Sánchez logra el control del Congreso a cambio de que el catalán sea oficial y la impunidad del 'procés'

El presidente en funciones ya tiene el control del Congreso. Y eso le abre una puerta franca para su investidura de reelección. Pedro Sánchez lo ha logrado, este jueves 17 de agosto, día de la constitución de las Cortes y en la primera votación para que Francina Armengol sea la presidenta de la Cámara Baja. Además, y en contra de las bravatas lanzadas desde el búnker Waterloo, a un precio relativamente bajo: esencialmente, convertir al catalán en lengua oficial de facto en toda España, y simplemente prometer la impunidad del procés separatista de 2017.

El primer punto se ha sustanciado en sendos compromisos con Esquerra Republicana y con Junts. El partido de Carles Puigdemont le había exigido "hechos comprobables" para superar la "cultura de desconfianza" que el expresident fugado de la Justicia atribuía a su relación con el PSOE, "partido del 155 tanto como el PP", según fuentes del entorno postconvergente.

Esas pruebas han llegado en la misma mañana de este jueves, cuando el ministro de Exteriores en funciones, José Manuel Albares, ha presentado -y conseguido el sello de entrada- una solicitud formal para que el catalán sea lengua oficial en las instituciones de la Unión Europea. Hasta ahora, lo único con lo que contaba Puigdemont era la promesa, expresada por Sánchez este mismo miércoles, de "impulsar las lenguas cooficiales de España" en la UE, "aprovechando la presidencia de turno del Consejo" que ostenta nuestro país en este segundo semestre de 2023.

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Fuentes de Waterloo confirmaron a ElNacional.cat que a la residencia de Puigdemont había llegado el documento sellado por el Consejo de la UE. Según afirman, este escrito establece que la petición será incluida en el orden del día de la próxima reunión del Consejo de Asuntos Generales de la Unión, que se celebrará el próximo 19 de septiembre.

Además, a quienes fueron sus aliados preferentes de la pasada legislatura, según ha revelado Gabriel Rufián en rueda de prensa minutos antes de la sesión de inauguración del Congreso, les ha firmado el compromiso de "confeccionar una Ley orgánica para que el catalán sea lengua plenamente oficial en todas las instituciones del Estado -incluida la Justicia- y de uso desde la primera sesión plenaria en el Congreso".

El pacto, según una nota oficial de ERC, añade los detalles de "la culminación de los acuerdos para el uso de la lengua catalana en las instituciones europeas", que ya se firmaron en la llamada Mesa de Diálogo entre el Gobierno y el Govern, en la última reunión de ese foro extraparlamentario, pero que nunca se había sustanciado en nada más que una carta al Parlamento Europeo.

Fuentes de la presidencia de la Eurocámara confirman a EL ESPAÑOL que "nadie ha impulsado esa iniciativa, que habría que estudiar y, en todo caso, sería sufragada económicamente por España".

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El acuerdo del PSOE y los republicanos prevé, asimismo, "los recursos presupuestarios necesarios para la protección del catalán y otras lenguas oficiales del Estado". Es decir, el euskera, el gallego, el valenciano y -es previsible, dado que ésa es la intención del presidente asturiano, el socialista Adrián Barbón- el bable.

¿Amnistía o alivio a plazos?

Decíamos que el precio ha sido menor del esperado. Para empezar, Puigdemont se ha contentado con un "hecho comprobable" que queda muy lejos del tono desafiante de los tuits que llevaba publicando desde la misma noche del 23-J.

Y más aún, dar por buena como prueba del compromiso y la credibilidad del PSOE, el intento de impulso del catalán como lengua oficial en la Unión Europea significa aceptar una concesión que lo implica en la relación con España, en lugar de avanzar en la desconexión, como se pregonaba desde su entorno en las últimas semanas.

La lengua es un símbolo del catalanismo, del nacionalismo y del independentismo, pero nada tiene que ver con sus tres objetivos principales, la llamada lista de Puigdemont: amnistía, condonación de la deuda catalana con el Estado y reconocimiento del derecho de autodeterminación. 

El papel exhibido por Junts como prueba en su comunicado oficial queda, pues, a una distancia sideral de lo que se esperaba del partido, tras las críticas aceradas emitidas contra su competidor por la hegemonía en el independentismo: desde "autonomistas" a "traidores".

Y además, la amnistía se le ha negado a Puigdemont... y el PSOE le ha entregado "la medalla" -definición ofrecida por un ministro en funciones a este periódico- a Esquerra, en el acuerdo con los de Oriol Junqueras.

Según la nota de los republicanos, "el Estado se compromete con el fin de la represión relacionada con el 1-O contra el independentismo por las 'vías legales necesarias'". Así, con comillas. Teresa Jordà, portavoz adjunta de ERC en el Congreso, le puso nombre en la ronda de preguntas de la prensa: "Sí, eso incluye que hablemos de una ley de amnistía".

Pero es cierto que la impunidad se puede alcanzar por otras vías, lo que se llamó la amnistía a plazos, asunto por asunto. La idea se discutió entre los enviados del PSOE y los representantes de Puigdemont, durante los "contactos secretos" para armar este acuerdo.

Por ejemplo, la retirada de la demanda de la Fiscalía en el caso del Tribunal de Cuentas ya señalado para el próximo 17 de noviembre; cambios en la posición de la Abogacía del Estado en el caso del 13 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña... O "esfuerzos ya acometidos en la pasada legislatura", según otro ministro en funciones. Es decir, cambios legislativos similares al de la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación.

Ése es el tercer punto acordado con ERC... y el que parecía ocultarse entre los cuatro que Jordi Turull, secretario general de Junts, explicó en la mañana de este jueves a la Ejecutiva de la formación de Puigdemont.

Según el "principio de acuerdo", como lo llamó Turull, el PSOE aceptaba lo de la lengua, la apertura de una comisión de investigación sobre los atentados de Barcelona y Cambrils del 17-A de 2017 (hace hoy exactamente seis años), y la reapertura de la que investigó las llamadas cloacas del Estado, incluyendo esta vez también el llamado caso Pegasus.

...es decir, la presunta implicación del aparato del Estado en ambos hechos, como defiende el independentismo en su relato: la del CNI con el imán Ripoll en el asunto terrorista, y la de los servicios secretos y de Interior en el "espionaje a independentistas catalanes".

Pero había un cuarto punto que, según Junts, el PSOE se negaba de momento a aceptar. Y que fuentes de segundo nivel del partido independentista identificaban con la amnistía. Sánchez no podía comprometerse ni ofrecer un "hecho comprobable" en este punto, según fuentes socialistas, hasta tener asegurada la Mesa y apuntalada la investidura.