La socialista Meritxell Batet ha anunciado este miércoles que abandona la política tras 19 años como diputada en el Congreso, del que llegó a ser presidenta. "Con estas líneas quiero comunicar que dejo la primera línea de la política y que he renunciado a mi acta de diputada", ha escrito la dirigente en su perfil de Twitter.
Este anuncio se produce después de que los grupos independentistas vetasen que Batet, miembro del PSC, siguiese como máxima autoridad de la Cámara Baja, cargo que desempeñó hasta el fin de la pasada legislatura.
"Estoy convencida de que pronto habrá un nuevo Gobierno de progreso liderado por Pedro Sánchez, que continuará con los avances y las reformas que la sociedad española necesita. Ha sido un honor y un privilegio", ha finalizado su mensaje en su Twitter.
La expresidenta del Congreso también se ha congratulado de "los grandes resultados electorales" que el Partido de los Socialistas de Catalunya (PSC) obtuvo en las pasadas elecciones generales, autonómicas y municipales. Y ha agradecido su "confianza" al líder del PSC, el exministro de Sanidad Salvador Illa.
"He valorado que es el mejor momento para dejar la política activa con la satisfacción del trabajo hecho y del deber cumplido", ha explicado en la red social Batet, que fue la candidata más votada en la circunscripción de Barcelona en los comicios del pasado 23-J.
Batet, cuando ostentaba el cargo de presidenta del Congreso, se negó a tramitar la proposición de ley presentada por Junts y por ERC para conceder la amnistía a los líderes del procés catalán. Sucedió en marzo de 2021. Batet, tras recabar el dictamen de los letrados de la Cámara Baja, que le advirtieron de su "manifiesta inconstitucionalidad", optó por no tramitarla.
Choques con los socios
A principios del pasado agosto, el PSOE difundió un escrito con el que comunicó que Batet había expresado "su deseo de no volver a ser candidata a presidenta del Congreso". Dicho anuncio se producía después de que ERC y JxCAT vetasen su nombre para desempeñar el cargo de tercera autoridad del Estado, que hoy ostenta Francina Armengol.
Los socios independentistas de Pedro Sánchez veían con un enorme recelo la continuidad de Batet al frente del Congreso de los Diputados. No en vano, es miembro del PSC, partido que en las elecciones del 23-J registró un enorme crecimiento en Cataluña a costa de Esquerra.
También el PNV había comunicado reiteradamente a los socialistas su malestar por el proceder de Batet en la ordenación de la agenda parlamentaria y los debates.
Apenas unas horas antes del anuncio del PSOE, el portavoz parlamentario de Podemos en la previa legislatura, Pablo Echenique, publicó un artículo en Canal Red (el medio que dirige Pablo Iglesias) en el que enumeraba los motivos por los que Meritxell Batet no debía repetir en este cargo. Entre ellos, que permitió que Vox "mienta e insulte" en los debates parlamentarios.
Uno de los más graves enfrentamientos entre Podemos y la dirigente socialista se produjo tras la condena, impuesta por el Tribunal Supremo, a Alberto Rodríguez, quien había sido secretario de Organización de la formación. El máximo órgano judicial español le impuso un mes y medio de cárcel y una pena accesoria de inhabilitación por haber dado una patada a un policía en enero de 2014, cuando aún no se dedicaba a la política.
Podemos llegó, incluso, a anunciar una querella contra Batet por supuesta prevaricación, por su decisión de retirarle a Rodríguez —conocido como El Rastas— el acta de diputado tras el fallo del Supremo. Finalmente, no la presentó.
Batet es la pareja de Juan Carlos Campo, que fue ministro de Justicia y actualmente es uno de los magistrados que forma parte del Tribunal Constitucional, tras ser propuesto por el PSOE.
En 2019, durante una entrevista en televisión, Campo, ministro entonces de Justicia, también consideró inconstitucional una posible amnistía a los líderes del procés. La misma amnistía que, actualmente, el Gobierno de Pedro Sánchez negocia con el expresident catalán Carles Puigdemont a cambio de los votos de Junts, a una futura investidura.
En su paso por el Ministerio, indultó a los condenados por el Supremo en el juicio al procés. También fue quien supervisó el sistema de penas que introdujo la polémica Ley del sólo sí es sí, que ya ha supuesto la excarcelación temprana de, al menos, 117 agresores sexuales. Campo corrigió completamente el primer texto elaborado por el equipo de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y rectificó el sistema de penas.