Sánchez negocia una amnistía que permita a Puigdemont un "ja sóc aquí!" antes de fin de año

Si siguen adelante los planes del independentismo catalán y Pedro Sánchez cierra el acuerdo con Junts y ERC para aprobar una ley de amnistía a cambio de que apoyen su investidura se vivirá en los próximos meses una escena muy similar con Carles Puigdemont como protagonista.

La diferencia esencial es que no se producirá en el tránsito de una dictadura a una democracia y la Justicia de la que huye no es la misma que la del franquismo, pero fuentes de ERC explican que ese escenario épico es justo el que busca Junts en su negociación con el PSOE.

(Sánchez avanzó en 2022 en la negociación con ERC sobre la amnistía pero frenó a última hora)

De hecho, ERC lo acepta con resignación sobre todo en lo que supondrá para la batalla electoral por la hegemonía en el independentismo catalán que mantienen ambos partidos, pensando en las autonómicas que podrían ser a finales de 2024.

Fuentes de este partido creen que el riesgo de esa amnistía es el de convertir a Puigdemont en un cartel electoral casi imbatible para las próximas elecciones autonómicas en Cataluña. La amnistía supone olvidar los hechos y eximir totalmente de responsabilidad penal, a diferencia de lo que ocurre con los indultos que pueden mantener la pena de inhabilitación.

Puigdemont, Oriol Junqueras, Marta Rovira y el resto de imputados o condenados podrán presentarse a las elecciones y volver a ocupar cargos públicos como si nada hubiera ocurrido.

Además del efecto sobre la hegemonía en el independentismo, puede ser un efecto negativo para las aspiraciones de los socialistas en Cataluña. Concretamente las del líder del PSC, Salvador Illa, que aspira a ser presidente de la Generalitat, siguiendo una hoja de ruta diseñada con Pedro Sánchez para volver a situar a un socialista en el cargo y materializar así la apuesta política por la pacificación de Cataluña.

Es decir, según admiten los socialistas y dirigentes de ERC, la decisión de Sánchez de pactar esa amnistía con Junts puede poner en peligro su propia estrategia a largo plazo si se confirma el tirón electoral del “president en el exilio que vuelve en loor de multitudes”, según la retórica independentista.

Por el momento, Sánchez ha aceptado negociar una propuesta de amnistía. Ha contactado con Junts y, sobre todo, ha retomado la vía abierta con ERC hace algo más de un año cuando llegaron a avanzar en un acuerdo, aunque luego lo abandonó por el coste político para preferir la reforma de los delitos de sedición y malversación.

Han retomado y avanzado en esa vía y, además, Moncloa ha enterrado su discurso público de la anterior legislatura cuando a través de diferentes portavoces, incluido su entonces ministro de Justicia y hoy magistrado del Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campo, aseguró con rotundidad que la amnistía es inconstitucional.

Según fuentes de la negociación, se habla de una proposición de ley presentada por los partidos independentistas en el Congreso antes de la investidura, para que sea calificada en la Mesa antes del debate sobre la candidatura de Pedro Sánchez. 

Es decir, se busca la vía más rápida y, sobre todo, la vía que omite los informes preceptivos no vinculantes del Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal que habría que pedir si se tramitara como proyecto de ley del Gobierno.

La intención es que la norma esté aprobada antes de final de año para que los tribunales correspondientes puedan aplicarla lo antes posible.

Ese texto con el que se trabaja no utilizaría el término amnistía y buscaría otros como desjudicialización, reconciliación, reencuentro o similares.

Incluiría a los más de 40 policías nacionales procesados en juzgados catalanes por los sucesos del 1 de octubre de 2017. Este hecho sería uno de los argumentos utilizados por el Gobierno para evitar coste político.

También se negocia que haga referencia a los exaltos cargos encausados en el Tribunal de Cuentas, aunque esto provoca más dudas en el Gobierno porque esta institución no juzga infracciones, sino quebrantos a los fondos públicos.

La vía que propone ERC es la de entender que si “se olvidan” los hechos del proces, no tiene sentido juzgar tal quebranto.

La intención del Gobierno, tal y como ha trasladado ya, es evitar un acuerdo sobre un referéndum de autodeterminación, quedándose en la idea que los socialistas ya han defendido de, en todo caso, trabajar con un acuerdo con Cataluña que, al final del camino, pueda someterse a referéndum por incluir una reforma estatutaria.

En esos acuerdos entrarían cuestiones económicas sobre las que ya se trabaja como la cesión de las rodalíes (cercanías) de Cataluña a la Generalitat.

Uno de los problemas con los que se encuentra el Gobierno es “a quién entregar el premio gordo”, según explica un dirigente de ERC. Es decir, si las grandes decisiones deben pactarse con Junts o con ERC y a quién se le da el beneficio de lograrlo.

De hecho, el PSOE emite que uno de sus problemas es que en el País Vasco debe negociar con PNV y Bildu que se disputan las elecciones vascas de 2024 y en Cataluña con ERC y Junts que se disputan idéntica hegemonía también en pie de igualdad de opciones. 

Eso supone calibrar con quién se cierra cada avance o medida. Por ejemplo, con Junts el uso del catalán en la UE y con ERC el uso del catalán en el Congreso.

Y a su vez, ERC y Junts aseguran que debe medir si les conviene aparecer entre sus bases independentistas como “pactistas con el Estado”.

A esa disputa en el País Vasco atribuye Moncloa la propuesta formulada este jueves por el lehendakari Iñigo Urkullu sobre un nuevo diseño territorial. Se trata, explican, de que el PNV busque su sitio y su protagonismo para los próximos meses, ahora que siente el aliento electoral de Bildu por primera vez.