La Junta Electoral expedienta a la portavoz y el Gobierno defiende su derecho a criticar al PP

Se trata de la denuncia del PP para que el Gobierno no utilice la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la Moncloa para atacar a la oposición y para exhibir los logros del Ejecutivo cuando haya abierto un proceso electoral, como ocurre en este momento.

Enfrente, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, defiende su derecho a responder a las críticas de la oposición y a las preguntas de los periodistas, incluso en periodo electoral.

[El Gobierno acusa al PP de actuar como "partido antisistema que deslegitima" instituciones]

El PP ya ha denunciado a la portavoz tres veces, y lo hará este jueves por cuarta vez. Y la Junta Electoral Central ya ha abierto un expediente a la ministra y ha apercibido dos veces a la ministra portavoz, por entender que ha roto la neutralidad institucional al lanzar críticas a la oposición desde la Moncloa.

Tras la primera rueda de prensa del 4 de abril, se estimó la reclamación del PP y se advirtió a la ministra. En la segunda, del 18 de abril, también se estimó, con nueva advertencia (no pudo ser sanción porque el primer acuerdo de la JEC fue posterior a esta segunda rueda de prensa y aún no había sido "advertida"). Y por una tercera reclamación ha sido expedientada la ministra portavoz y ha advertido a la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, por la rueda de prensa del 25 de abril.

Esta resolución se dará a conocer hoy jueves.

Pese a ese reiterado apercibimiento de la Junta Electoral, Isabel Rodríguez volvió a cargar ayer contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Lo hizo a propósito de la reunión del líder del PP con la Asociación de Fiscales y para valorar los incidentes en la recepción oficial de la fiesta del Dos de Mayo. Rodríguez llegó a acusar al PP de ser "un partido antisistema" que cuestiona la legitimidad del Gobierno.

La Ley Electoral señala que "toda infracción de las normas obligatorias establecidas en la presente Ley que no constituya delito, será sancionada por la Junta Electoral competente. La multa será de 300 a 3.000 euros si se trata de autoridades o funcionarios y de 100 a 1.000 si se realiza por particulares".

Fuentes de Moncloa explican que defienden "la institucionalidad de las ruedas de prensa tras el Consejo de Ministros. La JEC no debe modificar el reglamento de una rueda de prensa, que es el de las preguntas de los y las periodistas".

"Desigualdad de armas"

"Nosotros defendemos que en el turno de preguntas, la portavoz conteste al PP cuando justamente se le pide valoración. No poder responder al PP sería una evidente desigualdad de armas del Gobierno ante el partido de la oposición", añaden estas fuentes.

De hecho, el Gobierno ha presentado ya tres escritos de alegaciones a la Junta Electoral, a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

"Dichas declaraciones resultan plenamente apropiadas en el marco de la presentación de un informe, y ajustadas a nuestro ordenamiento electoral", se asegura en uno de los documentos.

La Junta Electoral Central ha declarado reiterada y recientemente (por todos, Acuerdos 36/2022, de 3 de febrero, y 41/2022, de 10 de febrero) que la existencia de un proceso electoral en curso no interrumpe el funcionamiento normal de las administraciones públicas. En el caso que nos ocupa, la existencia de una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros constituye, sin ningún género de dudas, una parte del normal funcionamiento de nuestro poder ejecutivo", se insiste en la argumentación.

En otro momento, se afirma que estas ruedas de prensa posteriores a los Consejos de Ministros, en la que el Gobierno contesta las preguntas formuladas por los periodistas, "han dado lugar a una práctica que se ha mantenido de manera ininterrumpida, hasta donde tiene conocimiento quien suscribe, durante toda la andadura democrática desde 1978, incluso en el curso de procesos electorales".

E insiste en que "la obligación que recae en los representantes del Ejecutivo, y de manera singularizada en la persona que ostenta la portavocía, de contestar a las preguntas de los medios acreditados es una parte nuclear de las ruedas de prensa y de la normal fiscalización que los medios de comunicación llevan a cabo del Gobierno como elemento de transparencia".

Defiende también que someterse al control de los medios de comunicación "es una manifestación de la misma esencia de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 20.1.a y 20.1.d de la Constitución, y de absoluta normalidad democrática".

Moncloa invoca el "principio de igualdad de armas" y asegura que considerar que en un periodo electoral no se debe contestar a las preguntas que realicen los medios o ha de cercenarse la posibilidad de que el Gobierno pueda contestar "desnaturalizaría la misma esencia de las ruedas de prensa, lo que en el largo plazo terminaría perjudicando el derecho a la información veraz de los electores, que siguen aún en periodo electoral teniendo derecho al mismo". 

La Junta Electoral admitió en su escrito que la ministra habló a preguntas de los periodistas, en contra de lo asegurado por el PP en su denuncia.

Esta pugna entre el Gobierno y el principal partido de la oposición se mantendrá hasta las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, y volverá a producirse en octubre, cuando se convoquen las elecciones generales de diciembre. La ley impide que en ese periodo electoral el Gobierno participe en actos que supongan exhibir los logros de su gestión.

En concreto, el artículo 50.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General señala que "desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones".