El juego del teatro ha llegado demasiado lejos y en Sumar empiezan a perder los nervios. Después de dos meses de reuniones discretas y "humillaciones constantes" por parte del PSOE, aseguran fuentes de la coalición, Yolanda Díaz ha decidido darse un mes más de margen para cerrar la nueva estructura de Gobierno con sus socios.
El problema es que a Pedro Sánchez no le quitan el sueño los 31 diputados de su vicepresidenta, sino los 7 de Carles Puigdemont."Está mucho más centrado en ellos. A nosotros nos da por hechos", afean fuentes de la coalición, que se siente ignorada por su socio.
El equipo negociador de la vicepresidenta, que lidera el secretario de Estado Nacho Álvarez, lleva desde agosto reuniéndose periódicamente con la ministra María Jesús Montero, que es la delegada del PSOE para cerrar las demandas económicas de la investidura y atarlas también a los Presupuestos Generales del Estado. ¿El avance de esas negociaciones? "Ninguno".
Fuentes cercanas a las conversaciones entre ambos grupos detallan cómo, durante semanas y hasta hace bien pocos días, la ministra de Hacienda devolvía a Álvarez todas sus propuestas "tachadas todas en rojo", dando a entender que no podían asegurar nada a Sumar hasta tener amarrados los pactos con el independentismo.
Díaz interpreta que, dado que su grupo es el segundo más grande del hipotético bloque electoral, el acuerdo del futuro Gobierno y su programa político debería priorizarse a las negociaciones con el resto de partidos. Sobre todo, y ante el miedo de enfrentarse a una legislatura más corta de lo esperado, la vicepresidenta necesita afianzar varios compromisos con los que justificar su independencia del PSOE si fuera necesario volver a las urnas. Todos ellos, además, dependientes de su Ministerio de Trabajo.
De hecho, las líneas rojas de Sumar son todas, a día de hoy, laborales. Los susodichos compromisos tachados, dicen las mismas fuentes, son reducir periódicamente la jornada laboral hasta las 32 horas, una cesta básica de la compra, subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y una nueva regulación del despido dentro del Estatuto de los Trabajadores. Ninguna de ellas ha avanzado en absoluto.
"El PSOE pone de excusa que Junts y PNV, por ser más conservadores, no aceptarían un programa tan social, pero es mentira", espetan fuentes de la dirección de Sumar. "Hemos hablado con los grupos y su postura no es esa. El PSOE no los puede usar de argumento para no ser tan ambiciosos; y así estamos, que el acuerdo sobre más sociales sigue casi como estaba a principios de agosto", achaca.
Mientras que la vicepresidenta segunda está ansiosa por arrancar la legislatura, en Junts no tienen prisa. El pinchazo participativo del pasado 1-O, sumado a la situación prácticamente inmejorable que le dieron las urnas, permite a los de Carles Puigdemont esperar casi tanto como quieran (hasta el 27 de noviembre), desgastar al PSOE con anuncios y, a la vez, escenificar su farol de una repetición electoral.
Sánchez, entretanto, ha pedido una prórroga para presentarse a la investidura y conseguir encontrar en el filo de la Constitución un encaje posible para la ley de amnistía prometida a los independentistas. De hecho, ese compromiso ha opacado prácticamente a todo el resto de pactos con el resto de partidos, totalmente invisibilizados por la larga sombra judicial del procés en Cataluña.