El catalán oficial en toda España "mutará la Constitución", "cambiará leyes" y llevará al 'caos'

El acuerdo con la bancada de Carles Puigdemont y su representante en la Cámara Baja, Miriam Nogueras, sube la apuesta a que el idioma catalán se oficialice en Europa. El acuerdo con Junts implica su "reconocimiento como lengua oficial de la Unión Europea", una promesa hecha previamente a ERC durante la Mesa de Diálogo en Cataluña, y permitir su uso "en el Congreso con plena normalidad junto con el resto de lenguas oficiales de España de forma inmediata".

Este último, el reclamo de la implementación de la diversidad lingüística, ha comenzado a llevarse a la práctica desde el primer minuto en el que se han constituido las Cortes. Así lo secundó la propia Armengol en su discurso de investidura: "Quiero manifestar mi compromiso con el castellano, el catalán, el euskera y el gallego, y quiero anunciarles que esta presidencia permitirá su uso desde esta primera sesión constitutiva". 

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En consecuencia, todos los diputados independentistas juraron lealtad a la constitución en catalán. "Por imperativo legal, y hasta la consecución de la república catalana", añadieron los diputados de ERC. "Con lealtad al pueblo de Cataluña y a su mandato del 1 de Octubre, y comprometido con la defensa de todos los represaliados y exiliados, por imperativo legal, prometo", sumaron los de JxCAT.

"Lo primero que habrá que hacer es reformar el reglamento de la Cámara", asegura a EL ESPAÑOL un diputado del PP. "Es constitucional siempre que no cause indefensión a nuestros trabajos. Pero si alguien me habla en catalán, necesitaré un servicio de traducción simultánea [...] No estamos preparados para pensar en clave de tanto disparate. Por eso, más vale esperar un poco y ver en qué queda. Yo creo que va a acabar siendo una cosa simbólica", asegura.

El Reglamento del Congreso no especifica en ningún momento que los diputados deban hablar de forma obligatoria en castellano; tampoco que no puedan expresarse en sus respectivas lenguas cooficiales. "Se trata de un texto de 1982", recuerda la misma fuente. "La lengua vehicular que sirve para los debates parlamentarios es la lengua oficial del Estado. Evidentemente, si otros presidentes [del Congreso] no han permitido a un diputado expresarse en otro idioma, lo han hecho porque el Reglamento va en consonancia con la Constitución Española, no por atenazar a las minorías nacionalistas".

El Reglamento lo podría cambiar la mayoría, pero hay una serie de partes que son desarrollo de la Constitución Española que no pueden modificarse contra lege. "Generaría problemas por afectación al derecho de uso de la lengua común y habría que recurrirlo de inconstitucionalidad", advierte el diputado popular.

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"Hablar en catalán en el Congreso de los Diputados tiene poco sentido", asegura Rafael Murillo, profesor de Derecho Constitucional de la universidad CEU San Pablo. "En el Senado sí puede tenerlo, porque este representa intereses territoriales, como en una Comisión General de las comunidades autónomas. Pero la Cámara Baja representa a los españoles. Un diputado de Granada representa a la integridad de la nación, no sólo a los granadinos", asegura el docente.

"Votos a cambio de inconcreciones"

Además de plantear la modificación del reglamento de la Cámara para permitir a los diputados expresarse libremente en otros idiomas diferentes del castellano, el PSOE ha acordado con los soberanistas confeccionar una ley orgánica para que el catalán sea lengua plenamente oficial tanto en el Congreso como en el Senado, así como en otras instancias, en posible referencia no explícita al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo.

Es difícil saber exactamente a qué instituciones se refieren, pues no hay ningún documento que especifique punto por punto las intenciones de uno y otro lado. "Es lo que mosquea: que hayan cedido votos para tanta inconcreción", señala la fuente del PP. No obstante, el comunicado de ERC hace especial hincapié en la Justicia, por lo que la principal hipótesis es que se refieran a la posibilidad de introducir el catalán en el Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo, además de en el propio Congreso de los Diputados.

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A priori, esta decisión no chocaría contra ningún principio constitucional. Sólo haría falta voluntad política para modificar las leyes y que, poco a poco, estas se fuesen adaptando a los compromisos de gobierno firmados con los independentistas, siempre logrando las pertinentes mayorías parlamentarias.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, se dan la mano durante la Sesión Constitutiva de la XV Legislatura en el Congreso de los Diputados, a 17 de agosto de 2023, en Madrid Eduardo Parra Europa Press

El comunicado emitido por ERC asegura que el PSOE se ha comprometido a crear una ley orgánica para implementar el catalán. Sin embargo, el catedrático de Derecho Constitucional Agustín Ruiz Robledo no lo considera necesario. O, al menos, no en todos los casos. "Depende de qué instituciones hablemos. Si lo que plantean es presentar escritos en catalán al Consejo de Estado o a la Administración de Justicia, sí tiene que ser mediante una ley orgánica. Si, por el contrario, nos referimos a procedimientos administrativos comunes, serían leyes ordinarias".

