España ha aceptado su participación en una iniciativa impulsada por Estados Unidos para que migrantes que quieren salir de sus países en Latinoamérica sean asesorados en centros de migración ubicados en Guatemala y Colombia. Allí serán aconsejados sobre las vías legales para asentarse en otro país, tratando de evitar los peligrosos viajes que estas personas realizan por el continente para cruzar la frontera estadounidense.
EEUU prevé que los centros estudien entre 5.000 y 6.000 solicitudes cada mes. Los aptos viajarán de forma legal a EEUU, Canadá y España, según los casos. El Gobierno español no ha proporcionado cifras estimativas del número de personas que podrían recalar en España ni cuándo se pondrá en marcha la iniciativa.
Se trata de una propuesta que va a poner en marcha Estados Unidos para minimizar la inmigración irregular que llega a sus fronteras. La medida contará con la colaboración del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que serán los encargados de asesorar a los migrantes interesados en abandonar sus países.
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EEUU va a instalar dos nuevos centros en Guatemala y Colombia, aunque mantiene conversaciones para ampliarlo a otros estados de la región. Allí, los migrantes que quieran emigrar al país norteamericano podrán recibir información de ACNUR o la OIM en función de sus circunstancias personales y familiares. Posteriormente serán entrevistados por representantes de alguno de los países de acogida que han firmado el acuerdo con la Administración Biden -Canadá y España, por el momento, según representantes del gobierno estadounidense-, quienes evaluarán la posibilidad de acogida.
En el caso español, se estudiará si los interesados reúnen los requisitos para alguno de los supuestos, como la protección internacional, los permisos de trabajo y de residencia o de reagrupación familiar.
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La medida de EEUU viene a complementar otras similares de la Casa Blanca, como un programa que permite a 30.000 migrantes al mes llegar al país legalmente por avión desde Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. También han intensificado la recepción de extranjeros por vías legales con mecanismos como el Programa de Admisión de Refugiados.
"Reforzar las alianzas con América"
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones considera que se trata de "una oportunidad para reforzar las alianzas históricas de España con los países de América Central y del Sur", y de impulsar "las vías de migración regular, ordenada y segura".
Por su parte, fuentes del Consejo de Ministros inciden en que se trata de un gesto de "solidaridad" con los migrantes y que beneficiará a la imagen de España ante la Unión Europea a la hora de negociar el nuevo Pacto de Migración y Asilo.
La presidencia española del Consejo -de julio a diciembre- está comprometida con sacarlo adelante, y Moncloa pretende que se base en un equilibrio entre los principios de "solidaridad y responsabilidad" pasando, siempre, por acuerdos con los países emisores y de tránsito.
El acuerdo con EEUU se da a conocer dos semanas antes de la visita del presidente español, Pedro Sánchez, a la Casa Blanca, donde departirá con su homólogo estadounidense, Joe Biden, sobre la situación de la guerra en Ucrania. También está previsto que traten la cooperación en la región de América Latina y el Caribe, así como la forma de afrontar "retos globales como la emergencia climática y la defensa de la democracia y de un orden internacional basado en reglas", según indicó el Gobierno español.
La política migratoria dual de EEUU
La iniciativa estadounidense se enmarca en la doble vía para combatir la inmigración irregular que Joe Biden puso en marcha desde su llegada a la Casa Blanca en 2021, compaginando la deportación de migrantes irregulares con acuerdos internacionales para impedir la salida de los países de origen.
"Nuestra frontera no está abierta y no lo estará después del 11 de mayo", ha declarado el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, aludiendo a la fecha en que decaerán las medidas de protección fronteriza extraordinarias tomadas durante los primeros compases de la pandemia de Covid-19.
Como consecuencia, Estados Unidos prevé acelerar en los próximos días las deportaciones, llegando a triplicar el número de vuelos fletados con personas expulsadas del país, según previsiones de Seguridad Nacional.
Al mismo tiempo, Biden trata de ultimar una nueva regulación migratoria que permita expandir las restricciones llevadas a cabo en estos tres últimos años, ya que ha supuesto que la migración irregular hacia el país haya disminuido notablemente. Entre las medidas, al inmigrante que sea atrapado y deportado se le impondrá además una prohibición de cinco años de entrada al país.
El secretario de Estado, Antony Blinken, ha recordado en rueda de prensa que están fomentando la inversión privada en los países emisores de migrantes para evitar que esas personas "tengan que dejar sus casas". A ello ha añadido la asistencia humanitaria concedida a la región el pasado año por valor de 1.200 millones de dólares y el compromiso de colaborar en la formación y equipamiento de medio millón de sanitarios locales en los próximos cinco años para mejorar las condiciones de salud de la población.
El otro ala de la prevención migratoria consiste en acuerdos como el anunciado este jueves, o de financiación de países de la región para que controlen estos movimientos migratorios o los acojan allí. Blinken ha ensalzado en este sentido la labor de Colombia, que ha dado "un estatus de protección temporal de 10 años a aproximadamente 2,5 millones de venezolanos".