El PSOE acepta investigar si el CNI 'teledirigió' la masacre de Las Ramblas para frenar al separatismo

Con esta iniciativa parlamentaria, Junts intentará explotar la teoría de la conspiración, según la cual se trató en realidad de una masacre teledirigida por el aparato del Estado, para intimidar y desinflar el movimiento independentista justo un mes y medio antes de que se celebrara el referéndum ilegal del 1-O convocado por Carles Puigdemont.

Así lo han sostenido públicamente desde 2017 (este jueves se cumplieron seis años de los atentados) numerosos líderes y medios de comunicación, como TV3, de la órbita del independentismo.

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En su cruzada personal contra el general Félix Sanz Roldán, el comisario jubilado José Manuel Villarejo alentó esta tesis en enero de 2022, al asegurar en la Audiencia Nacional que los atentados fueron "un error grave" del exdirector del CNI, que "calculó mal las consecuencias por darle un pequeño susto a Cataluña". 

Por tanto es previsible que, en la comisión de investigación que el PSOE se ha comprometido a crear en el Congreso, los independentistas llamen a declarar tanto al comisario Villarejo (que ya ha sido condenado a 19 años de cárcel en una pieza del caso Tándem), como al exdirector del CNI Félix Sanz Roldán.

ERC y Junts también pretenden exigir al Gobierno que desclasifique todos los informes internos del CNI sobre la masacre. Todo ello, poniendo en tela de juicio la labor de un organismo cuya función es defender la seguridad nacional.

La teoría de la conspiración se apoya en un dato cierto. Abdelbaki Es Satty, el imán que adoctrinó durante meses a los nueve jóvenes marroquíes que integrarían la célula de Ripoll, había sido detenido en 2010 en el puerto de Algeciras: había viajado en el ferry procedente de Ceuta, ocultando 121 kilos de hachís en su furgoneta.

Condenado por narcotráfico, cumplió su pena en la cárcel de Castellón, donde en 2014 recibió varias visitas de agentes del CNI que intentaron captarlo como confidente. Entra dentro de los protocolos habituales que la Casa busque este tipo de colaboración entre personalidades influyentes de la comunidad musulmana. Y él era un influyente líder religioso.

Pero el CNI podía tener un interés añadido en el que luego sería cerebro de los atentados del 17-A: años antes, en enero de 2006, durante su etapa como imán de la mezquita Al Furkan de Vilanova i la Geltrú, se había visto implicado en la Operación Chacal, en la que fueron detenidas 20 personas por su presunta colaboración con el terrorismo yihadista.

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Es Satty fue investigado entonces porque compartió durante meses vivienda con uno de los presuntos cabecillas de red, pero no llegó a sentarse en el banquillo. De los 20 detenidos en la Operación Chacal, sólo nueve fueron condenados por terrorismo por la Audiencia Nacional, en una sentencia que luego anuló el Supremo al entender que las principales pruebas recabadas durante la instrucción no reunían las garantías procesales necesarias.

Los vínculos que en el pasado había mantenido con esta supuesta red salafista de Vilanova i la Geltrú justificarían el interés del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por contactar con Abdelbaki Es Satty durante su estancia en prisión en 2014, condenado por narcotráfico.

A partir de aquí, se construye la teoría de la conspiración, pues no hay ninguna prueba que acredite que Es Satty aceptara convertirse en confidente del CNI, ni mucho menos que los servicios de Inteligencia llegaran a tener conocimiento de los preparativos del atentado que la célula de Ripoll cometería tres años después.

La comisión que el PSOE ha aceptado crear en el Congreso de los Diputados sí podría servir para analizar la cadena de errores cometidos por los Mossos d'Esquadra que condujeron a los atentados del 17-A de 2017, que se saldaron con 15 muertos y 150 heridos.

La 'Madre de Satán'

El más grave, haber ignorado la alerta que la Policía belga envió al servicio de Información de los Mossos en enero de 2016, en la que informaba de que Es Satty se había desplazado a aquel país, donde pretendía instalarse como imán, y solicitaba datos sobre su posible proceso de radicalización.

Tras salir de prisión, Abdelbaki Es Satty se había instalado en Ripoll (Gerona) como imán en 2015 y, muy pronto, había comenzado a adoctrinar a los nueve jóvenes marroquíes que cometerían los atentados del 17-A.

