El PSOE ya da por hecho el acuerdo para la Mesa y ve "la cosa muy bien" para la investidura de Sánchez

Sorprende este planteamiento, cuando desde el frente de los presuntos socios y aliados, la negociación para la presidencia de la Cámara Baja se asegura que está llevándose a cabo con "falta de ambición" y sin "compromisos concretos". Pero en el entorno del ala socialista del Gobierno de coalición en funciones se da por hecho el pacto para hacerse con la mayoría en el órgano de gobierno del Congreso, y que el PSOE la presida. 

Es una condición, probablemente, sine qua non para que una eventual reelección de Sánchez para cuatro años más en Moncloa pueda darse. Y para que ésta sirva de algo, en lo que se refiere a la gobernabilidad. Porque los independentistas de ERC y, sobre todo, los de Junts han enfocado esta negociación con un prisma concreto: hace falta una Mesa que no bloquee sus intereses, dispuesta a pasar proposiciones tan disruptivas como una ley de amnistía.

En esa vorágine está metido de lleno el ministro de la Presidencia y de las Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que regresó el jueves de sus vacaciones antes que el resto de componentes del gabinete, con el objetivo de pilotar y "cerrar acuerdos". Así lo explicaban otras fuentes socialistas a este diario cuando se llamó para confirmar la noticia del regreso del mano derecha de Sánchez a Madrid.

De momento, se sabe que Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz, hace guiños a los nacionalistas y a los independentistas para incluirlos en una Mesa "plurinacional", e incluso cederles la presidencia de la Cámara. También, que ERC acepta que un diputado del PSOE presida la Mesa, que no quieren un puesto en la misma, pero que sí reclaman "dos o tres comisiones". 

Al PNV lo han cortejado desde el frente socialista y, también, desde el de Alberto Núñez Feijóo. Varias fuentes parlamentarias confirman a este periódico que el PP le ha llegado a ofrecer a los peneuvistas presidir el Congreso o, si eso no les conviene, ser la "bisagra de desempate" en una Mesa partida en dos bloques.

La Mesa

El órgano de gobierno del Congreso tiene nueve puestos: la presidencia, cuatro vicepresidencias y cuatro vocalías. El primero se dirime en una votación nominal, y secreta, en la que cada diputado de los 350 que componen la Cámara escribe un nombre en una papeleta. Si uno de los candidatos que se presentan obtiene la mayoría absoluta, es proclamado presidente; si no, se realiza una segunda votación entre los dos más apoyados y sale elegido el que tenga más votos.

Las vicepresidencias y vocalías se designan por un sistema distinto. Cada diputado pone un nombre en la papeleta y se van asignando puestos, por orden de mayor a menor, según el número de votos que recibe cada candidato.

En todos los casos, al ser una votación nominal y secreta, y con un Congreso tan dividido, ni las derechas ni el bloque de Sánchez podrán dar por hecho, realmente, que sus contactos han surtido efecto, hasta que se haga el conteo. Y eso es lo que mantendrá el suspense hasta última hora. 

Presionar a Sánchez

En el entorno del independentismo, según fuentes cercanas a Junts, se está jugando con la posibilidad de que Carles Puigdemont ya haya dado por imposible cualquier acuerdo con el PP, pero quiera presionar al PSOE favoreciendo un Congreso presidido por un diputado del PP.

En lo político, eso, ciertamente, pondría más presión a Sánchez. Aseguran que así "entendería desde el primer minuto" que la precariedad de sus sumas harían de su eventual Gobierno un rehén siempre en manos del independentismo.

Pero por otro lado, en lo pragmático, eso perjudicaría las pretensiones de Junts de que una proposición de ley de amnistía pudiese ser tramitada. Si ya en la legislatura pasada fue parada por la Mesa que presidía Meritxell Batet -y ésa ha sido una de las razones de que no repita en el cargo-, ¿qué sentido tendría darle al PP la fuerza para hacer lo mismo?

