La consejera en funciones de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias y cabeza de lista de Sumar por Las Palmas, Noemí Santana, ha intentado eludir cualquier responsabilidad en la malversación de fondos públicos que la Fiscalía Anticorrupción investiga en los centros de menores inmigrantes de las Islas, a los que destinó 12,5 millones de euros de su departamento.
En la querella que ha presentado por malversación contra los directores de cinco centros de menas y la Fundación Respuesta Social Siglo XX, la Fiscalía destaca el "grosero incumplimiento de los deberes de supervisión, vigilancia y control" de estos fondos públicos por parte del departamento que dirige Noemí Santana.
La candidata de la coalición de Yolanda Díaz y secretaria general de Podemos en Canarias ha explicado, al respecto, que su Consejería se vio abocada a "contratar a cinco entidades y a abrir hasta 50 recursos de emergencia" para tutelar a casi 3.000 menores en una situación de "emergencia humanitaria".
"Sólo he perseguido en todo momento el bienestar de estos niños y niñas", señala en un artículo de opinión que ha publicado en la prensa canaria, recogido por Europa Press.
Noemí Santana añade que los contratos adjudicados por su departamento a la Fundación Respuesta Social Siglo XX para gestionar estos centros pasaron "todos los filtros técnicos y legales al efecto tanto por parte de la Intervención General de la Comunidad Autónoma como de la Viceconsejería de Servicios Jurídicos".
Pero lo cierto es que la propia Intervención de la Consejería de Derechos Sociales que dirige la candidata de Sumar advirtió en un informe en 2021 que dichos contratos habían sido aprobados "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".
El resultado ha sido un absoluto descontrol de los fondos destinados por el Gobierno canario a los centros de menas. La querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción el pasado 25 de mayo dice que los directores de los centros de menores efectuaron "innumerables y cuantiosas disposiciones de dinero en efectivo, traspasos a sus cuentas personales, pagos personales (como un tratamiento de belleza personal) con cargo a la tarjeta bancaria de los centros (...) y el apoderamiento de las cantidades dinerarias sufragadas por las Administraciones públicas de Canarias".
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El departamento que dirige Noemí Santana emitió un informe en el que aseguraba que la Fundación Respuesta Social Siglo XX ha prestado el servicio "a entera satisfacción", a pesar de las innumerables irregularidades detectadas ahora.
Al respecto, la candidata de Podemos y de Sumar señala que el informe fue redactado en realidad por "un técnico de la comunidad autónoma, más concretamente, un jefe de servicio". En caso de no haber firmado este documento de conformidad, alega, el ejecutivo autonómico no habría podido efectuar los pagos a la Fundación y "los menores acabarían en la calle".
Fruto de las inspecciones realizadas, la Consejería de Derechos Sociales se vio obligada a cerrar uno de los centros de menores inmigrantes que gestionaba la Fundación, el situado en Porto Bello, (Mogán), porque no reunía los requisitos mínimos de habitabilidad para los chicos.
El Gobierno canario ya ha anunciado que se personará como acusación en la causa judicial que investiga a los directores de los centros de menas y a la Fundación Respuesta Social Siglo XX. "Llegaremos al final de este asunto porque no hay nadie más interesado en aclararlo que este Gobierno y esta consejera que, en todo momento, solo ha perseguido el bienestar de estos niños y niñas", afirma Noemí Santana, "nuestro afán es la transparencia".
Un tratamiento de belleza
La Fiscalía Anticorrupción cita en su querella innumerables ejemplos del desvío de estos fondos públicos, que la Fundación transfería a cuentas gestionadas directamente por el director de cada centro de menores.
En algunos casos, utilizaban la tarjeta asignada a esta cuenta bancaria para sus gastos personales. Por ejemplo, en la compra de alcohol, tabaco, un tratamiento personal de belleza (1.500 euros) o incluso en la adquisición de un fármaco contra la disfunción eréctil. Anticorrupción recalca en su informe que, en ninguno de estos casos, se trata de productos destinados a los menores internados en los centros.
La investigación desarrollada por la UDEF también pone en evidencia el gasto desmedido en alquiler de coches o en gasolina. En tan sólo siete meses (desde junio a diciembre de 2021), la dirección del Centro de Memores Acoran, en la isla de Gran Canaria, justificó un gasto de 20.288 euros en gasolina.
Anticorrupción destaca que esta cifra equivale a un gasto de 3.385 euros al mes en gasolina o a un trayecto de 1.200 kilómetros diarios. En algunas ocasiones se llegaron a justificar hasta 12 repostajes de gasolina en un solo día, ocultando la matrícula del vehículo. Algo incomprensible, señala la fiscalía, cuando los 110 menores internos en el centro se trasladan en guagua o van a la escuela caminando.