000 euros que debió haber pagado como IRPF —y no mediante el Impuesto de Sociedades, menos gravoso— tras cerrar aquella venta.