Tampoco se dispararon las alertas de los Mossos en la madrugada del 17 de agosto, cuando los vecinos de Alcanar (Tarragona) reportaron una fuerte explosión que redujo a escombros un chalé abandonado, donde los miembros de la célula intentaban fabricar la Madre de Satán, el explosivo utilizado por Estado Islámico en distintos atentados.

Los Mossos acudieron al lugar y se llevaron al único superviviente de la explosión, el joven marroquí Mohamed Houli (quien finalmente sería condenado por la Audiencia Nacional a 43 años de cárcel). Las primeras informaciones que la Policía autonómica facilitaron a los medios apuntaban a que la explosión se debía a un laboratorio de fabricación de drogas.

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A lo largo de aquella madrugada y durante la mañana del 17 de agosto, tras ser atendido de sus heridas, Mohamed Houli declaró varias veces ante los Mossos. En una de estas comparecencias, mencionó por primera vez al imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, cuyos restos serían hallados más tarde entre los escombros del chalé de Alcanar. Tampoco entonces los Mossos d'Esquadra lograron atar cabos.

La posterior investigación instruida en la Audiencia Nacional acreditó que los miembros de la célula de Ripoll habían barajado, como posibles objetivos, inmolarse con un vehículo cargado con la Madre de Satán en la Sagrada Familia o el Nou Camp. 

Sin embargo, la explosión de Alcanar en la que falleció su líder, el imán Es Satty, les obligó a cambiar de planes. Pasadas las cuatro de la tarde del 17 de agosto, Younes Abouyaaqoub se puso al volante de una furgoneta blanca (alquilada con la documentación de otro integrante de la célula, Driss Oukabir), se dirigió al centro de Barcelona y recorrió 600 metros de La Rambla, dejando a su paso 15 muertos y cerca de 150 heridos. A continuación, abandonó el lugar a pie y se dio a la fuga tras robar un Ford Focus.

Aquella misma noche, los otros cinco miembros de la célula yihadista se desplazaron en otra furgoneta hasta Cambrils. Atropellaron a varias personas, abandonaron el vehículo armados con cuchillos y finalmente fueron abatidos por los Mosos.

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El conductor del atentado de las Ramblas, Younes Abouyaaqoub, logró ocultarse durante cuatro días. Finalmente, el 21 de agosto, fue abatido por los Mossos después de que un vecino de Subirats (Barcelona) alertara de su presencia. Portaba un falso cinturón de explosivos.

Cinco días después, el 26 de agosto, recorrió las calles de Barcelona una multitudinaria manifestación de condena al atentado, que los independentistas convirtieron en un acto de repudio contra Felipe VI. El Rey había decidido asistir como muestra de solidaridad con las víctimas.

El Ayuntamiento de Barcelona, presidido entonces por Ada Colau (quien meses antes se había negado a colocar bolardos en las Ramblas, pese a la alerta contra el terrorismo yihadista por atropellos masivos cometidos en otras ciudades europeas), había cedido el servicio de seguridad de la manifestación a una de las principales asociaciones independentistas, la ANC. Aquella manifestación fue el ensayo de las movilizaciones separatistas que llenarían las calles con motivo del 1-O.

El movimiento separatista también utilizó los atentados del 17-A para presentar al jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, como el héroe que había resuelto de un modo ejemplar la masacre (seis de los nueve integrantes de la célula de Ripoll fueron abatidos por los agentes, y solo tres fueron juzgados y condenados la Audiencia Nacional).

Trapero en el banquillo

Tan sólo un mes y medio después, se celebró en Cataluña la consulta ilegal del 1-O. Pese a la orden judicial de impedir el referéndum, los Mossos dirigidos por Trapero mostraron una absoluta pasividad: únicamente enviaron a una pareja de agentes a cada centro electoral, para hacer acto de presencia, y se llevaron algunas urnas cuando ya había concluido la votación.

En una causa instruida por la juez Carmen Lamela, Trapero fue juzgado por los hechos del 1-O junto a otros mandos de la Policía autonómica, acusados de los delitos de sedición y organización criminal. Finalmente, fueron absueltos de todos los cargos en octubre de 2020.