La España de la amnistía: Puigdemont y Junqueras podrían volver al poder y no devolverían el dinero

Puigdemont reclamará a los socialistas la amnistía de los condenados y encausados por el procés secesionista que lideró en 2017. Al margen del referéndum, la amnistía es en realidad la clave del arco, la pieza central sobre la que se sustentará todo lo demás y las consecuencias son amplias.

La más visible es que permitiría tanto a Carles Puigdemont como a Oriol Junqueras volver a presentarse a las elecciones e incluso volver a gobernar en Cataluña. Pero también beneficiaría a quienes fueron sus cargos intermedios, no tendrían que devolver el dinero con el que financiaron el procés, y los encausados por altercados violentos verán su delito 'olvidado'.

[Coalición Canaria abre la puerta a investir a Feijóo pero el PNV la cierra]

Amnistía proviene de "amnesia" y se diferencia del indulto en el sentido en el que no sólo perdona la pena, sino que borra el delito, como si nunca se hubiera cometido. Además, tiene naturaleza colectiva. Beneficia a los que han sido condenados, pero es el sueño de los que aún ni han sido juzgados, como el propio Puigdemont.

El expresidente de la Generalitat catalana sigue prófugo de la Justicia en Bruselas y, de lograr la concesión de la amnistía, podría regresar triunfal a Cataluña, ya que los delitos por los que está procesado habrían sido borrados. Ello se aplicaría también a los demás huidos, como los exconsejeros Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y la dirigente de ERC Marta Rovira.

Aunque Oriol Junqueras se benefició de la supresión del delito de sedición llevada a cabo por Pedro Sánchez a finales del año pasado, no consiguió despejar la inhabilitación. El Tribunal Supremo confirmó en su caso el delito agravado de malversación de fondos públicos, que no se vio afectado por la reforma del Gobierno.

Corrieron la misma suerte que Junqueras los exconsejeros catalanes Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. Con la amnistía, que también persigue ERC además de Junts -aunque los republicanos son más laxos para su apoyo a Sánchez-, esa inhabilitación quedaría exonerada.

El dinero malversado

Una eventual ley de amnistía eliminaría también la responsabilidad civil derivada de los delitos de malversación a los que se enfrentan actualmente los llamados 'segundos escalones' del procés. Éstos están encausados en distintos procesos ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la Audiencia Provincial de Barcelona.

Los cargos contra estos imputados y acusados, entre los que destacan colaboradores de Junqueras como Josep María Jové, Natalia Garriga o Lluis Salvadó, se centra, entre otros hechos, en la utilización de dinero público para financiar una actividad ilegal como fue el referéndum independentista del 1-O.

Por ese mismo concepto fueron condenados por el Tribunal Supremo en octubre de 2019 el exvicepresidente catalán Junqueras, Romeva, Bassa y Turull. El alto tribunal derivó al Tribunal de Cuentas la determinación de las cantidades totales desviadas y su reclamación, y el Tribunal de Cuentas tramita desde 2019 un procedimiento en el que, además de los fondos empleados para financiar el referéndum ilegal del 1-O, se han incluido los gastos destinados por la Generalitat a la promoción del proceso independentista en el extranjero a través de Diplocat.

Está previsto que el próximo 17 de noviembre el Tribunal de Cuentas juzgue por responsabilidad contable a 35 personas, entre ellas los cuatro condenados por malversación por el Tribunal Supremo y, además, el expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsejeros Comín y Puig, los tres prófugos de la Justicia.

[Jordi Juan, director de 'La Vanguardia': "Sánchez y Puigdemont saben lo que quieren y cómo lograrlo"]

El fiscal reclama que todos ellos devuelvan 3,4 millones de euros, cantidad que Sociedad Civil Catalana eleva a 5,3 millones.

El expediente de responsabilidad contable del que se encarga el Tribunal de Cuentas es independiente de los procesos penales relacionados por el procés, de manera que no es preciso ser condenado por el delito de malversación para que el Tribunal de Cuentas sí lo haga por un indebido menoscabo de caudales públicos.

Pero sería altamente improbable una condena del Tribunal de Cuentas por hechos amnistiados. Los efectos de la amnistía se extenderían previsiblemente a la responsabilidad contable, bien por disposición expresa de la ley o bien como resultado derivado del 'olvido' de todos los hechos relacionados con el proceso soberanista catalán.

De este modo, los implicados en el procés no tendrían que devolver ninguna cantidad de las que desviaron del erario público para intentar la secesión de Cataluña.

Los altercados violentos

Por último, la aprobación de una amnistía también incluiría a aquellos cuyos casos todavía están en fase de instrucción o sobre los que no se ha dictado una sentencia. El borrado de los presuntos delitos cortaría la investigación que la Audiencia Nacional está llevando a cabo a Tsunami Democràtic, el actor fundamental en la organización de las protestas callejeras por el procés.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acordó el pasado mes de julio prorrogar la investigación sobre este grupo, ya que había algunas diligencias pendientes. En concreto, las referidas al impacto económico de los daños causados por las protestas.

[El Tribunal Supremo mantiene la inhabilitación de Junqueras: no podrá ser candidato hasta 2031]

También quedarían amnistiados los particulares involucrados en las protestas. Esto es algo fundamental para Junts: no quieren dar la sensación de que buscan beneficios exclusivamente para la clase política, más aún con las elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina. Por eso, el entorno de Puigdemont cifra los encausados en 4.000 personas, un dato del que no hay constancia que sea verídico.

La amnistía, al ser colectiva y aplicada a un momento concreto, también podría eliminar el delito cometido por los manifestantes que agredieron a los agentes de la autoridad. En la primera semana de protestas tras la sentencia del procés hubo nada menos que 289 agentes heridos, algunos de ellos de gravedad.

El camino político

En su reciente entrevista con EL ESPAÑOL, el director de La Vanguardia, Jordi Juan, aseguró que Puigdemont cree poder conseguir una amnistía y algunos socialistas creen que se dará el caso. Lo dijo tras testear ambos ambientes y, de hecho, mediará entre Junts y el Gobierno en Funciones. "Sánchez y Puigdemont saben lo que quieren y cómo pueden lograrlo", aseguró.

Para que sea efectiva, la amnistía tiene que aprobarse como ley orgánica. Es decir, con una mayoría efectiva de 176 síes. El bloque de investidura que sería favorable a Sánchez cuenta ahora con 171 apoyos, a los que habría que sumar los siete de Junts... si el presidente en funciones impulsa esta medida de perdón total.

[Illa avisa: el PSOE no aceptará ni la amnistía ni la autodeterminación y no negociará con Puigdemont]

Si se consigue el apoyo suficiente en el Congreso, nada podría parar la norma. Aunque el PP tiene mayoría absoluta en el Senado, ello sólo serviría para retrasar la tramitación y devolverla a la Cámara Baja para retoques. Pero el Senado no tiene la capacidad de vetarla.

También sería previsible un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero la mayoría progresista en el órgano, previsiblemente, no bloquearía una reforma de Sánchez.

El PSOE, sin embargo, tendría que dirimir sus propias diferencias internas. Salvador Illa, líder del PSC y una de las voces más autorizadas entre los socialistas, ya dijo el 24 de julio, un día después de las elecciones, que la "amnistía y la autodeterminación" que piden Junts "no son factibles".

Sin embargo, no es la primera vez que Pedro Sánchez actúa en contra de la opinión de sus barones. Respecto a Cataluña, ya lo hizo con la reforma del delito de malversación y la eliminación del de sedición. El presidente argüiría que lo hace en pos de la convivencia en Cataluña, uno de los principales argumentos de sus dos últimas campañas electorales.