Los diez obstáculos casi insalvables que esperan a Pedro Sánchez si pretende gobernar cuatro años más

Fuentes de la Moncloa explican que ya han sondeado a Junts y creen que el partido de Carles Puigdemont es proclive a cerrar un acuerdo y facilitar con el voto de sus diputados la nueva investidura de Sánchez. Oficialmente explican que las negociaciones formales no se han iniciado.

El presidente del Gobierno en funciones quiere que esa investidura se produzca a principios de septiembre y para eso necesita cerrar un acuerdo con Sumar, lo que parece muy probable para el PSOE, y luego tener el apoyo de los diputados de PNV, Bildu, BNG, ERC y Junts.

Tendrá en todo caso 178 diputados, es decir, una mayoría absoluta muy justa para gobernar y sacar adelante iniciativas parlamentarias.

Estos son, básicamente, los obstáculos que tendrá su pretensión de gobernar durante cuatro años con los 121 diputados del PSOE.

1. Superar la investidura

Una vez que el Rey le encargue la investidura, Sánchez tendrá que cerrar formalmente el acuerdo con todos los partidos representados en el Congreso salvo PP, Vox, UPN y Coalición Canaria. Para eso tendrá que firmar diferentes pactos que, además, debe hacer compatibles entre sí.

Ya el 17 de agosto tendrá que pactar con todos ellos para poder retener la Presidencia del Congreso que, además, será más necesaria que nunca para el PSOE porque desde ahí se controla la agenda de la Cámara.

Para tener el voto de Junts y ERC, Sánchez tiene la baza a su favor de que ambos partidos necesitan que el PSOE les facilite tener grupo parlamentario propio, porque no tienen derecho con sus resultados del 23-J. Hay muchos precedentes, por ejemplo con UPyD, que se le permitió sumar un diputado de Foro de Asturias en una ocasión y también se facilitó en otra legislatura que ERC y CiU lo tuvieran en Congreso y Senado.

Tener grupo propio les permite más medios económicos y personales, presencia en todas las comisiones del Congreso y en la Diputación Permanente, más tiempo para intervenir y mayor cupo para presentar iniciativas y hacer preguntas orales al Gobierno.

Moncloa explica que, a efectos prácticos, no hay diferencia entre negociar la abstención y negociar el voto favorable de Junts. En ambos casos se trata de lograr la investidura de Sánchez y evitar una repetición electoral que podría provocar un Gobierno de derecha y extrema derecha. Este último argumento es, según el Gobierno, el "pegamento de la investidura".

Es decir, que según el PSOE "es mayor el precio ante sus electorados de no permitir la investidura y facilitar que haya un Gobierno de derecha y extrema derecha que el precio para lograr su apoyo a Sánchez".

Además, el ministro Félix Bolaños ya ha contactado con Coalición Canria para tener el voto de su diputada y evitar así necesitar el voto a favor de Junts y que baste con su abstención.

2. Gobernabilidad y contradicciones

Sánchez tendría que apoyarse en casi una veintena de partidos si se tiene en cuenta que sólo Sumar reúne a unos 15. Cada iniciativa o decisión deberá ser negociada a muchas bandas. 

Con respecto a la legislatura que termina, el PSOE ha perdido margen de maniobra porque antes podía tener varias alternativas como Ciudadanos o utilizar a unos socios u otros según los asuntos. El PNV no estuvo en la ley de vivienda, y ERC y Bildu no estuvieron en la reforma laboral, por ejemplo. Podía jugar con abstenciones o rechazos concretos y así lo hizo.

Hay que tener en cuenta que Bildu y ERC son partidos de izquierdas, pero PNV no y, sobre todo, Junts no lo es. Por ejemplo, difieren en política fiscal y Junts nunca apoyaría medidas como los impuestos a la banca o a los grandes patrimonios. Su posición sobre economía es incluso más liberal y conservadora que la del PP.

Moncloa explica estos días que con esa exigua mayoría y tras la experiencia de la anterior legislatura, tienen la intención de rebajar el número de iniciativas legislativas. Aseguran que no habrá "leyes ideológicas", pero tampoco recortes de derechos como, según explican, habría con PP y Vox. 