Por esos motivos, otras fuentes del PSOE confirman a este periódico, por primera vez, una disposición a tramitar una ley de amnistía para los implicados en los delitos del procés separatista de 2017. De hecho, ahora los socialistas aseguran que la amnistía "es perfectamente posible" en nuestro sistema constitucional.

[Los '4.000 indepes' que esperan la amnistía: del espionaje ruso a los que fabricaban explosivos]

Ese mensaje pretende ser un guiño a Puigdemont, que el PSOE siente que está cuajando, razón por la que los socialistas dan por hecho que ganarán la presidencia del Congreso. Y superado ese escollo, la investidura ya estaría "encaminada". 

"Hacer sanchismo"

Los de Sánchez deberán ceder alguno de los puestos del Congreso a sus socios y aliados. Pero así se asegurarían, al menos, coherencia entre la acción de un eventual Gobierno Sánchez y los ritmos del legislativo.

A ese respecto, el PP mantiene una posición silenciosa en público. Asegurando que lo seguirán "intentando hasta el final" y, de manera críptica, que hablarán "con todos", pero que "no se tragará con todo". Fue el coordinador general, Elías Bendodo, el que añadió, además, que si Sánchez sigue por este camino, debe saber que "tendrá que pagar" al independentismo por sus acuerdos.

De momento, Feijóo tiene 172 apoyos para su investidura, pero necesitaría la abstención del PNV, que ya le ha dado portazo dos veces, o incluso del Junts de Puigdemont. Son los dos partidos periféricos que, en la dicotomía derecha-izquierda, le son más cercanos; pero ambas opciones parecen remotas bajo el prisma del modelo de Estado. 

Algunos de los cargos internos del PP advierten, en conversación con este periódico, de que cualquier acercamiento a Puigdemont "sería tanto como hacer sanchismo para derogar el sanchismo" y que "legitimaría a los golpistas como Sánchez legitimó a Bildu". Pero desde el entorno de Junts se sugiere que "ya ha habido emisarios" de Feijóo.

Cuestión de tiempos

Por su parte, el expresident fugado está en la batalla de la hegemonía dentro del independentismo. Tras criticar el "pactismo inútil" de Esquerra en la pasada legislatura, ha recibido inesperadamente la llave de la gobernabilidad española.

Pero Puigdemont también sabe que se le acaba el tiempo judicial: con una orden de detención vigente en España y un sólo recurso pendiente en el Tribunal General de la UE que pretende evitar que se le levante la inmunidad. Y también, el tiempo político: con la legislatura europea a pocos meses de clausurarse, tras las elecciones de mayo de 2024.

Desde Junts y desde Esquerra se traslada a los medios que saben que de referéndum, hoy al menos, no se puede hablar. Pero el partido de Puigdemont no renuncia a incluirlo en su lista de peticiones. La amnistía, ahora; la consulta, cuando se pueda.

Si es cierto que el PSOE puede decir que lo de la Mesa está hecho y que la investidura "va muy bien", eso significa que Sánchez habría encontrado las vías que satisfacen a Puigdemont. Porque es impensable que vaya a un debate de investidura sin tenerlas previamente acordadas: ofrecerlas en el atril y no lograr la reelección sería descubrir unas cartas que lo podrían lastrar en unas segundas elecciones.

Fuentes de Junts quieren colar entre la Mesa y la investidura una especie de prueba del algodón: la tramitación de esa ley de amnistía todavía con un Gobierno en funciones. Esa señal, aseguran, serviría para generar confianza con un presidente que, avisan, "es capaz de cambiar de opinión a la opuesta en cualquier momento".

Si se da esa circunstancia y Sánchez logra retener el poder en tales condiciones, el independentismo ya prevé un camino largo: cualquier movimiento hacia una votación sobre un nuevo estatus para Cataluña se haría, en todo caso, más adelante. Es decir, ya a finales de una legislatura que sería siempre convulsa: con Sánchez de presidente, pero siempre al albur de negociar cada ley a cambio de nuevos pasos en la hoja de ruta soberanista... y con un Senado de mayoría popular dispuesto a pararlo todo.