El Senado ha dado luz verde a la toma en consideración de la reforma del Reglamento de la Cámara, que permitirá ralentizar la entrada en vigor de una potencial ley de amnistía tras quedar definitivamente aprobada en el pleno del próximo martes.
La modificación que introduce el PP en el artículo 133 del reglamento, que ha salido adelante con 145 votos a favor y 113 en contra, permite a la Mesa decidir si aplica o no el procedimiento de urgencia en las proposiciones de ley.
De este modo, si la iniciativa sobre la amnistía se quiere tramitar por la vía de urgencia (un máximo de 20 días), con el nuevo reglamento se podría hacer de manera ordinaria y dilatar los plazos hasta dos meses si así se estima.
En defensa de la reforma del PP, el senador Eloy Súarez Lamata ha asegurado que la propuesta de su grupo busca aumentar la potestad y autonomía del Senado y concretamente mejorar la calidad legislativa, ha argumentado.
Y lo ha justificado al incidir en que si se suprime en estas proposiciones de ley "el elemento deliberativo", como ocurre ahora, se hace "un flaco favor a la democracia porque lo que se resquebraja es el principio de legalidad y no esta el patio para que se resquebraje el Estado de derecho".
Lo ha dicho refiriéndose a las polémicas negociaciones entre el PSOE y Junts sobre la amnistía y a los altercados en la calle.
Desde el grupo socialista, que ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad contra esta reforma, Francisco Fajardo ha arremetido contra el PP por actuar "en fraude de ley" y señalar que esta toma en consideración no debería haberse producido, una idea en la que ha hecho hincapié la portavoz del grupo, Eva Granados, a través de las redes sociales: "Se consuma un nuevo atropello del PP en el Senado".
El PSOE ha presentado una propuesta de reconsideración firmada por todos los grupos menos el PP y el Mixto, donde denuncia que es inconstitucional que el Senado decida el procedimiento de tramitación de las proposiciones de ley que sean declaradas urgentes en el Congreso, según informa Efe.
Igualmente críticos con la iniciativa popular han sido los independentistas catalanes, empezando por ERC, cuyo representante, Enric Morera, se ha mostrado preocupado porque busque más "objetivos políticos" que un interés por mejorar la calidad del Senado.
Josep Lluís Cleries, de Junts, ha reclamado urgentemente una ley de amnistía "no para perdonar nada, sino reparar la injusticia que se ha perpetrado contra el independentismo catalán pacífico".
Por parte del grupo vasco, Estefanía Beltrán ha calificado la reforma de "trágala" y una demostración de que PP usa esta Cámara "al servicio de sus intereses con el pretexto de defender a España", una opinión que ha compartido la senadora del BNG María Carmen Silva, quien ha acusado a la Mesa de estar a "las ordenes de Génova".
Casi todos los grupos políticos han coincidido en censurar al PP por hacer esta reforma de calado de una manera precipitada y sin trasladar la información debida a los grupos.
En el extremo contrario, la senadora de Vox, Paloma Gómez ha detallado que la propuesta alternativa que han presentado ellos va encaminada a que uno o más senadores puedan pedir informes cuando llegue una proposición de ley de la Cámara Baja y ha aprovechado para apoyar la movilización "permanente" tanto en la calle como en las instituciones contra la amnistía.
María del Mar Caballero, de UPN, ha apoyado la iniciativa del PP tras criticar una ley de la amnistía que va a poner "patas arriba el país".