Bruselas obligará al Gobierno de Pedro Sánchez a endurecer las penas por malversación que rebajó para contentar a sus socios de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). La Comisión de Ursula von der Leyen ha presentado este miércoles una propuesta de directiva cuyo objetivo es armonizar las definiciones de los delitos relacionados con la corrupción en la Unión Europea y aumentar las sanciones penales contra los responsables.
De aprobarse sin cambios, la directiva obligaría a dar marcha atrás a la reforma de la malversación aprobada en diciembre con los votos del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos y sus socios parlamentarios. El motivo es que la nueva norma europea establece que la pena máxima para los delitos de malversación debe ser de al menos cinco años de prisión.
"Lo que hace la propuesta es establecer que para los delitos de malversación la pena máxima tiene que ser de por lo menos cinco años, haya o no ánimo de lucro y se trate de sector público o privado", explican a EL ESPAÑOL fuentes comunitarias.
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En España, el tipo general de malversación contempla penas de prisión de entre dos y seis años, que en principio sí se ajustarían a lo que establece la directiva. Sin embargo, el Gobierno de Sánchez introdujo en la reforma de diciembre dos tipos atenuados de malversación, ambos con penas máximas inferiores al umbral que exige ahora Bruselas. Una rebaja que había solicitado ERC para beneficiar a Oriol Junqueras y a otros acusados por el procés.
En primer lugar, la reforma rebaja las sanciones a un máximo de tres años de prisión para la autoridad o funcionario público que destine a usos privados el patrimonio público puesto a su cargo, pero lo haga sin ánimo de lucro. El segundo tipo atenuado de malversación contempla una pena máxima de cuatro años para la autoridad o funcionario público que dé al patrimonio público que administra una aplicación pública diferente de aquella a la que esté destinado.
Pese a esta reforma, el Tribunal Supremo se ha negado a rebajar las penas para los líderes del procés. Con la directiva anticorrupción de Bruselas, el Gobierno de Sánchez tendrá que dar marcha atrás en la rebaja de la malversación y aumentar las penas máximas a cinco años también en el caso de estos dos tipos atenuados.
La propuesta de directiva incluye una definición común de malversación para todos los países de la UE. Se trataría de "la asignación, desembolso, apropiación o uso por parte de un servidor público de bienes cuya gestión le ha sido encomendada en contra de la finalidad a la que estaban destinados".
También hay malversación en caso de "asignación, desembolso, apropiación o uso en el curso de actividades económicas, financieras, negocios o actividades comerciales, por parte de una persona que dirige o trabaja, en cualquier capacidad, en una entidad del sector privado, de bienes cuya asignación se le ha encomendado de forma directa o indirecta en contra de la finalidad a la que estaban destinados".
La directiva también armoniza la definición y el umbral de penas máximas para otros delitos relacionados con la corrupción: sobornos en el sector público y privado, tráfico de influencias, abuso de poder, obstrucción de la justicia y enriquecimiento ilícito.
"Estas medidas elevarán el listón en cuanto a las definiciones y las sanciones aplicables a los delitos de corrupción en toda la UE y ayudarán a las autoridades a atrapar y castigar a los delincuentes, ya sean del sector público o privado, sin importar donde se cometen los delitos de corrupción", ha dicho la vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourova, promotora de esta propuesta.
La propuesta de directiva todavía tiene que ser negociada y aprobada tanto por los Gobiernos de los Veintisiete como por la Eurocámara y podría sufrir modificaciones durante su tramitación.