"Ustedes piden la amnistía pero eso no cabe en la Constitución": cuando el PSOE sí tenía líneas rojas

Ambas formaciones piden a cambio de su voto que el Gobierno haga borrón y cuenta nueva sobre al menos 13 causas judiciales abiertas a independentistas en distintos órganos (Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, TSJ de Cataluña, Tribunal de Cuentas y distintas audiencias provinciales) en relación con diferentes procesos declarados ilegales, desde la consulta de noviembre de 2014 por el Gobierno de Artur Mas hasta el referéndum del 1 de octubre de 2017 a cargo de Carles Puigdemont, hoy por hoy figura clave para desbloquear la gobernabilidad socialista de España.

Ahora bien, el último borrador de la Ley de Amnistía que prepararon los posconvergentes ya fue abortado por Pedro Sánchez en 2021. Entonces, un informe de los letrados del Congreso de los Diputados en marzo de ese año advirtió a la Mesa de la Cámara, entonces presidida por Meritxell Batet, de que el dictamen esgrimido por los catalanes podría ser inconstitucional, principalmente debido al indulto masivo de delitos de forma genérica. El texto, que tenía forma de proposición de ley orgánica, no llegó a tramitarse y la tumbaron con los votos del PSOE, PP y Vox.

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Por un lado, los equipos legales de Ferraz y el Congreso consideraron que la eliminación de los delitos cometidos por multitud de personas y con hechos diferentes —desde el 1-O hasta los desórdenes en las manifestaciones callejeras— eran demasiado similares a un indulto general, prohibido explícitamente en la Constitución. El informe, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, aseguraba que la propuesta entraba en "contradicción palmaria" con el artículo 62 de la Carta Magna, que prohíbe expresamente los "indultos generales".

"No es planteable"

La principal diferencia entre el indulto y la amnistía es que el indulto, además de ser una medida de gracia individual, no elimina la comisión del delito. La amnistía (proveniente de la raíz griega amnesia, u olvido) sí lo borra, por lo que los líderes del procés pasarían a ser inocentes de todos sus cargos, deberían ser liberados inmediatamente y resarcidos por sus condenas.

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Quien fue más clara a la hora de criticar una acción similar fue Carmen Calvo, entonces vicepresidenta primera del Gobierno, quien además es doctora en Derecho Constitucional. La exministra dijo entonces, en una comparecencia en el Senado que la amnistía "no cabe en la Constitución".

"No es planteable en un Estado constitucional democrático porque supondría suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado, que es el judicial", recalcó al entonces portavoz de Junts en la Cámara Alta, Josep Lluis Cleries.

También se expresó de un modo muy tajante en 2019 el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. El magistrado del Tribunal Constitucional ya se opuso en aquel momento a esta posibilidad: "La amnistía no cabe", aseguró, refiriéndose a su encaje en la Constitución.

En una entrevista en La Sexta Campo explicó la ilegalidad de conceder la medida de gracia: "La amnistía es el olvido. Aquí no hay olvido, hay perdón para construir un futuro mejor". Campo descartó también otra de las más recurrente demandas de los separatistas, la celebración de un referéndum, apelando a la Constitución: "Fue un pacto entre españoles y por tanto todos los españoles tendríamos que hablar. El Gobierno está siempre con la legalidad y la Constitución".

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Son similares a las palabras que en esa época replicó el ministro Miquel Iceta, meses antes de ser nombrado presidente del PSC. Entonces, cuando todavía era encargado de la cartera de Política Territorial, el político catalán señaló en el Congreso de los Diputados que los socialistas "no creemos en el derecho de autodeterminación y nuestra Constitución prohíbe indultos de carácter general", en referencia a la amnistía.

Tras ser repreguntado por la diputada de la CUP Mireia Vehí, Iceta fue todavía más claro y arguyó que no creía "que la amnistía sea planteable ahora". A pesar de sus buenas relaciones con parte del independentismo, el dirigente socialista siempre ha mantenido un discurso férreo sobre que la amnistía "no corresponde a lo que ha pasado, es el olvido", como repetía en 2019 durante las sentencias del procés. Su argumento, al menos entonces, era que aprobar una reforma de este estilo implicaría decir que las leyes que había en ese momento no eran justas, algo que no compartía.

En la misma línea, el propio Pedro Sánchez defendía en septiembre de 2021 que la amnistía de los encausados por el procés "no es una propuesta del Gobierno". Concretamente, que "ni el referéndum ni la amnistía son posibles", según dijo a la salida de una reunión con Pere Aragonès en el Palau de la Generalitat. Hoy por hoy, los socialistas ya maniobran para canjear la amnistía a cambio de que los independentistas renuncien al referéndum, al cual ven un encaje más difícil.

"La amnistía no tiene cabida en nuestro sistema constitucional", incidía en las mismas fechas el entonces ministro de Sanidad y ahora candidato del PSOE a la Generalitat, Salvador Illa, en una entrevista al diario ARA. Las fuentes socialistas consultadas por aquel entonces eran claras al explicar que esa suerte de "olvido general" de los delitos incumplían "los requisitos de generalidad e igualdad" de manera selectiva.