3. Falta de votos en el Congreso

El bloque de investidura tendría 178 escaños en el Congreso y no podría permitirse más de dos ausencias ni tres votos en conciencia de los diputados para poder sacar adelante las iniciativas que requieran mayoría absoluta (176), por ejemplo, las leyes orgánicas.

El Gobierno de Sánchez tendría muy difícil aprobar nuevos Presupuestos en la legislatura y tendría que prorrogar los actuales. Tejer ese acuerdo a tantas bandas sería complicado.

Habría otro calvario en otro tipo de iniciativas, como las mociones o las PNL (Proposición No de Ley) y el PSOE tendría que acostumbrarse a perder este tipo de votaciones durante la legislatura, aunque sean simbólicas.

Por supuesto, sin el PP es imposible sacar adelante reformas de la Constitución como ya pasaba en la legislatura que ha acabado.

4. Mayoría del PP en el Senado

Los populares tienen mayoría absoluta en el Senado, lo cual no es determinante, pero sí complica la vida al Gobierno. La primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero el PP ya tuvo mayoría absoluta en el Senado frente a un Gobierno del PSOE.

Desde el Senado se pueden graduar los tiempos de tramitación, forzar comparecencias de miembros del Gobierno y altos cargos y, sobre todo, constituir comisiones de investigación contra el Ejecutivo. No podrían aprobarse reformas de Estatutos de autonomía, lo que puede suponer vetar acuerdos de Sánchez con sus socios nacionalistas o independentistas que supongan reformas estatutarias.

Otro efecto importante es que el Senado puede vetar iniciativas legislativas procedentes del Congreso. Ese veto se puede levantar luego en el Congreso, pero necesita mayoría absoluta de la Cámara Baja, o simple si se hace después de dos meses. Es decir, el Senado puede hacer que leyes ordinarias requieran mayorías absolutas en el Congreso o ralentizarlas dos meses.

Así lo dice el artículo 90 de la Constitución: "El Senado en el plazo de dos meses, a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o por mayoría simple, una vez transcurridos dos meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple".

Hasta 2004 no hubo vetos del Senado a Presupuestos. Los vetos fueron levantados luego en el Congreso y esta situación se repitió con las cuentas de 2005, 2008 y 2009 en tiempos de Zapatero. A veces para el Gobierno supone paradójicamente cierta tranquilidad porque evita reabrir en el Senado asuntos o enmiendas ya pactadas para los Presupuestos en el Senado.

Obviamente, el Senado lo presidirá el PP y podrá convocar debates del presidente del Gobierno con los presidentes autonómicos, aunque hace muchos años que no se celebran estos debates que el Reglamento de la Cámara dice que deben ser anuales.

5. Consejos interterritoriales

Sánchez tendrá que gobernar con la gran mayoría de las comunidades autónomas en manos del PP. De hecho, el PSOE sólo gobierna en Castilla-La Mancha, Asturias y próximamente en Navarra. En el País Vasco están en el Gobierno en coalición con el PNV.

Muchas decisiones del Gobierno tienen que pasar por los llamados consejos interterritoriales en los que están presentes todas las comunidades autónomas. Sus decisiones no son vinculantes, pero tienen también capacidad para dificultar la acción del Gobierno central.

El caso más llamativo es el de la financiación autonómica, que debe aprobarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde obviamente, el PSOE carece de apoyo. El sistema actual está caducado hace casi diez años y no parece probable que pueda cambiarse en esta legislatura.

También está el PSOE en minoría en la Conferencia de Presidentes, aunque no adopte decisiones ejecutivas, y perderá la presidencia de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) que tiene presencia en estos foros territoriales.

6. Falta de cohesión en Sumar

La coalición que encabeza Yolanda Díaz está formada por 15 partidos distintos, sin que se haya establecido aún un mecanismo de funcionamiento interno. De hecho, Podemos, que tiene cinco diputados, ha reclamado ya su autonomía para decidir en votaciones y hasta para negociar.

Es decir, esa falta de cohesión podría poner en situaciones difíciles al PSOE en votaciones trascendentes, porque habría que negociar con todos esos partidos.

El primer paso sería la designación de ministros de Sumar para ese Gobierno, porque Podemos puede exigir tener representación en el Consejo de Ministros.