Dos ejemplos: para permitir presentar en catalán un texto ante la Administración pública estatal habría que cambiar la ley del Régimen Jurídico del Sector Público de 2015; para hacerlo en el Tribunal Constitucional o en el Tribunal Supremo, tendrían que tocarse sus respectivas Leyes orgánicas reguladoras. "Ahora mismo no se puede presentar un escrito en catalán ante el TC. ¿Se podría hacer? No veo que el hecho de que los ciudadanos se dirijan al Estado en otro idioma sea inconstitucional, pero, de momento, es ilegal", continúa el catedrático.

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El experto aduce que las leyes se pueden modificar, pero siempre que no vulneren la Constitución. "Es decir, se puede cambiar una norma para que un señor redacte un recurso de amparo al Tribunal Constitucional en la lengua de su comunidad autónoma, pero eso se puede hacer con efectos limitados. Lo que no tiene sentido es que todos los documentos de todos los procesos de amparo en el TC tengan que traducirse. Con que sólo el justiciable tuviera la posibilidad de presentar en su lengua la demanda y también la sentencia, sería suficiente".

Sin embargo, imbricar el catalán como lengua oficial de las instituciones estatales dispararía el coste de gestión del servicio público, ya que habría que tener a muchísimos más traductores e intérpretes, un gasto incalculable. "Eso aumenta las posibilidades de error. A veces las traducciones se entienden; otras, no. No es lo mismo interpretar una frase en vasco que en catalán".

Un niño observa la intervención telemática de Puigdemont en un mitin de JxCAT en Girona, el pasado julio Europa Press

Ejecutar en los próximos meses nuevas Leyes orgánicas o modificaciones en la legislación vigente podría derivar, asimismo, en una 'mutación constitucional', un cambio en la interpretación de la Carta Magna de consecuencias imprevisibles. En este caso, estaríamos hablando del artículo 3.1 del Título Preliminar, que señala que "el castellano es la lengua ofiical del Estado" y que "las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos".

Una mutación constitucional es un cambio en una interpretación de un artículo. Por ejemplo, en el año 1978, cuando se aprobó la Constitución Española, figuraba que el servicio militar era obligatorio. "Cuando leíamos el artículo 30, que delimita las obligaciones militares, también decíamos que reconocía la objeción de conciencia. Años después, en los noventa, se implementó la idea del servicio militar voluntario. No se modificó la Constitución, sino la ley. Pero como lo hicieron los partidos poniéndose de acuerdo, hubo una mutación constitucional".

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Lo que era obligatorio se convirtió en opcional según el legislador. Cambió la interpretación y esta nueva forma de concebir ese artículo concreto se normalizó. "Volviendo al caso del catalán: el castellano es el idioma oficial, pero si se establece el derecho de usar los demás frente a todas las instituciones del Estado, estaríamos haciendo una mutación del artículo 3", asegura Ruiz Robledo.

¿Podría darse el caso extremo, quizás absurdo, de que se modificase una ley orgánica como la 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para que un ciudadano cualquiera pudiese dirigirse en catalán en una comisaría de Segovia? "La lógica nos lleva a un principio de realidad: que todo se delimite a la Comunidad Autónoma en la que uno se encuentre. O, como mucho, a órganos generales del Estado. No podemos plantear el caso de que se pida a la Policía Local de Nebrija que tenga una plantilla que atienda en castellano, euskera y gallego. Sería absurdo". 

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante la Sesión Constitutiva de la XV Legislatura en el Congreso de los Diputados, a 17 de agosto de 2023 Eduardo Parra Europa Press

"Sería extremadamente complejo, un sinsentido", completa Murillo. "Ahí sí que habría que modificar la Constitución, porque en un lugar donde una lengua no es cooficial no se puede exigir su uso. No podría pedirse a todos los españoles que seamos plurilingües ni que tengamos la obligación de conocer lenguas que no son las nuestras", advierte.

También sería difícil que, por ejemplo, una modificación de las leyes pudiera afectar a la Sanidad, principalmente porque las competencias están transferidas a las Comunidades Autónomas. "En Baleares ya se ha exigido el catalán para formar parte de la Administración sanitaria. Yo creo que en materia de Sanidad ya no se podrían hacer más cambios", pues ya son muy favorables a las autonomías.

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Todos los acuerdos del PSOE con Junts y ERC, por tanto, parecen ir dirigidos hacia incluir el catalán en las instituciones del Estado: el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o el Consejo General del Poder Judicial. 

"El espíritu de la Constitución no está escrito en clave de enfrentamiento, sino en clave de lógica: una lengua común para todo el Estado y otras lenguas que se hablan en las comunidades autónomas. Eso es todo. Decir que las lenguas no se valoran porque no se usan en el aparato del Estado es una barbaridad. Esas lenguas tienen carácter oficial y son tan españolas como el propio castellano", zanja Ruiz Robledo.