Bruselas desautoriza la rebaja de la malversación y el PP lo califica de "rapapolvo" a Sánchez

La Comisión Europea de Ursula von der Leyen ha convertido la lucha contra la corrupción -que cuesta al menos 120.000 millones de euros anuales a la economía europea- en una de las prioridades de su mandato, con un plan de acción presentado este miércoles cuya principal novedad es aumentar las sanciones contra los responsables.

La iniciativa va en la dirección opuesta a la que tomó Sánchez para contentar a sus socios de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), y así lo ven en el PP. "Bruselas enmienda la plana al Gobierno. Veamos si acatan ese planteamiento con el mismo entusiasmo que celebraron el escrito del comisario de Medio Ambiente [sobre Doñana]", señalan en fuentes de la dirección del partido.

"España no puede ser a ojos de nuestros socios un paraíso para los corruptos, y menos tras exhibir durante meses una cierta condescendencia legal con violadores y agresores sexuales", añaden.

Además, recuerdan que este "rapapolvo" a Sánchez llega sólo "dos meses antes de que asumamos como país la Presidencia de la UE".

Desde el Gobierno restan trascendencia a la incitativa de Bruselas, recuerdan que la directiva todavía no ha sido aprobada y que, si así fuera, se adaptaría la ley. En cualquier caso, aseguran las fuentes consultadas, eso no ocurriría antes de la próxima legislatura.

El comisario de Justicia, Didier Reynders, ya anunció en enero que estudiaría si la reformal de la malversación de Sánchez vulnera las normas antifraude comunitarias, en particular por lo que se refiere a la protección de los intereses financieros de la UE. Una investigación cuyos resultados se conocerán cuando se publique el informe sobre la situación del Estado de derecho en España en julio, justo al inicio de la presidencia española del Consejo.

[Bruselas estudia si la reforma de la malversación de Sánchez viola las reglas antifraude]

Ahora el Ejecutivo comunitario va un paso más allá con una propuesta legislativa que, de aprobarse sin cambios, obligaría al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos a dar marcha atrás en la reforma de la malversación y aumentar de nuevo las penas para los corruptos. 

"Estas medidas elevarán el listón en cuanto a las definiciones y las sanciones aplicables a los delitos de corrupción en toda la UE y ayudarán a las autoridades a atrapar y castigar a los delincuentes, ya sean del sector público o privado, sin importar donde se cometen los delitos de corrupción", ha dicho la vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourova, promotora de esta propuesta.

Definición común de malversación

La nueva norma europea -que debe ser negociada y aprobada por los Gobiernos de la UE y por la Eurocámara, y que por tanto está sujeta a cambios- señala que la pena máxima para los delitos de malversación debe ser de al menos cinco años de prisión.

"Lo que hace la propuesta es establecer que para los delitos de malversación la pena máxima tiene que ser de por lo menos cinco años, haya o no ánimo de lucro y se trate de sector público o privado", explican a EL ESPAÑOL fuentes comunitarias.

En España, el tipo general de malversación contempla penas de prisión de entre dos y seis años, que en principio sí se ajustarían a lo que establece la directiva. Sin embargo, el Gobierno de Sánchez introdujo en la reforma de diciembre dos tipos atenuados de malversación, ambos con penas máximas inferiores al umbral que exige ahora Bruselas. Una rebaja que había solicitado ERC para beneficiar a Oriol Junqueras y a otros acusados por el procés.

En primer lugar, la reforma rebaja las sanciones a un máximo de tres años de prisión para la autoridad o funcionario público que destine a usos privados el patrimonio público puesto a su cargo, pero lo haga sin ánimo de lucro. El segundo tipo atenuado de malversación contempla una pena máxima de cuatro años para la autoridad o funcionario público que dé al patrimonio público que administra una aplicación pública diferente de aquella a la que esté destinado.

Pese a esta reforma, el Tribunal Supremo se ha negado a rebajar las penas para los líderes del procés. Con la directiva anticorrupción de Bruselas, el Gobierno de Sánchez tendrá que dar marcha atrás en la rebaja de la malversación y aumentar las penas máximas a cinco años también en el caso de estos dos tipos atenuados.

La propuesta de directiva incluye una definición común de malversación para todos los países de la UE. Se trataría de "la asignación, desembolso, apropiación o uso por parte de un servidor público de bienes cuya gestión le ha sido encomendada en contra de la finalidad a la que estaban destinados".