El portazo del PNV bloquea el plan Feijóo pese a la reacción positiva de Coalición Canaria y UPN

Aunque los populares intentan mantener un hilo de esperanza, el plan de Feijóo parece hoy una quimera, después de que Andoni Ortuzar se reafirmara este lunes en el acuerdo adoptado por la ejecutiva de su partido, el Euzkadi Buru Batzar: el PNV en ningún caso se plantea apoyar un Gobierno nacional del PP y ni siquiera va a sentarse a hablar con este partido.

La declaración oficial en la que Vox anunció el pasado domingo su disposición a apoyar la elección de Feijóo, sin entrar en su Gobierno, permitió al PP apuntalar su bloque de investidura de 172 escaños (le faltan cuatro para alcanzar la mayoría absoluta, pero esa cifra es hoy un abismo).

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Pocas horas después, el mismo domingo, el presidente de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Javier Esparza, mantuvo una conversación telefónica para confirmar a Feijóo que su partido apoyará su investidura, pese a las discrepancias surgidas tras la ruptura de la coalición Navarra Suma.

También Coalición Canaria (CC), que tras el 28-M gobierna en las Islas en coalición con el PP, despejó este lunes cualquier duda y confirmó que el paso atrás dado por Vox le permite apoyar la investidura del Feijóo. 

El partido de Fernando Clavijo había marcado su propia línea roja: no está dispuesto a apoyar un Gobierno del que forme parte la extrema derecha o la extrema izquierda. Algo que aleja la posibilidad de que CC respalde un Ejecutivo de Pedro Sánchez con ministros de Sumar (y con la cuota propia que exige Podemos).

Otro hecho apuntaló este lunes el bloque de 172 en torno a Feijóo: la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de rechazar la petición del PSOE de revisar los más de 30.300 votos del 23-J que fueron declarados nulos en Madrid. La JEC indica que los socialistas no han logrado alegar la existencia de "irregularidades concretas" que permitieran justificar tal decisión.

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Pero las cuentas siguen sin salir, ya que el PNV psuo fin a las especulaciones. Aunque Feijóo multiplicó los gestos de complicidad, los nacionalistas vascos nunca quisieron crearle falsas esperanzas.

Tan sólo 24 horas después de las elecciones del 23-J, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, telefoneó a Feijóo para comunicarle el acuerdo que acababa de adoptar el Euzkadi Buru Batzar, de no iniciar conversaciones para negociar su investidura como presidente del Gobierno. Hace apenas una semana, el propio Ortuzar alardeó públicamente de que su partido ha logrado "arruinar las posibilidades" de Feijóo de convertirse en presidente.

Para el Partido Nacionalista Vasco (PNV), nada ha cambiado. Aunque Vox haya renunciado a formar parte de un hipotético Gobierno presidido por Feijóo, el PP ha ligado su futuro al partido de Santiago Abascal, al formar con él múltiples gobiernos de coalición en varias Comunidades Autónomas (Comunidad Valenciana, Extremadura y Aragón) y en decenas de ayuntamientos.

Pero además, el PNV había planteado exigencias para apoyar al nuevo Gobierno, como el traspasado de las competencias de la Seguridad Social al Gobierno vasco, que resultan inasumibles para el PP. 

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Todo ello vuelve a dejar la gobernabilidad del país en manos de Junts, y en las cesiones que Pedro Sánchez esté dispuesto a hacerle para continuar en la Moncloa. Joaquim Forn (Junts), que fue conseller de Interior de la Generalitat durante la organización del 1-O, ha añadido este lunes nuevas exigencias.

Sánchez no tendrá que aceptar únicamente el referéndum de autodeterminación de Cataluña y la amnistía para cientos de independentistas procesados. El dirigente de Junts exige también garantías para blindar la enseñanza en catalán en las escuelas (frente a las sentencias judiciales que exigen impartir al menos el 25% de las clases en castellano), para que el catalán se pueda utilizar en las instituciones europeas y para mejorar la financiación de la Generalitat.

Sumar ya se ha pronunciado públicamente a favor de las dos primeras exigencias. El secretario general del PCE, Enrique Santiago, indicaba este lunes que en España "no hay ninguna limitación legal" para conceder la amnistía que reclama Junts. Y Sumar incluyó en su programa electoral la celebración de una "consulta" (que no quiere denominar "referéndum") para que los catalanes ratifiquen los acuerdos de la "Mesa de Diálogo entre Cataluña y España", en la que ERC reclama abordar el derecho a la autodeterminación.

El debate sobre el nuevo sistema de financiación autonómica quedó aparcado durante la pasada legislatura, a pesar de las cíclicas reivindicaciones de algunos barones socialistas como Ximo Puig. El PSC pone ahora sobre la mesa la posibilidad de condonar los 71.000 millones de deuda que la Generalitat ha contraído a través del FLA.

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Diseñar un nuevo sistema de financiación autonómica a la carta, para satisfacer a ERC y Junts, no haría sino ahondar las diferencias entre los territorios, para beneficiar a una de las regiones que generan más riqueza, como Cataluña. La solidaridad interterritorial seguiría recayendo en otras regiones con mayor PIB como Madrid, Comunidad Valenciana y Baleares.

Así que Carles Puigdemont vuelve a tener en sus manos el futuro del Gobierno. Aunque es consciente de que nunca podrá obtener tantas concesiones como con Sánchez en la Moncloa (quien ahora necesita imperativamente el sí de los siete diputados de Junts), también puede verse tentado de prolongar la inestabilidad en España y provocar la convocatoria de nuevas elecciones.

Pese a todo, fuentes del PP indican que Feijóo mantiene su determinación a presentarse a la investidura, para reivindicarse como ganador de las elecciones y exponer su programa de Gobierno. "No va a hacerse un Arrimadas", indicaban a EL ESPAÑOL recientemente fuentes del PP en alusión a la ex líder de Ciudadanos, que decidió no presentarse a la investidura como candidata a presidenta de la Generalitat por falta de apoyos, tras ganar las elecciones catalanas de diciembre de 2017.