Bruselas deberá estudiar la amnistía al 'procés' si Sánchez cede ante las exigencias de Puigdemont

En su último informe sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea en 2023 publicado el pasado mes de julio, Reynders ya incluyó varias objeciones respecto a España: el retraso en la renovación del CGPJ, la necesidad de poner en marcha un nuevo sistema de elección del Poder Judicial más acorde con "los estándares europeos" (es decir, sin la designación directa por los partidos políticos), la rebaja del delito de malversación aprobada por el PSOE por exigencias de ERC y el imperativo de mejorar la autonomía de la Fiscalía General del Estado, para evitar su dependencia del Gobierno.

En el caso de que se tramite la ley de amnistía que reclama Puigdemont (y los negociadores de ERC) para favorecer la reelección de Pedro Sánchez, este periódico puede afirmar que ya hay al menos dos grupos de la Eurocámara estudiando cómo denunciarlo ante las instituciones de la UE. El objetivo es que, como mínimo, la Comisión Europea se vea impelida a incluir una nueva tacha al Estado de Derecho en España, si sale adelante esa amnistía para decenas de independentistas investigados y condenados por el procés.

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A la espera de conocer la estructura jurídica que se da a la Ley de Amnistía, el eurodiputado de Ciudadanos (Cs) Adrián Vázquez (que preside la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo) cree que existe un resquicio para denunciar esta iniciativa ante el comisario Reynders.

Junts y ERC exigen que la amnistía se haga extensiva a decenas de independentistas encausados por la Justicia, por delitos como la desobediencia, la malversación, la prevaricación, las coacciones y contra el orden público (como el atentado a la autoridad y los daños y estragos).

Vázquez recuerda que la Comisión Europea en estos momentos es "muy sensible a los cambios legales que afectan a los delitos económicos", como el desvío de fondos públicos. Y recuerda que ya el pasado mes de enero el comisario Reynders pidió explicaciones a España por la rebaja del delito de malversación, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez impulsó para que ERC le aprobara los Presupuestos Generales del Estado de 2023.

El hecho de que la amnistía se haga extensiva a imputados y condenados por un delito de malversación (como todos los implicados por la organización del referéndum ilegal del 1-O) es la palanca que puede provocar que el comisario europeo de Justicia amoneste de nuevo a España, por esta nueva concesión de Sánchez a sus socios independentistas.

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El eurodiputado Adrián Vázquez cree que no es fácil encontrar un precedente de una amnistía concedida en un país miembro de la Unión a quienes "han atentado contra el Estado de Derecho con un golpe de Estado".

Desde el punto de vista político, Vázquez considera incomprensible que Sánchez esté dispuesto a premiar de este modo a "una panda de kamikazes que fracturaron la convivencia, en una democracia plena como la española".

El acuerdo que el PSOE está a punto de cerrar con los independentistas de Junts y ERC es, a su juicio, una muestra más del "daño que está causando el bipartidismo formado por el PP y el PSOE, dos partidos que hoy están raptados por sus primos extremistas".

Adrián Vázquez impulsó la iniciativa que llevó al Parlamento Europeo a retirar la inmunidad a los fugados Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, una decisión que fue confirmada el pasado 5 de julio por el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE).

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El hecho de que Puigdemont aún no haya apelado esta resolución ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (el plazo para hacerlo concluye el próximo 15 de septiembre) lleva al eurodiputado de Cs a pensar que el expresidente de la Generalitat está bastante convencido de beneficiarse de la amnistía que negocia con el PSOE.

Otras fuentes del Parlamento Europeo consultadas por EL ESPAÑOL han mostrado su preocupación por la deriva política abierta tras las elecciones del 23-J: "España se está jugando mucho más de lo que significa Pedro Sánchez", indican estas fuentes, "se enfrenta a una encrucijada muy grave".

El abogado del Estado Edmundo Bal (que ha sido portavoz de Justicia de Ciudadanos) también cree que hay materia para denunciar la amnistía ante la Comisión Europea, porque constituye una quiebra del Estado de Derecho.

A su juicio, la medida de gracia que Pedro Sánchez negocia con sus socios independentistas "lesiona la separación de poderes, la igualdad de derechos de los españoles y el derecho a la tutela judicial efectiva". Y todo ello a cambio de un beneficio político: que los favorecidos por la amnistía apoyen la investidura de Pedro Sánchez como presidente.

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Bal recuerda que las leyes de amnistía, como la de 1977 en España, se han utilizado habitualmente en procesos de transición de una dictadura a la democracia.

Aceptar esta exigencia de los independentistas, añade el exdiputado de Ciudadanos, "cuestiona el Estado de Derecho, pues implica reconocer que las leyes españolas son injustas y que la Justicia ha actuado como un órgano represor contra los derechos de los independentistas".

El abogado del Estado recuerda que incumplir las objeciones y recomendaciones del informe del comisario Didier Reynders puede suponer para España la imposición de multas coercitivas (que si no se pagan, la Comisión descontaría de los fondos europeos que debe recibir nuestro país).

Edmundo Bal califica de "aberración jurídica" la amnistía que el PSOE negocia con sus socios: "Si un indulto general no cabe en la Constitución, mucho menos una amnistía", señala. Y teme que se tramite vulnerando los derechos de la oposición, como ocurrió con la reforma exprés del Código Penal aprobada en diciembre para derogar la sedición y rebajar la malversación.

En aquella ocasión, la reforma se tramitó como una iniciativa de los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos. De este modo, el Gobierno sorteó el procedimiento habitual de una proposición de Ley, que exige un trámite de audiencia (durante el cual cualquier particular o Administración puede presentar alegaciones) y el informe de órganos consultivos como el CGPJ y el Consejo de Estado.