Más de medio centenar de antiguos diputados de distintos partidos, entre ellos varios exaltos cargos y exministros del PSOE, han enviado un escrito a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en el que muestran su "rechazo" al uso "contrario a la Constitución" de las lenguas cooficiales en el Parlamento: "Ningún español necesita de intérprete cuando habla con otro español", defienden.
En el escrito califican esta decisión de "escandalosamente precipitada" y que, a su juicio, supone "el quebranto de una regla de oro del parlamentarismo demoliberal", y es que las modificaciones del Reglamento "han de contar con un amplio acuerdo de los grupos parlamentarios, como siempre ha sucedido".
Entre los firmantes del texto están tres exministros socialistas -José Luis Corcuera, Virgilio Zapatero y Javier Sáez de Cosculluela-, además de dos expresidentes del Senado -Javier Rojo y Juan José Laborda-, el expresidente de la Junta de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla y el exalcalde de La Coruña, Francisco Vázquez. También los exdirigentes socialistas Nicolás Redondo Terreros y Tomás Gómez. A ellos se han sumado otros dirigentes socialistas, UCD y UPyD.
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Todos ellos consideran que "la pretensión" de que la mitad de la Cámara "imponga una reforma de tal calado, es un trágala inaceptable, una verdadera ruptura de las reglas propias de cualquier sistema democrático".
Esta situación ha llevado a los firmantes, entre los que figura no sólo el recién expulsado del PSOE Nicolás Redondo, sino también otros críticos como Joaquín Leguina, "por menosprecio a las siglas del partido", a mostrar su "más firme rechazo a una reforma del Reglamento que contradice la Constitución, no se adecua a nuestra realidad lingüística y no es razonable".
"Grave mutación constitucional"
Recuerdan que, según establece la Constitución, la lengua común es la única "lengua oficial del Estado", con "deber de conocerla y derecho a usarla". Las demás lenguas "serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos", pero, en ningún caso, son "lenguas cooficiales" del Estado, por lo que consideran que carece de "soporte constitucional" su uso en el órgano que representa la soberanía nacional.
"La verdadera intención de sus promotores es negar la condición del castellano como lengua común de los españoles. Los diputados tendrían que utilizar el casco o el pinganillo para entenderse entre ellos. Esa sería la nueva imagen de la Cámara, alejando la política de la vida normal de los españoles", lamentan.
Por todo ello, exhortan a los diputados de la XV legislatura a que, "con sentido de la responsabilidad y por el bien de nuestra convivencia, rechacen una iniciativa, en virtud de la cual el Congreso cambiaría su naturaleza y produciría una grave mutación constitucional, encaminada a su transformación hacia una 'realidad plurinacional'".
"La pluralidad de lenguas habladas en nuestro territorio es, claro está, una riqueza cultural, que todos los españoles apreciamos y nos importa preservar. Pero nuestra mayor riqueza es que poseemos una lengua común, en la que nos entendemos todos los españoles sin excepción", puntualizan los firmantes que se han unido a esta iniciativa del que fuera miembro de la dirección nacional del PP Eugenio Nasarre, que también ocupó los cargos de director de RTVE, secretario general de Educación con Esperanza Aguirre y presidente de la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados.
Cospedal, Trillo, Rosa Díez...
Esta petición también cuenta con el apoyo de 37 exdirigentes del PP, UCD y UPyD, entre ellos los exministros Juan Carlos Aparicio, María Dolores de Cospedal, Rafael Catalá, Miguel Arias Cañete, Federico Trillo o Isabel Tocino; los exsecretarios de Estado Gabriel Elorriaga o Miguel Angel Cortés; el exagobado general del Estado, Arturo García Tizón; la expresidenta de UPyD Rosa Díez o el exministro de UCD Jaime Lamo de Espinosa, entre otros.
La medida de hablar catalán, euskera y gallego en la Cámara fue una exigencia de los independentistas catalanes para apoyar que el PSOE tuviera la mayoría de la Mesa del Congreso y que la presidenta de la Cámara fuera la socialista Francina Armengol. En la sesión de constitución de las Cortes, ésta anunció que desde ese momento se hablarían las lenguas cooficiales en el Parlamento.