Al Partido Popular ya ni le "sorprende" que la socialista Francina Armengol haya elegido a un alto cargo del Gobierno de Pedro Sánchez para ocupar el puesto de letrado mayor del Congreso de los Diputados. "Si un militante del PSOE dirige el CIS y los ministros pasan de Moncloa a la Fiscalía y de la Moncloa al Tribunal Constitucional...", lamentan en Génova.
Justo cuando la ley de amnistía que negocia el Ejecutivo en funciones con Carles Puigdemont, para amarrar la inminente investidura de Sánchez, está a punto de aterrizar en la Cámara Baja, la presidenta Armengol ha propuesto que sea Fernando Galindo, actual subsecretario de Política Territorial, quien ocupe el cargo de secretario general de las Cortes.
Este nombramiento se ha desencadenado porque hace semanas el todavía letrado mayor del Congreso, Carlos Gutiérrez, pidió su relevo. Antaño fue él quien se opuso a que la Mesa, órgano rector de la Cámara, admitiese a trámite una proposición de ley de ERC y Junts para borrar los delitos de todos los implicados en el procés. Según argumentó, la norma era inconstitucional.
[Los juristas ven "difícil encaje" en la Constitución a la amnistía que piden Junts y ERC]
Ahora, según denuncia el PP, el Gobierno ha elegido a través de Armengol a un "militante del PSOE" para ocupar un puesto de suma relevancia, que debería ser "neutral", apartidista. El letrado mayor del Congreso es quien da asistencia, apoyo y asesoramiento jurídico, técnico y administrativo a todos los órganos de la Cámara, emitiendo informes no vinculantes sobre cada proyecto legislativo.
Este mismo jueves, en un desayuno informativo, Feijóo ha recordado que Sánchez "prometió independencia judicial" y ahora también sitúa a uno de sus peones como "secretario general y letrado mayor del Congreso, que es quien tiene que calificar la ley de amnistía". Tal y como recuerdan en Génova, Galindo no sólo ha estado bajo las órdenes de la ministra Isabel Rodríguez, sino que está casado con la que era directora de relaciones con las Cortes hasta hace dos días. Todo queda en casa.
El PP tratará de boicotear el nombramiento
Mañana viernes, la Mesa aprobará el nombramiento de Fernando Galindo como máximo responsable de los letrados del Congreso. Está por ver cómo se solventa el trámite, porque los cuatro miembros que el PP tiene en este órgano van a intentar boicotear el nombramiento. Por lo pronto, se reservan cuál será la estrategia, pero avanzan a este periódico que sí cuentan con margen de maniobra.
Lo cierto es que Galindo, en lo que parámetros técnicos se refiere, cuenta con los requisitos necesarios para ocupar el puesto de letrado mayor. Para empezar, porque pertenece al cuerpo de letrados de las Cortes por oposición. Y para seguir, porque cuenta con más de cinco años de antigüedad. Pero eso no resta su marcada condición política, porque forma parte del Gobierno como alto cargo de un ministerio.
No obstante, en el Partido Popular nadie duda de que su elección como letrado mayor obedece únicamente al interés de Pedro Sánchez en controlar todas las instituciones del Estado y, en este momento concreto, en allanar el terreno para su reelección como presidente del Gobierno. Porque si la ley de amnistía queda paralizada en el Congreso poco después de llegar al registro, Junts y ERC votarán en contra de la investidura.
Así que, opina el PP, nada mejor que tener a alguien afín al frente de la secretaría general de la Cámara, como Fernando Galindo, para evitar sobresaltos con informes no vinculantes que siembren dudas sobre la legalidad de la amnistía que, a todas luces, se empezará a tramitar en cuestión de horas.