Sumar prevé celebrar después del verano un congreso para unificarse en un partido y evitar estas situaciones. Aún no es seguro que todos acepten.

7. Elecciones en el País Vasco

En 2024 deben celebrarse obligatoriamente elecciones en el País Vasco y en Galicia.

En el caso del País Vasco es fundamental la rivalidad que, por primera vez, tienen Bildu y PNV por la hegemonía en el soberanismo vasco. En las generales, el PNV ganó en votos en el País Vasco, pero Bildu ha estado muy cerca y tiene un diputado más porque suma uno de Navarra.

Esa disputa puede interferir en la gobernabilidad, porque ambos partidos necesitan diferenciarse entre sí y respecto al PSOE. Hay que tener en cuenta que el PNV nunca ha tenido rival en la negociación en el Congreso a la hora de obtener beneficios para el País Vasco, pero ahora compite en eso con Bildu.

Ya al final de la legislatura que acaba de terminar hubo alguna disfunción y el PNV se desmarcó del acuerdo de la ley de vivienda, y hasta el Gobierno vasco la ha recurrido al Tribunal Constitucional.

8. Elecciones en Cataluña

Algo parecido ocurre en Cataluña, aunque legalmente sus elecciones no serían hasta 2025. La diferencia es que en este caso los dos partidos independentistas, ERC y Junts, han sufrido un notable retroceso electoral y el PSC los ha derrotado.

Hasta el punto de que es posible que tras las autonómicas el presidente de la Generalitat sea el socialista Salvador Illa. O, al menos, ese es el objetivo y la hoja de ruta de Pedro Sánchez para Cataluña, completando su estrategia que incluye la concesión de indultos y la reforma de los delitos de sedición y malversación.

ERC ha bajado notablemente por su posición negociadora con el Gobierno central y ahora debate internamente si debe modificar su estrategia y endurecer su posición independentista. Esa evolución afectaría también a la gobernabilidad.

Tanto para ERC y Junts como para PNV y ERC el Gobierno tendría una dificultad añadida ahora para negociar los Presupuestos porque debe repartir las concesiones para Cataluña y País Vasco entre dos partidos de cada comunidad.

9. Las exigencias de Bruselas 

La legislatura que arranca está condicionada por las relaciones con la Comisión Europea, como ya lo estuvo la que termina. Especialmente, en lo que se refiere a los fondos europeos.

Por una parte, hay que aprobar medidas exigidas por Bruselas que requieren mayorías parlamentarias y, además, hay que iniciar la devolución de una parte de los fondos que tiene forma parecida a créditos. 

Un ejemplo es el de los peajes para el uso de las autovías. El Gobierno tiene que negociar un método de recaudación para el mantenimiento de esas carreteras y una de las opciones es la de los peajes. Si Bruselas impusiera ese sistema, Sánchez tendría que llevarlo al Congreso y reunir una mayoría que le apoye.

Es decir, Sánchez tiene que pactar en Bruselas pensando en cómo poner de acuerdo a todos sus socios en el Congreso.

El peor de los escenarios para el Gobierno sería que Bruselas termine imponiendo reglas fiscales duras, es decir, recortes del déficit intensos. Para eso, Sánchez necesitaría o subir impuestos para recaudar más o reducir gasto y prestaciones sociales. Tendría que reunir mayorías con sus socios que, como queda dicho, tienen posiciones ideológicas muy diferentes.

10. El Poder Judicial

No es fácil que la nueva situación política traiga acuerdos para renovar el Consejo General del Poder Judicial, tras el bloqueo por parte del PP que cumplirá cinco años en diciembre y las pésimas relaciones entre los dos partidos mayoritarios.

En teoría, una vez que se constituyan los grupos parlamentarios a finales de agosto, estos podrían negociar un acuerdo que necesariamente tiene que incluir al PSOE y al PP. No hace falta que haya Gobierno.

Sánchez tendrá la ventaja de que el PP tendrá muy difícil defender el cambio de sistema de elección, porque requiere mayoría absoluta para cambiar la ley orgánica y, obviamente, no la tiene.

Esa situación de falta de acuerdos PSOE-PP afectará a otras instituciones porque, por ejemplo, el Senado tiene pendiente renovar una parte del Tribunal Constitucional y se producirán vacantes.