El Gobierno ya admite que al rebajar la malversación no se buscó la "adaptación al ordenamiento de la UE"

El pasado noviembre, las dos formaciones que sustentan al Ejecutivo impulsaron una proposición de ley orgánica de nombre larguísimo: "Transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso".

La iniciativa provocó la ruptura de la negociación entre el PP y el PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional (TC). Esteban González Pons, negociador por parte popular, ya había cerrado nombres y cargos con Félix Bolaños, ministro de la Presidencia.

Fuentes del entorno del vicesecretario institucional del PP acusaron al mano derecha de Pedro Sánchez de haberlo "engañado" negando que, a la vez, estuviese cerrando con Esquerra esta reforma. Oriol Junqueras, líder republicano, incluso presumió ante la ejecutiva de ERC de su logro y la bronca fue tal que hasta el presidente del Gobierno acabó acusando al PP y a "la mayoría conservadora del Constitucional" de urdir "un burdo complot".

Ahora, el entorno de Alberto Núñez Feijóo sostiene que "esta propuesta de la Comisión Europea supone una advertencia en toda regla al Gobierno de Sánchez de que Europa no va a permitir que se rebajen las penas a los corruptos por intereses partidistas con tal de mantenerse en el poder".

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Un portavoz del presidente popular, en conversación con este periódico, concluía que "parece que Bruselas se apunta a derogar el sanchismo". Ya que si en la reforma penal del sólo sí es sí fueron los tribunales los que "dieron la razón" al PP, ahora está siendo la Comisión Europea. "Ya advertimos de que lo que buscaba el presidente del Gobierno no era lo que decía el título de la proposición de ley, sino atacar al Tribunal Supremo y hacerle un cariñito a Junqueras y sus secuaces".

Siguiendo esta argumentación, el Partido Popular se ofrece a "corregir el problema". Según esta misma fuente, "si Sánchez quiere, le damos nuestros votos para cumplir con lo que, de verdad, exige Europa. Y si no, será Feijóo quien lo haga", al llegar al Gobierno. "Pero de una manera o de otra, esa ley se cambiará".

Contradicción en Moncloa

En menos de dos meses, España asumirá la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea, que este mismo jueves también pedía a la Comisión "reforzar la lucha contra la corrupción" por ser un elemento que "erosiona la democracia, el Estado de derecho y la confianza en las instituciones".

Y no habrá terminado el mandato español en el momento en el que Sánchez deba someterse a la reválida de las urnas, en las generales de diciembre.

Por eso, el proyecto legislativo anunciado el miércoles por Bruselas tiene mucho significado: si la UE quiere luchar contra la corrupción, en defensa del Estado de derecho, armonizando las penas que los Veintisiete aplican a la malversación de fondos públicos, es prueba de que eso todavía no estaba hecho.

Y por eso, también tiene mucho peso que el argumento esgrimido por el Gobierno para tratar de colocarse en el lado correcto de esta historia haya sido el siguiente: "Es una buena noticia que se armonice la legislación a nivel europeo", afirmó Sánchez en rueda de prensa, junto al presidente colombiano, Gustavo Petro.

Es decir, que el jefe del Ejecutivo admite que no era cierto aquello que alegaba su Consejo de Ministros a coro socialistas y morados impulsaron la derogación de la sedición y la rebaja de las penas por malversación.

Fue él mismo el primero en defenderlo, en una entrevista televisiva. "Queremos homologar nuestra regulación a los estándares europeos", defendían luego todos los líderes de PSOE y Unidas Podemos desde noviembre, cuando presentaron su proposición de ley, hasta el 22 de diciembre, en que se aprobó.

Horas antes, había sido su vicepresidenta primera la que usaba el mismo argumento: "Éste es, precisamente, uno de los pilares en los que hemos avanzado menos en la armonización", argumentaba Nadia Calviño. "Hay una gran diversidad, desde el punto de vista del sistema penal y de las penas aplicables a los distintos delitos en los distintos Estados miembros".

Dos propósitos

La Comisión Europea presentó esta iniciativa legislativa con dos propósitos. El primero, concreto, el de defender mejor los intereses financieros del Presupuesto comunitario: así lo reclamó el Comité de Control Presupuestario del Parlamento Europeo al regresar de su misión a España, el pasado febrero.

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El segundo motivo, reforzar la lucha contra el desvío y el mal uso político de esos fondos, ahora que -por primera vez en la historia- Bruselas está endeudándose en los mercados, con el aval mismo del Presupuesto de la Unión Europea. 

Es decir, que esto es consecuencia directa de la creación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), o lo que es lo mismo, la entrega de los fondos NextGenerationEU... de los que España recibirá casi 190.000 millones hasta el año 2026.

El comisario de Justicia, Didier Reynders, ya pidió información al Gobierno y advirtió de que incluirá la rebaja de la malversación en el Informe sobre el estado de derecho en España, que se publica en julio... justo cuando comienza la presidencia española de la UE. 

Por eso, fuentes europeas consultadas por este diario recuerdan que "los graves casos de desvío de fondos ocurridos en Hungría y Polonia" fueron los que "hicieron hecho saltar todas las alarmas en la Comisión" de inicio. Pero que "España no ha quedado al margen, y casos como los del Tito Berni también han levantado muchas suspicacias en las instituciones".

Es decir, que en Bruselas "resulta incomprensible que, precisamente cuando España va a recibir más dinero europeo, Sánchez rebajara las penas a aquellos que hacen un uso indebido de los fondos, como los separatistas catalanes previamente condenados por malversación", añade el exministro del PP Juan Ignacio Zoido, eurodiputado y miembro del Comité de Libertades Civiles y Asuntos de Justicia (LIBE).

"Queda ahora de manifiesto que, lejos de homologar la ley española con la europea, lo que pretendía Sánchez con su reforma era hacer un código penal al gusto de sus socios parlamentarios de Esquerra y Junts", concluye Zoido. 

¿Deberes hechos?

La propuesta de la Comisión sí le da la razón en una cosa al Gobierno de Sánchez, al distinguir entre la malversación para el lucro personal del responsable político y la que tiene otras motivaciones. A eso se agarraban tanto Sánchez como Calviño para defender que la iniciativa pillaba a España "con los deberes hechos, porque en nuestra reforma incorporamos el delito de enriquecimiento ilícito, que no está contemplado en otros países". 

En todo caso, Moncloa recuerda que esto no deja de ser un proyecto de directiva: "Hay que ver cómo evoluciona la negociación de esta normativa europea que, sin duda, hará que el conjunto de los Estados miembros nos tengamos que aproximar en un ámbito en el que el grado de armonización es menor que, por ejemplo, en el ámbito de la política fiscal", concluía la vicepresidenta económica.

Por su parte, Maite Pagaza, eurodiputada de Cs y vicepresidenta de LIBE, felicitó este jueves a Reynders y a la vicepresidenta de la Comisión Vera Jourová por su iniciativa. Eso sí, en sendas cartas les recordó que el Gobierno español "va en dirección contraria" en sus reformas, que "desmantelan la protección del Estado de derecho". Por esta razón, reclama que la Comisión repruebe la rebaja de la malversación aprobada por el Gobierno de Sánchez.